Primarias en la Concertación: el principio del método. María de los Ángeles Fernández

Sobre ascuas están por estos días aquellos que, al interior de la Concertación, prefieren que el candidato presidencial surja de un mecanismo de primarias. Se ha comenzado a instalar la idea de que su designación podría resultar de un acuerdo político.

Para algunos, parece evidente que si se concuerda en un nombre, no tiene sentido la competencia. Para algunos, el debate sobre el método revelaría una cierta "creatividad procedimental" (Joignant, en La Tercera, 20 de diciembre).

Por el contrario, una interpretación diferente diría, en primer lugar, que la realización de primarias es un asunto tanto de coherencia con los principios que sirven de base a la Concertación de Partidos por la Democracia, como de distinción frente a la Alianza
No olvidemos que es la Concertación el conglomerado que las ha implementado en los años 1993 y 1999, votando 608.000 y 1.381.326 personas respectivamente, en contraste con las modalidades cupulares de la derecha.

En segundo lugar, su puesta en práctica no tiene por qué reducirse a la elección de personas. Muy por el contrario, es posible que adquieran un significado deliberativo y programático. Así parecen apreciarlo un grupo de diputados que han propuesto la realización de primarias temáticas que incorporen, inclusive, una expresión regional. Lo cierto es que las primarias siguen generando mucha controversia, cuando lo lógico es que fueran rutina.

Mientras algunos, entre prácticos y desganados, enfatizan los problemas para su implementación aludiendo que las primarias de las que se tiene noticia se remiten a la elección de candidatos o las consideran muy onerosas, los más entusiastas y osados las evalúan, no sólo como una oportunidad de reconexión con la ciudadanía sino como una forma de saldar una cierta deuda política que la dirigencia concertacionista viene acumulando por años en materia de democracia participativa.

Esta observación resulta un tanto injusta porque, si bien es cierto que la Concertación no ha hecho de la participación ciudadana el eje motriz de sus agendas, ni partidarias ni de gobierno, tampoco hay que desconocer los esfuerzos que se han hecho el gobierno para corregir los déficits de representación y de inclusión que caracterizan la democracia chilena, enviando al Congreso proyectos como la inscripción automática, participación política equilibrada entre hombres y mujeres o el voto de los chilenos en el exterior.

Es la derecha y un sector específico, la UDI, quien ha torpedeado consistentemente todas las iniciativas en la materia en el curso de estos años. Ello no evita que termine pesando sobre los sectores progresistas una mezcla de reproche y de expectativa incumplida relativos a la necesidad de abrir más espacios de expresión y de reconocimiento ciudadano. A fin de cuentas, son los partidos concertacionistas los que reclaman una idea de la representación política en la que la participación de las personas se considera un bien intrínseco que contribuye, no sólo a la legitimidad de las decisiones sino que es portadora de aprendizaje cívico, control del poder y promotora de capital social.

Estas concepciones son muy distintas a las que abraza la derecha, cuya idea de participación ciudadana es procedimental, visualizando las elecciones como la fuente principal de legitimidad. La Presidenta, que observó como candidata un cierto malestar social en estos temas, ha implementado comisiones para enfrentar el tratamiento de diversos asuntos, las que han sido evaluadas un tanto apresuradamente.

Podría argumentarse que el resultado es dispar, pero resulta poco serio desconocer un esfuerzo que ha pretendido incorporar los puntos de vista de los más variados intereses existentes en una sociedad plural como la chilena.

Lo cierto es que asistimos a un curioso desbalanceo en nuestra democracia, caracterizada por los pactos con acento exclusionista: un evidente subdesarrollo en materia de instrumentos participativos entre elecciones frente a una tendencia a priorizar la transparencia (léase probidad, acceso a información pública y ley de lobby, entre otros).

La realización de primarias se ha venido instalando en las democracias occidentales, al principio de manera tímida, hoy ya de forma más habitual. Se recurre a ellas como una forma de enfrentar los déficits de democracia interna que caracteriza a los partidos. Si bien generan una energía poderosa en términos de movilización y legitimidad, también conllevan luchas fraccionales y fragmentación, con una posible pérdida de apoyo electoral. Estudios realizados en países europeos como Alemania y España, pero también en América Latina por Fraidenberg, informan que los votantes rechazan partidos cuya falta de unión puede debilitarlos. Estos hallazgos, más que inhibir el entusiasmo por esta fórmula, debieran contribuir a anticipar los antídotos apropiados frente a efectos no deseados.

Como se sabe, en Chile no existen primarias reguladas por la Constitución o mediante la legislación electoral de los partidos. La Concertación las ha realizado en virtud de la autonomía partidaria de sus miembros.

Tienen la mirada corta quienes creen que la realización de primarias para definir candidato y ejes de un programa para el Bicentenario se justifica por la necesidad de dirimir las diferencias internas de la Concertación, la oportunidad de renovar alianzas o como una forma de obtener apoyo popular para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009. En un país que se mueve entre la adecuación resignada a unas reglas del juego constitucionales sobre las que jamás hemos sido consultados y las encuestas de opinión, y con un 69% de adherentes a la Concertación que aspiran a la realización de primarias para definir su candidato presidencial, bien vale la pena realizar procesos de consulta comunales. Estos podrían implementarse en un calendario escalonado en el tiempo, durante todo el año 2009, posibilitando la expresión ciudadana en materias que permitan obtener insumos para una nueva Constitución, tarea que parece insoslayable en un próximo gobierno dada la demanda ciudadana por más Estado frente a una carta fundamental que lo arrincona en un rol subsidiario.

Se sugiere explorar la modalidad de "asambleas constituyentes" comunales, organizadas por los partidos y que incorporen ampliamente a jóvenes y mujeres. Estamos hablando de algo distinto a lo que fueron las "plazas ciudadanas": no basta convocar a las personas para luego enviarlas a sus casas por el mismo camino por el que vinieron.

El resultado que de este proceso movilizatorio se obtenga debiera tener efectos, quizás vinculantes, en el programa de un futuro gobierno concertacionista. Si se vencen los escepticismos y las aprehensiones al interior de la Concertación, y una fórmula de este tipo logra concretarse, no cabe duda de que el "piñeroptimismo" de la Alianza corre el riesgo, y bien parece intuirlo el diputado Kast, de resquebrajarse.


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