..¿SEGURIDAD O INSEGURIDAD PUBLICA?..BOSELLIN Y BRIONES..

Como es de conocimiento público el supremo gobierno ha planteado diversas iniciativas legales, administrativas y policiales encaminadas a combatir la delincuencia. En esta oportunidad deseamos dar a conocer nuestra opinión sobre algunos aspectos que habitualmente se omiten en los análisis que se hace a través de los medios de comunicación y que incluso no se incluyen en los debates públicos.
De acuerdo con las cifras del Ministerio Público, en el año 2005, se denunció un total de 757.428 ilícitos a nivel nacional; en el lenguaje de dicho servicio en el año referido se terminó un total de 727.730 relaciones. De ellas, el 24.2% (174.652, casos, aproximadamente) correspondió a formas de término que implican un pronunciamiento judicial, mientras que el 75.8% (551.619 casos, aproximadamente) restante finalizó por vía de términos facultativos del Ministerio Público. Esto es, conforme a tales índices de 100 delitos sólo 24 de ellos terminaron en los juzgados de garantía y orales; el resto, un 75% aproximadamente terminaron a través de las vías facultativas administrativas establecidas por el Código Procesal Penal tales como facultad para no investigar (10.1%), principio de oportunidad (13,9%), archivo provisional (64.6%), incompetencia (3.8%), anulación administrativa (0,5%), agrupación a otro caso (7%), y otras causales de término (0,2%). Del total del universo delictivo –727.230 delitos-, únicamente 3.336 fueron llevados a juicio oral durante el año 2005.
Estas frías cifras están indicando que el sistema en actual vigencia en el país no otorga suficientes garantías a la comunidad, y que no es sólo un problema de percepción, por cuanto es evidente que los delincuentes tienen un fuerte estímulo ya que de cada cien delitos que se denuncian en Chile, sólo 24 serán llevados a la justicia criminal, y de éstos terminarán en sentencia condenatoria 41,6%, en sentencia absolutoria un 1%, en acuerdo reparatorio un 6,8%, en suspensión condicional un 28.1%, en sobreseimiento temporal un 2.3% y en sobreseimiento definitivo un 20.3%; en tanto que los restantes delitos, nada menos que el 75% del total, terminarán por un camino meramente administrativo y jamás serán investigados a fondo y debidamente sancionados.
Las medidas que el supremo gobierno ha enviado al parlamento –restringir la libertad provisional, apelación por el Ministerio Público en casos de detenciones ilegales, regulación drástica de la reincidencia -, no solucionarán, en modo alguno, la percepción que tiene la comunidad sobre el tema de la delincuencia. Es alarmante que durante los últimos doce meses en un 38,3% de los hogares alguno de sus miembros hayan sido víctimas de un delito.
Debe hacerse, a nuestro juicio, un análisis a fondo de la reforma procesal penal en actual aplicación para determinar la real eficacia práctica de la misma y las modificaciones que es necesario introducirle para combatir la delincuencia. Somos de opinión que el crimen organizado, la trata de blancas, el narcotráfico y las bandas de delincuentes son formas delictivas que remotamente podrán ser combatidas mediante los instrumentos procesales en actual aplicación, y menos a través de las modificaciones legales que se han propuesto últimamente, ya que ninguna de ellas va al fondo del problema que es de contenido social, económico y cultural. Es el modelo social y cultural que se está aplicando el que favorece y estimula las conductas delictivas. El sistema penitenciario chileno es completamente anacrónico; las cárceles tal como están no rehabilitan y más aún son escuelas eficientes del delito. El poder legislativo tiene el deber de abordar en profundidad estas materias y el Gobierno deberá aplicarse para diseñar una política pública antidelito integral efectiva, no permitiendo que la mayoría de los delitos que ingresan al sistema del Ministerio Público jamás sean llevados a la justicia criminal, por cuanto esta situación eleva los niveles de inseguridad y de temor de la población. En nuestra sociedad los riesgos aumentan cada día y debemos disponer de un sistema procesal y penal acorde con los tiempos que se están viviendo.
Del mérito de lo que se viene sosteniendo, y que se basa en las estadísticas oficiales del Ministerio Público, tenemos un universo anual de 551.619 casos de delitos que llegan a conocimiento de dicho servicio –Fiscalía-, y que jamás son investigados por tal organismo; en otras palabras, tenemos un universo anual de 551.619 personas víctimas de delitos, que tienen perfecto conocimiento que los ilícitos de los cuales fueron víctimas, jamás fueron conocidos efectivamente e investigados por el órgano público –Ministerio Público-, que tiene el monopolio de la investigación criminal en nuestro país. No cabe la menor duda que esas 551.619 personas tendrán una natural sensación de desconfianza y de temor justificado frente a la acción del Estado en contra del delito.
Por otro lado, agrava la situación la circunstancia que de acuerdo con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), 2005, resultados principales, Julio del 2006 elaborada por el INE la tasa de denuncia de delitos en los hogares chilenos alcanza a un 37,9%, siendo las XII Región la que posee la menor proporción de delitos denunciados con un 34.1%. En otras palabras existe un porcentaje a nivel nacional de 62,1% de delitos que no son denunciados. De esta forma, concordando las estadísticas del Ministerio Público con la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana referida los 757.428 ilícitos que durante el año 2005 se denunciaron ante el Ministerio Público, sólo representan aproximadamente un 34.1 % de los delitos cometidos en el año, ya que según la encuesta referida el nivel de delitos denunciados alcanza precisamente ese porcentaje.
De esta manera, si por un lado consideramos que de los delitos denunciados, según estadísticas del Ministerio Público, la cantidad de 551.619 delitos nunca son investigados y si a estos delitos agregamos el 62.1% de delitos que no son denunciados, según la referida encuesta, anualmente tenemos aproximadamente un universo superior al millón de delitos que quedan en la más completa impunidad, bien sea porque no son denunciados o porque si son denunciados, jamás son investigados. Esto es, anualmente un millón de personas, aproximadamente son víctimas de delitos que por no ser ni investigados, ni menos castigados, tienen la natural sensación de indefensión y de temor justificado.
De allí que se necesario, en nuestro concepto, hacer un análisis crítico de la política anti delincuencia que se está aplicando en el país, por cuanto la forma como la misma está siendo abordada, desde un ángulo, muy parcial, relativo exclusivamente a aspectos procesales, pareciera ser que no es la correcta; ya que debe hacerse un análisis en profundidad de las razones reales, normativas, sociales, institucionales y culturales, por las cuales tan importante universo delictivo –nada menos que un millón de delitos-, no son investigados. Las reformas propuestas tienen demasiado en cuenta aspectos dogmáticos, en especial del derecho penal, y poco de análisis criminológico. No nos parece que a estas alturas el tema sea labor de profesores de derecho. Claramente el problema en el marco económico-social actual, es político, antes que nada.