...APORTE DE H.BOSSELIN..UNA RECTIFICACION NECESARIA....

Cada cierto tiempo la opinión pública recibe singulares noticias sobre conductas gravemente irregulares que se cometen en la Administración del Estado, y las cuales de alguna manera se relacionan con personas que militan o pertenecen a alguno de los partidos de gobierno. La reacción ya casi igual que se tiene ante tales eventos, no es de sorpresa, sino que de indignación, vergüenza, y rabia frente a hechos que merecen severos reproches éticos, administrativos, civiles, penales y por cierto políticos. Como solución, también se ha hecho una práctica, que se propongan las siguientes medidas: si existe un delito que tipifique los hechos, nuestros legisladores proponen aumentar las penas; si no existe un delito establecido en la legislación penal, surgen múltiples iniciativas para establecer nuevos delitos; si a raíz de tales hechos los tribunales conceden la libertad provisional, se incluyen nuevas normas para restringir el otorgamiento de la misma. Junto con lo anterior surgen comisiones investigadoras en la y Cámara de Diputados y el Ejecutivo designa comisiones ad-hoc para que estudie nuevas reformas en los servicios públicos afectados. Todas esas aparentes soluciones, se presentan, por sus promotores, como la panacea que pondrá término definitivo a las conductas desviadas o anormales que escandalizan al país; se anuncia mano dura, se dice que se aplicará la política de “caiga quien caiga” y ante las cámaras de televisión se habla en tono enérgico. Pero como si todo correspondiere a una representación teatral, los hechos anormales se vuelven a cometer en otros sectores de la Administración del Estado.
Cabe preguntarse sobre las razones de fondo que existen para el grado de deterioro que se observa en la administración de los recursos del Estado: ¿Por qué se cometen estos ilícitos? ¿Existe conciencia sobre la ilicitud de los mismos? ¿Son estos hechos considerados como reprochables? ¿Se cometen los mismos porque las personas que los ejecutan sufren algún trauma psíquico o padecen alguna enfermedad mental?.
Para responder estas preguntas mucho se puede escribir, pero siempre nos terminaremos por enfrentar a tres factores o elementos claves que están concurriendo a la producción de estas conductas desviadas: La sociedad contemporánea que es incuestionablemente capitalista y está guiada por las corrientes neoliberales e individualista, presiona intensamente sobre ciertos fines y objetivos que son calificados como bienes o valores; y para alcanzar esos objetivos, el marco normativo se relaja o sencillamente no existe. Se produce el fenómeno de la anómia o ausencia de normas que permitió a Edwin Sutherland explicar la criminalidad de cuello blanco. Si la sociedad arrastra a obtener determinados fines y éstos tienen tal fuerza que suprimen o relajan el marco normativo, se crean las condiciones para que en las diversas actividades económicas se cometan delitos de esa especie: la conciencia sobre la licitud se atenúa o desaparece y actos que al tenor de la ley penal, civil o administrativa, son reprochables, no lo son para quienes viven en una contracultura individualista que privilegia en grado extremo, el lucro, el poder por el poder y el clientelismo político. Es importante destacar que las conductas desviadas o ilícitas son aprendidas; y tal aprendizaje se desarrolla según cual sea el medio en el cual se vive o trabaja.
Quienes llegan a ocupar cargos públicos de aquellos en los cuales se han producido los más graves ilícitos pertenecen a una contracultura política en la cual se desarrollan prácticas y conductas que minusvaloran los bienes o valores más importantes de la comunidad; subcultura política en la cual la conciencia de ilicitud y el reproche se reduce al mínimo. Esa contracultura se desarrolla cuando se ejerce el poder o se vive en torno a él durante mucho tiempo. Si no hay cambios efectivos en los cuerpos directivos más importantes, sino que simples rotaciones o enroques o traslados de un servicio a otro, naturalmente que todas esas personas se van insertando cabe vez más en esa contracultura.
La circunstancia que el Estado coloque en movimiento las instituciones destinadas a combatir las ilegalidades, no significa suspender el juicio político o el análisis político sobre los mismos. Por cierto si el Ministerio Público, que actualmente tiene un monopolio de las investigaciones penales, entra en acción deberán aplicarse las normas correspondientes que establecen entre otros, el principio de la inocencia. Pero este principio no elimina ni excluye el análisis que la opinión pública hace ni menos impide que los partidos políticos analicen en profundidad estos hechos y formulen las reproches correspondientes respecto de los autores de los ilícitos, penales, civiles o administrativos.
Que el Ministerio Público cumpla con su labor y que la Contraloría General de la República ejerza con eficacia su función fiscalizadora. Pero, junto con ello los partidos políticos de la Concertación deben adoptar –ahora- políticas efectivas y drásticas respecto de estos hechos que afectan y dañan gravemente la existencia misma de esa asociación política que no puede estar fundada cada vez más en una desconfianza recíproca creciente.
Si militantes destacados de los partidos políticos de la Concertación y que desempeñan cargos de representación popular aparecen de algún modo cuestionados, lo lógico y natural es que sean apartados de esas funciones, particularmente en aquellos casos en que han reconocido públicamente haber incurrido en conductas que no son pura y simplemente errores, sino que verdaderos ilícitos. Por cierto son los organismos competentes los que deben establecer las responsabilidades pertinentes y aplicar las sanciones que en derecho procedan. Pero los partidos políticos no pueden esperar que se dicten sentencias firmes o ejecutoriadas en los tribunales de justicia, para adoptar sus propias resoluciones.
Se debe pensar seriamente que hay que introducir modificaciones muy de fondo al modelo económico, social y cultural en actual aplicación; no se trata solamente de rectificaciones económicas o sociales, sino que hay que efectuar cambios culturales para dejar atrás el modelo neoliberal individualista y hacer primar los valores republicanos y comunitarios. Son estos valores la mejor medicina para los males que aquejan a una parte del sector público.
Los hechos son graves y la opinión pública así lo juzga y afectan y dañan al mundo político, no obstante que cuantitativamente las conductas de este mundo son correctas. Sin embargo, cuando se incurre en hechos como los que la opinión pública está conociendo, cualitativamente los mismos tienen un efecto extraordinariamente destructivo. Difícilmente las nuevas generaciones se interesarán por participar en política sino observan reacciones enérgicas y oportunas de los partidos políticos. La opinión pública espera que los poderes públicos hagan uso de todos los instrumentos legales y vería con muy buenos ojos, que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tomen medidas adecuadas, si las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público llegan ha establecer responsabilidades efectivas de parlamentarios. Esas medidas adecuadas son muy simples: esos parlamentarios deberían renunciar a sus cargos de Senadores y/o de Diputados, según cual fuere el caso. Sólo así la comunidad recuperará su confianza en la política. Estando en juego los intereses generales de la Nación, el bien común de la República, la Democracia Cristiana debiera proponer medidas como las que se vienen comentando. La Concertación no es un fin en si mismo. El fin es el bien común del país, el pleno imperio de los valores y principios del humanismo.
“Acostumbrémonos a apartar de nosotros la pompa y a valorar las cosas por su utilidad, no por su ornamento. Nuestra comida satisfaga el hambre, nuestra bebida la sed; nuestros deseos no vaya más allá de nuestras necesidades; aprendamos a sostenernos sobre nuestros miembros, a adaptar nuestra comida y compostura no a las nuevas modas, sino a las costumbres de los abuelos. Aprendamos a tener mas continencia, a refrenar el lujo, a moderar el deseo de gloria, a calmar la ira, a mirar la pobreza con ánimo igual, a cultivar la frugalidad, aunque avergüence a muchos; aspiremos a satisfacer los naturales deseos con medios no muy costosos, a mantener encadenadas las esperanzas sin freno y el ánimo abierto hacia el porvenir, a obrar de modo que mas bien esperemos la riqueza de nosotros mismos que de la fortuna” (Lucio Anneo Séneca, De la brevedad de la vida, año 49 después de Cristo).
Los hechos que agitan las aguas dicen relación con los valores morales, con la clase de sociedad que todos estamos construyendo, con los modelos de conducta que mostramos, aceptamos o toleramos. Cuando disminuye la conciencia de ilicitud, en algunos sectores o parte de la sociedad, se produce una situación de peligro, por cuanto la ciudadanía tiende a dejar de creer en los que mandan, en aquellos que tienen el poder y todavía la autoridad. Si la enfermedad se profundiza, podrán quedarse con el poder, pero perderán toda autoridad. Aún es tiempo de reaccionar, reconquistar la democracia fue extraordinariamente difícil, muchos perdieron la vida en esa gesta. Los que hoy ocupan posiciones relevantes en los partidos políticos están obligados a hablar. El silencio no cabe en estas materias.
Hernán Bosselin Correa
Abogado