Chile huele a quemado. JOSÉ AYLWIN. Codirector del Observatorio Ciudadano.

Los incendios que han afectado el centro y el extremo austral del país en los últimos días han impactado a la opinión pública.  La destrucción de un centenar de viviendas, dejando más de quinientos damnificados, así como de monocultivos forestales a consecuencia del fuego en las comunas de Quillón y Florida en la  Región del Bío Bío, y la devastación por las llamas de más de 12 mil hectáreas, muchas de ellas de bosque nativo, en el Parque Nacional Torres del Paine, patrimonio ambiental de Chile y de la humanidad, son sin duda los hechos más dramáticos.

Al igual que en otras latitudes, los incendios son comunes en épocas de verano.  Ellos se han vuelto cada vez más recurrentes y de mayor magnitud con el cambio climático acelerado que hoy vive el planeta.  Sin embargo, son muchos los antecedentes que nos hacen pensar que en Chile no estamos haciendo bien las cosas.  Que incendios como los ocurridos en los últimos días, si bien constituyen un fenómeno cada vez más habitual en las estaciones  cálidas, podrían prevenirse de muchas formas, y así el daño ambiental, material y el sufrimiento que éstos provocan, podría evitarse.  Entre estos antecedentes, me parece relevante destacar los siguientes:

Mientras los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados el 2004 por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista de una propiedad forestal de menos de 10 hectáreas, a una pena de 5 años y un día de cárcel, el culpable del incendio del Parque Torres del Paine, de ser sancionado, lo será con una multa de a lo más 4 UTM, o con un máximo de 61 días de presidio.

1.- El incendio ocurrido en las comunas de Quillón y Florida se produce en una de las regiones del país (Bío Bío) de mayor concentración de plantaciones de monocultivos exóticos (pino radiata y eucaliptus), monocultivos que procesa, entre otras, la planta de celulosa de Nueva Aldea, de propiedad de forestal Arauco, allí emplazada, planta que también resultó afectada por el incendio.  La expansión de las plantaciones exóticas en Chile, iniciada ya hace décadas, ha sido financiada por cuantiosos subsidios otorgados por el estado.  No obstante existir abundante información sobre los graves impactos  ambientales que éstas provocan, entre ellos el secamiento de las fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad, sin hablar de sus impactos sociales, como la emigración y el empobrecimiento de la población.  Paradójicamente, tales plantaciones, que producen impactos adversos en los ecosistemas del país y los dejan expuestos a siniestros como el incendio de los últimos días, han generado utilidades millonarias, que en el caso de Arauco ascendieron el 2010 a más de 700 millones de dólares.  Arauco se lleva las utilidades, el estado debe apagar los incendios.  Gran negocio para Chile.

2.- Nadie puede desconocer que el patrimonio ambiental del país se encuentra desprotegido de múltiples maneras.  Ello como consecuencia del modelo económico impulsado por el estado chileno, el que como sabemos, se basa fundamentalmente en la extracción y procesamiento de recursos naturales.  También como consecuencia de la debilidad del sistema nacional de áreas protegidas, sistema que además de no proteger adecuadamente los diversos ecosistemas existentes en el país, se encuentra en la actualidad no solo desfinanciado, sino también en manos de una entidad privada (CONAF).  Así, por ejemplo, al año 2007 CONAF destinaba a las áreas protegidas de todo el país tan solo 13 millones de dólares, en contraposición a los 46 millones de dólares que destinaba a subsidiar las plantaciones de monocultivos, como las de Arauco en la región del Bío Bío.  No es casual entonces que el personal de CONAF en Torres del Paine, no haya estado preparado para combatir el incendio iniciado hace unos días atrás.  Era algo que debía haber sido previsto.  Cabe señalar que el proyecto de ley presentado el año 2011 por la actual administración para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, si bien entrega la tuición del servicio de biodiversidad al Ministerio del Medio Ambiente, cuestión por cierto valorable, no prevé potenciar financieramente la administración de dichas áreas, sino que por el contrario, propone su administración por privados a través de un sistema de licitaciones.  Cabe preguntarse entonces: ¿Cómo responderán los privados, cuyo fin es el lucro, frente a siniestros como el ocurrido en Torres del Paine en caso de asumir su administración? ¿Se harán responsables de ellos o traspasarán la responsabilidad al estado?  La respuesta es obvia.

3.  De de acuerdo a la legislación vigente -la Ley de Bosques-, que data de la década del treinta, la penalidad establecida para los incendios de bosques es de una multa de hasta 4 UTM, o de sanciones penales que no superan los 61 días de presidio.  Se trata de penas tan exiguas, que difícilmente podrán incidir en un cambio en las conductas irresponsables de los usuarios de áreas protegidas del estado, tanto nacionales como extranjeros, quienes no parecen tener mayor preocupación por el cuidado de estos bienes comunes.  Ello contrasta dramáticamente, por ejemplo, con la severidad de las penas establecidas para el delito de “incendio terrorista”, las que aún luego de la modificación de esta ley el 2010, pueden alcanzar hasta 20 años de presidio.  Solo un caso para graficar esta realidad; mientras los lonkos mapuche Pascual Pichún y Aniceto Norin fueron condenados el 2004 por el supuesto delito de amenaza de incendio terrorista de una propiedad forestal de menos de 10 hectáreas, a una pena de 5 años y un día de cárcel, el culpable del incendio del Parque Torres del Paine, de ser sancionado, lo será con una multa de a lo más 4 UTM, o con un máximo de 61 días de presidio.  Esta evidente injusticia es consecuencia tanto de la negligencia de los legisladores para reformar una legislación anacrónica, así como de los tribunales de justicia para interpretar y aplicar las leyes vigentes de manera adecuada.  Con razón el parlamento y el poder judicial cuentan con la confianza de tan solo el 13 % de la población, según la última encuesta del CEP de diciembre de 2011, entidad que nadie puede acusar de extremista o menos de ambientalista.

Chile huele a quemado.  Si no nos hacemos cargo de las realidades aquí descritas que están detrás de estos incendios, y que intentan dar pistas de los temas críticos que deben ser abordados para enfrentarlos, no lloremos después por las desgracias que éstos provocan.