RESPONSABILIDAD POLÍTICA. Andres Rojo.

El dramático error cometido por las autoridades de salud de Iquique con un grupo de enfermos de Sida ha vuelto a poner en el tapete el tema de las responsabilidades políticas, a propósito del interés de algunos parlamentarios de oposición y oficialistas por promover una acusación constitucional contra la ministra de Salud Soledad Barría.

Aunque es discutible la forma en que la ministra Barría se ha defendido de las críticas, es evidente que hay un interés político por lograr su destitución, del mismo modo que hay un interés también político en impedir que ello ocurra, y ambas posturas forman parte de lo que se debe entender como responsabilidad política.

La misma vara se debe aplicar a todos los actores del proceso político. Las diversas definiciones del diccionario aluden a la obligación de reparar las consecuencias de los delitos o los errores, por lo que cabe señalar que todos los políticos deben asumir las consecuencias de sus actos, y que ello es lo que se debe entender como responsabilidad política, a diferencia de la responsabilidad funcionaria que es la obligación de asumir los errores por acción u omisión de una persona en el ámbito de sus deberes como funcionario público. En ese caso, la sanción máxima es el despido, pero en cuanto a la responsabilidad política es el electorado el que decide el castigo al culpable.

Si la Ministra de Salud no deja su cargo, su eventual responsabilidad se traspasa íntegramente al Gobierno del que forma parte, y será la ciudadanía la que en las urnas tendrá que decidir si mantiene o no su confianza en un equipo determinado de personas, pero en ese momento también tiene que considerar a qué otro equipo entrega su confianza en caso de que prefiera retirar su apoyo al Gobierno. Es en este sentido que entra a tener relevancia la responsabilidad política de quienes critican a la autoridad.

Las responsabilidades políticas se asumen ante el electorado, las funcionarias ante la jefatura de servicio y las civiles o penales ante los tribunales de justicia, pero al igual que en algunos ámbitos de las demandas, las acusaciones irresponsables llevan consigo la posibilidad de que la culpa recaiga sobre el acusador cuando el imputado es inocente de la falta que se le adjudica.

El cuidado que se debe tener en el ejercicio de la política no sólo se explica por la eventualidad de tener que asumir responsabilidades de algún tipo, sino porque las faltas afectan el prestigio del conjunto de la actividad, y aunque lo mismo ocurre, por ejemplo, con los médicos o los abogados, en el caso de la política es el país en su totalidad el que sufre las consecuencias de las ligerezas con que procedan algunos.