LA REVOLUCIÓN DE LA ESPERANZA. Rodolfo Fortunatti

1/Los tres meses más agitados del año

Cuando Camila Vallejo asumió la presidencia de la FECH, pronunció un discurso premonitorio de lo que acontece hoy. Dijo entonces: «Creemos que el gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro a la privatización total de la educación superior, sellando definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras en los años ochenta. La designación de Harald Beyer y Álvaro Saieh en nuestro Consejo Universitario, dos grandes defensores del modelo de mercado, y el actual presupuesto nacional en el área de la educación superior, son dos grandes indicativos de aquello. Son medidas que nos muestran nítidamente que el Gobierno se apresta a poner en marcha una agenda privatizadora a gran escala y que, por lo tanto, el año 2011 será estratégico en su implementación. Esta será una batalla importante que enfrentará nuestro sector el próximo año...»(1)

(1)Discurso de asunción de Camila Vallejo a la Presidencia de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). Véase Anexo I, DISCURSO DE ASUNCIÓN DE CAMILA VALLEJO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE .

A estas alturas, pocos dudan que 2011 pasa a ser el año de la educación. Con un movimiento estudiantil que lleva más de tres meses activo. Con nueve grandes marchas desplegadas a lo largo del territorio nacional desde que irrumpió el pasado 12 de mayo. Fortalecido por la emergencia del movimiento estudiantil secundario, y por la paralización del gremio de los profesores. Con más de una treintena de estudiantes en ayuno, y apoyado por familias enteras que salen a las calles y plazas para solidarizar con sus demandas(2)

. Y lo que es más determinante: con un ascendiente que adquirió autonomía de vuelo de los avatares de la negociación política. El domingo 21 de agosto habrían participado cerca de 200 mil personas en la jornada del Parque O’Higgins.

El Gobierno del Presidente Sebatián Piñera al principio buscó ignorar las protestas, pero las masivas movilizaciones lo instaron a ofrecer un gran acuerdo nacional que, sin embargo, fue resistido por la comunidad educativa, circunstancia que lo obligó a introducir ajustes en el gabinete de ministros y a extremar los controles sobre las manifestaciones(3) . Preocupado por la caída de su adhesión en los grupos ABC1, muy sensibilizados por el clima de «desorden» y por el temor a los «ofertones», y por el enorme apoyo a la demanda estudiantil que supera ampliamente la aprobación al Presidente, a su gobierno y a su alianza política, el 4 de agosto el Ejecutivo descargó la más intensa represión del año sobre los manifestantes. Ese día se contabilizaron 874 detenidos sobre unas 5.000 personas que participaron en la protesta, la menos concurrida en toda la temporada, pero que dada la violencia ejercida sobre los jóvenes, en su mayoría menores de edad, contribuyó a fortalecer las posiciones de los manifestantes. «Por fin ya no les tenemos miedo», expresó Camila Vallejo, la líder indiscutida del actual descontento social.

(2)Véase Anexo II, LAS FECHAS MÁS SI GNIFICATI VAS DEL CONFLICTO ESTUDIANTIL

(3)Véase Anexos VII, MENSAJE DE S.E. EL PRESI DENTE DE LA REPÚBLI CA, SEBASTIÁN PIÑERA, GRAN ACUERDO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN (GANE); IV, BASES PARA UN ACUERDO SOCI AL POR LA EDUCACIÓN CHILENA (RESPUESTA AL GANE); V, AGENDA DE TRABAJO, MESA POLÍTIC O–SOCI AL POR LA REFORMA DE LA EDUCACI ÓN EN CHILE; y VI, COMPROMISO DE LA CONCERTACI ÓN CON LA EDUCACIÓN.

Según cifras del Gobierno, 515.794 alumnos están actualmente sin clases a causa de las movilizaciones: 275 mil estudiantes secundarios y sobre 240 mil universitarios.

2/ Los temas del conflicto

El malestar ciudadano se origina en la fuerte incertidumbre que se cierne sobre las familias de clase media chilena que no avizoran un m futuro digno para sus hijos en un país con los mayores niveles de escolaridad de América del Sur: 91% en la secundaria y 52% en la universitaria. Los hogares deben pagar aranceles que van de 3.500 a 7.000 dólares con altas tasas de interés —del 7 por ciento y con aval del Estado en préstamos a más de diez años plazo—, cuando el ingreso promedio de un chileno bordea los 500 dólares. Este monto representa el costo más alto del planeta en relación a su Producto Interno Bruto por persona. Según Patricio Meller, ex presidente del Consejo Asesor de Equidad y Trabajo, el valor promedio del arancel universitario que cobran las universidades chilenas asciende al 41 % del PIB per cápita, lo que equivale a unos 6.000 dólares, mientras que en Estados Unidos éste es del 28 %, en Australia del 12 % y en Canadá del 10 %.

La inversión en educación que hace el Estado es asimismo baja si se la compara con los recursos que el país destina, por ejemplo, a gasto militar. En Chile, el gasto militar asciende a cerca de 3 mil millones de dólares, que corresponden al 3.5% del PIB. En cambio, según Meller, el gasto público en la educación superior es siete veces menor. Equivale al 0.5% del PIB, el más bajo del mundo, y desde luego, muy inferior al mínimo del 7% para toda la educación recomendado por la UNESCO.

El sistema imperante es otra de las herencias del régimen autoritario que se prolongó desde 1973 a 1990, y que en su esencia no pudo ser reformada por los cuatro gobiernos de la Concertación que le sucedieron. En 1990, poco antes de abandonar el poder, el gobierno del general Pinochet dictó una ley que permitió a los empresarios privados invertir en educación abriéndoles el acceso a los fondos estatales y a las exenciones fiscales que favorecían a las instituciones públicas de enseñanza. Esto habría de alimentar un enriquecimiento codicioso realizado en forma legal, pero transgresor de tradicionales principios de legitimidad. La investigadora María Olivia Mönckenberg en su libro La privatización de la educación, ha escrito que «para evadir la prohibición del lucro impuesta por la ley, las universidades privadas invirtieron las utilidades en sociedades inmobiliarias y empresas, lo que demuestra que desde el principio esta operación estaba relacionado al lucro y a personajes cercanos al régimen».

El panorama futuro no promete ser muy halagüeño para el Gobierno.

La experiencia mexicana está latente en una memoria colectiva que aconseja el alargamiento del paro incluso al costo de la pérdida del año académico. Se recuerda que desde abril de 1999 y hasta febrero de 2000, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de México paralizó la casa de estudios en demanda de la gratuidad de la enseñanza, objetivo que, finalmente, consiguió. Mientras, el Gobierno se propone distribuir la carga política de la crisis, comprometiendo a otros actores institucionales en un diálogo que, sólo ahora se sabe sobre qué versará, aunque todavía no despacha los proyectos de ley al Parlamento. Le ha pedido a la Iglesia Católica que interceda, y ésta, a través del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se ha mostrado disponible a hacerlo. Pero su mediación, otrora bien recibida durante la huelga de hambre mapuche de 2010, ha sido objetada por dirigentes estudiantiles y juveniles. El ecléctico analista y rector universitario, Carlos Peña, ha escrito que «un mediador es, por definición, quien carece de intereses en el conflicto que trata de resolver. Al no tener nublada la vista por sus propios intereses, el mediador aleja el peligro de la parcialidad y, así, puede ayudar a las partes en conflicto a ponderar las razones del otro y, poco a poco, alcanzar un acuerdo. ¿Satisface ese criterio general la Iglesia Católica? ¿Está ella en una condición de imparcialidad en materia educacional? Desgraciadamente no. La Iglesia cuenta con el 71 por ciento de las escuelas sin fines de lucro; diez de las sesenta universidades son explícitamente católicas (seis de ellas perciben subsidios públicos directos); y está bajo su control uno de los Institutos Profesionales con mayor matrícula del sistema. En otras palabras, la Iglesia Católica es, de todos los proveedores no estatales de educación, el más importante».

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, ha instado al Gobierno a resolver el conflicto, planteando soluciones a los tres problemas fundamentales que impiden avanzar en el diálogo: el fin del lucro, la desmunicipación, y el financiamiento de la educación superior. Y el Gobierno ha anunciado un paquete de iniciativas legislativas ordenadas en cuatro ejes fundamentales: una reforma constitucional para garantizar explícitamente la calidad de la educación; un financiamiento que asegure la igualdad de oportunidades; un proceso de desmunicipalización de los establecimientos educacionales; y un régimen a través del cual los

institutos de educación superior se rijan por fundaciones sin fines de lucro.

La respuesta del Ejecutivo ha sido considerada insuficiente por la Confech que, en respuesta al ministro Felipe Bulnes ha entregado una propuesta de 12 puntos y se ha plegado al paro nacional convocado por la CUT para los días 24 y 25 de agosto(4). Sin embargo, conforme

se prolonga el conflicto, los temas del debate van despejando el punto crucial de la demanda social: la gratuidad de la educación. Lo que es considerado una utopía para los defensores del modelo, y una garantía de paz social y estabilidad política, para los movimientos

sociales.

3/ Un tránsito rápido: de reforma educacional a reforma política

Pero, si algo ha tenido de ideológico el movimiento, esto es haber instado a los actores del conflicto a tomar partido entre dos visiones opuestas sobre el régimen político. Por una parte, ha permitido distinguir la visión de quienes denuncian la crisis de representación

(4) Véase Anexo III, CARTA DE LA CONFECH AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

que exhiben los actuales canales de mediación, y valoran asimismo la acción de los movimientos y organizaciones sociales, como catalizadores del descontento colectivo, y propugnan avanzar hacia una «democracia deliberativa» entre cuyas herramientas se cuentan procedimientos de consulta complementarios de la democracia representativa, como el referéndum. Por otra parte, ha puesto de relieve la visión de quienes defienden los cauces de representación realmente existentes como vías de salida de la crisis, pese a sus ya inocultables síntomas de desgaste, fatiga e inoperancia, y promueven una suerte de «democracia de instituciones» renuente a los procedimientos de consulta directa a los ciudadanos sobre asuntos de interés común.

Un amplio espectro político ha reconocido que la actual institucionalidad jurídica del país debe ser reformada para evitar que arrastre al régimen democrático a su destrucción. El ex Presidente Ricardo Lagos, como los partidos de la Concertación, ha admitido la necesidad de reformar la Constitución de 1980. Lagos, cuya firma está impresa en la Constitución vigente, cree que el actual entendimiento institucional ha llegado a su fin porque impide que la ciudadanía se exprese y sea representada adecuadamente a través de su sistema electoral. Pero incluso dentro de esta mirada común han surgido diferencias que, por no ser menores, han dado origen a dos perspectivas estratégicas en la oposición, donde el Gobierno ha jugado también sus cartas.

4/ Entre la colaboración y el conflicto

Buscando una salida al conflicto, el Presidente Piñera inició contactos privados con el ex Presidente Aylwin —del mismo modo que lo han hecho con Lavín y Bulnes ex ministros de Educación de la Concertación—, luego que los timoneles de la Concertación rechazaran concurrir a La Moneda. Fruto de esas conversaciones, los senadores Ignacio Walker, Soledad Alvear y Patricio Walker, y los diputados Jorge Burgos y Aldo Cornejo, se acercaron al Ejecutivo y le hicieron entrega de una propuesta de reformas políticas que, sin embargo, no incluía la fórmula del plebiscito, pese a formar parte de los acuerdos del Quinto Congreso Nacional de la Democracia Cristiana, aprobados en 2007 durante la gestión de Alvear, a que fue incorporada en la plataforma presidencial de Eduardo Frei RuizTagle de 2009, y a que la mayoría de los parlamentarios democratacristianos la impulsaban. Si la visita a Palacio en clave de «camino propio» ya mostraba una fisura en la Concertación, las posteriores declaraciones del senador Walker, habrán de provocar un evidente aislamiento de la colectividad así como un ensanchamiento de la brecha abierta entre ésta, la Concertación, la oposición política en su conjunto, y el movimiento social. Walker, en evidente contradicción con la propuesta de reforma política de los partidos Radical, PPD y Socialista, dijo que el plebiscito abría el camino hacia una democracia plebiscitaria o populista que amenazaría con suprimir instituciones tales como la libertad de expresión, la separación de los poderes públicos, la autonomía del poder judicial, el Estado de Derecho, la supremacía constitucional, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y los partidos políticos(5). En esta misma veta, pero inaugurando un lenguaje crispado y a ratos desacreditador, habrían de persistir luego personeros de Gobierno y de los partidos oficialistas.

El Presidente Piñera ha sostenido que muchos de los políticos han...

(5)Esta tesis, desarrollada ampliamente por el autor en Por una democracia de instituciones para América Latina (http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_4345.html ), contiene sin embargo un equívoco que la convierte en una reacción sobreideologizada. El error de Walker consiste en poner la institución del plebiscito en la misma categoría de las experiencias de democracia

directa o participativa que han tenido lugar en el continente. Incluso hasta transfigurarlo en el instrumento por antonomasia de este nuevo tipo de populismo emergente en la región que recurre al gobierno por decreto presidencial, o al abuso de las convocatorias a asambleas constituyentes. Pero el plebiscito no sólo no tiene ninguna conexión histórica con la democracia directa, que él ejemplifica remitiéndonos a la antigua democracia ateniense y a los actuales gobiernos locales, sino que es una creación de las democracias representativ as. La expresión latina ad referendum, que significa «a condición de ser aprobado por quien posea poder para ello» —en este caso, el pueblo soberano que ha mandatado a las asambleas deliberantes o parlamentarias—, supone que ya se han formado y consolidado las instituciones representativas. Resulta pues un contrasentido que Walker, para quien la «democracia de instituciones» abarca tanto la democracia representativa como la democracia deliberativa, expulse la institución del plebiscito fuera de ellas y la degrade al nivel de una deformación de la representación política. No hay motivo, al menos en teoría política, para derivar tales c onclusiones. Si todos entendemos lo mismo por democracia deliberativa, estaremos de acuerdo que la nuestra necesita, más allá de la pura agregación de las preferencias que se manifiestan en el voto, la participación de la ciudadanía en un proceso ordenado de deliberación. Estaremos de acuerdo que deliberar no sólo entraña discutir una cuestión a fondo, sino, en último término, decidir. Estaremos de acuerdo que los ciudadanos, cuando participan en el intercambio de opiniones, transforman sus preferencias. Y estaremos, en fin, de acuerdo que la transformación de la opinión es el verdadero valor de la deliberación pública. Dicho lo cual, si ninguno de estos atributos s e contrapone con los de la democracia representativa, ¿por qué el plebiscito habría de degener ar en un vicio de la misma? Ciertamente, hay aquí un eslabón perdido que Walker está solicitado a encontrar.

....caído en la tentación del voluntarismo, la irresponsabilidad, la demagogia y el populismo. Y El Mercurio ha visto en ello un escenario de confrontación política del que ha hecho responsable a la oposición. «El ciclo de la transición no se cerrará mientras la centro izquierda no permita al primer régimen de la centro derecha gobernar después de 20 años de Concertación y 17 de régimen militar —escribió Pilar Molina—. Apoyan movilizaciones estudiantiles de meses, obstaculizan cualquier acuerdo, consideran inadmisible discutir las soluciones en el Congreso, calificándolo de debate a puertas cerradas y desconociendo la representatividad del legislativo que quisieron integrar. Desconocen la institucionalidad y plantean un plebiscito, solución que no existe porque es inconstitucional. Y a las demandas de los estudiantes de universidad gratuita y pase escolar abierto todo el año responden con que urgen las reformas políticas».

La nueva etapa de negociaciones que creyeron inaugurar sectores democratacristianos ligados al Centro de Estudios del Desarrollo, no ha sido corroborada por los acontecimientos, como tampoco lo ha sido el virtual debilitamiento del movimiento estudiantil(6).

5/ Madurando hacia un movimiento ciudadano

La desconfianza en las autoridades políticas, cuyo antecedente inmediato fue la frustrada negociación estudiantil de 2006, no ha confirmado la pronosticada impotencia, desgaste y consecuente derrota del movimiento. Por el contrario, esta pérdida de credibilidad en los representantes populares, hoy por hoy, es un sentimiento extendido a la mayoría de la población que, asimismo, se ha mostrado disponible para salir a las calles en apoyo de las demandas estudiantiles. Como que, en ocasiones, han bastado sólo horas para, a (6)

Tras la segunda reunión en menos de 24 horas que sostuvo el ministro Rodrigo Hinzpeter con autoridades del PDC, esta vez en e l CED, el vicepresidente de la tienda diputado Jorge Burgos afirmó: «Recojo un elemento positivo, y es que el Gobierno, a través de sus tres ministros políticos, se ha abierto a discutir sobre reformas duras a la Constitución. No hay ningún tema excluido, por lo que entiendo que no lo está el tema del binominal ». Días después el ministro del Interior espetó: «Hacerse pasar por indignados, cuando muchos de ellos han sido la causa de la indignación o malestar ciudadano, cuando estuvieron en el gobierno, y la marcha reclama preci samente situaciones que ellos, estando en el gobierno no fueron capaces de solucionar, es un contrasentido que deja en evidencia que no están cumpliendo apropiadamente sus roles».

través de las redes sociales, poner en actividad miles de voluntades. Se ha visto ciudadanos de sectores altos de la capital, como La Dehesa, protestando.

Por otra parte, el monopolio tecnocrático sobre el conocimiento especializado, hoy es controvertido por un saber socialmente apropiado que se disemina ampliamente por las redes digitales, proporcionando elementos de juicio, percepciones sobre el estado de la opinión, y cursos de acción, que ni los 900 mil manuscritos de la Biblioteca de Alejandría habrían podido servir mejor. El conocimiento y el lenguaje experto han saltado fuera de las aulas y laboratorios, para propagarse en una más amplia comunidad de actores productores del saber(7).

Y sin embargo, el actual no es un movimiento que ocurra o que se proponga operar al margen de las instituciones. No es ilegal, no ha transgredido el orden constitucional, ni ha buscado derribar el Estado de Derecho, como señalan sus más acervos detractores. Podrían darse

abundantes ejemplos de instrumentos institucionales empleados por el movimiento durante estos tres meses. De entrada, las reiteradas reuniones y diálogos con el Ejecutivo, el Parlamento, los partidos políticos, y las autoridades universitarias y, luego, las propias formas de deliberación ensayadas por las organizaciones sociales.

Las mediaciones han existido, pero no han dado los resultados esperados porque quien tiene el poder y la autoridad para ofrecer salidas es el Gobierno, sumido en un inmutable estado de perplejidad. Por esto mismo, los problemas que ha encontrado la negociación no pueden ser imputados a los actores sociales, que no tienen la función de procesar las demandas políticas del sistema. Y si su comportamiento tolerara ser encasillado como un «pretorianismo de masas», concepto que describe una acción directa y violenta y, en suma, transgresora de las instituciones, lo será por la insuficiencia de dichas instituciones. Por cierto, linda en un exceso de imaginación...

(7)Un ejemplo elocuente de saber lúcido, explícito y socialmente apropiable, es el que ofrece CIPER al publicar la serie de Diez lugares comunes falsos sobre la educación, del abogado y constitucionalista Fernando Atria, http://ciperchile.cl/author/fatria/

......especulativa atribuirles intereses egoístas e incívicos que se valen de la intimidación y el chantaje para imponerse. Una visión semejante, además de reduccionista y estigmatizadora, sólo consigue escamotear la crisis de representación que afecta a las instituciones políticas.

6/ La revuelta de las clases medias

¿Pero dónde se origina esta crisis de representación? ¿Qué hay realmente tras la explosión social? El sociólogo alemán Ulrich Beck piensa que la actual revuelta mundial emerge gatillada por tres causas. Primero, por el desacoplamiento que se produce en el sistema capitalista entre el rendimiento y la ganancia. Una mala gestión o una gestión ruinosa, en vez de pérdidas, ahora supone indemnizaciones millonarias, lo cual, a ojos de la opinión, convierte a la política en la administración del robo «legal» a los ciudadanos. Segundo, por la contradicción entre legalidad y legitimidad en las democracias contemporáneas, al punto que el enriquecimiento codicioso se realiza de manera absolutamente legal, pero también de manera absolutamente ilegítima. Y tercero, por el despertar de las expectativas de igualdad. Estas tres motivaciones se encuentran, primero de modo embrionario, y después de manera más acabada en la sucesión de movimientos de protesta habidos en Chile durante los últimos ocho meses.

Un observador dirá de las expresiones más radicalizadas de descontento, que «estamos frente a una denuncia política violenta de un modelo social y político que tiene recursos para rescatar a los bancos y no los tiene para rescatar a los jóvenes de una vida de espera sin esperanza, de la pesadilla de una educación cada vez más cara e irrelevante dado el aumento del desempleo, del completo abandono en comunidades que las políticas públicas antisociales transformaron en campos de entrenamiento de la rabia, la anomia y la rebelión».(8)

(8)Boaventura de Sousa Santos, Los límites del orden, http://www.other news.info/noticias/index.php?p=4036

El movimiento de 2011 es nuevo. En los veinte años de la transición democrática, no existe precedente de una acción colectiva más plural, sostenida, y de alcance nacional, como la que se advierte hoy. Y desde el plebiscito de 1988, la política no había exhibido la mística, el compromiso, el testimonio y las esperanzas que mueven a los jóvenes. Aunque sus protagonistas más visibles son los estudiantes, es evidente que estamos en presencia de una irrupción de las clases medias otrora postergadas y mermadas en su capacidad de participación y deliberación. Las clases medias, fortalecidas y aumentadas por la incorporación de los sectores populares que, gracias a las políticas sociales, pudieron cruzar la línea de la pobreza.

Las clases medias, donde se adscribe la inmensa mayoría de los hogares chilenos. Las clases medias, abandonadas al mercado sin concesiones del retail, de la banca, o del sistema de pensiones, a diferencia de los más pobres, que contaron con las protecciones del Estado, y de los más ricos, que jamás dejaron de concentrar la riqueza.Son estas clases las que hoy reclaman civilizar los mercados,poniendo fin al lucro. Ellas las que demandan poner atajo a la alianza neoliberal entre capital y Estado que nutre a la gran banca con cantidades inconcebibles de millones, mientras aumenta la presión sobre los pobres. Las mismas que exigen un comportamiento más consecuente de los partidos políticos que dicen velar por los principios de legalidad y legitimidad. Es a estas clases medias a las que se estigmatiza, criminaliza, ignora y margina. Es a ellas a las que se teme. Y si son vistas como una amenaza, es porque con su accionar ponen al desnudo la crucial ecuación política de todo este conflicto, cual es la de afectar la redistribución del ingreso como la mejor salida posible a la crisis política desatada en una de las naciones más desiguales del globo, donde el 20 por ciento de su población tiene ingresos similares a los países más ricos del mundo, y el 60 por ciento tiene ingresos semejantes a los de Angola(9).

Es este giro el que resisten dar el Gobierno y los partidos oficialistas, más..

(9)BBC, El malestar de los chilenos, http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110714_chile_descontento_social_vh.shtm

...que por orgullo, porque trastoca la base estructural del sistema político y económico. Frente a ello, la militancia comunista de Camila Vallejo, es un dato irrelevante. Si su liderazgo es un icono de la protesta es porque representa las antiguas y nuevas expectativas, aspiraciones y esperanzas de unos sectores medios y populares que durante todos estos años han otorgado su consenso a favor de la paz social, la estabilidad política y el progreso, pero sin ver realizada la promesa neoliberal según la cual quien se esfuerce será recompensado con bienestar(10).

(10)«El neoliberalismo se ha establecido, pues, como un cuasi -partido mundial que hace valer su influencia dentro de los más variopintos partidos nacionales y arenas políticas. En este sentido, pretende representar y defender no los intereses de la economía, si no unos valores

globales, una utopía realista que reza: con el dominio del régimen neoliberal, millones de seres humanos en todo el mundo se liberarán de las cadenas de la pobreza, pues se crearán situaciones de ganancia-ganancia, en vez de la dinámica los-ganadores-l o-ganan-todo». Ulrich Beck, Poder y contrapoder en la era global: la nueva economía política mundial, Paidós, 2004, pág 124.

ANEXO I / DISCURSO DE ASUNCIÓN DE CAMILA VALLEJO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE

Mi nombre es Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling y quisiera, antes que todo, poder expresarle a los presentes el orgullo y el desafío que significa para mí encabezar la Federación de Estudiantes más importante de Chile, es una gran responsabilidad que significa hacerse cargo de 104 años de historia, 104 años de aventuras y desventuras, 104 años de lucha en el seno del movimiento estudiantil.

Y es un orgullo y un gran desafío porque vengo de aquellos lugares que no reciben condecoraciones, de los cuales poco y nada se dice, porque poco y nada se sabe, lugares que a veces incluso se les llega a olvidar.

Mis estudios secundarios los cursé en un pequeño colegio cuyo nombre significa “tierra florida”; extraña paradoja, ya que en sus patios se respiraba más tierra que flores y en sus salas de madera se acumula el polvo de generaciones de alumnos no emblemáticos, que nunca llegaran a ocupar los puestos de poder más importantes de nuestro país.

Mi carrera, una de las más pequeñas de esta Universidad, casi no se encuentra en el consciente colectivo, se pierde entre los pasillos de la FAU y se confunde con otras disciplinas. La Geografía en esta Universidad casi no tiene tiempo ni espacio, otra paradoja.

Sin embargo, lo más terrible es darse cuenta que de pronto esto no pasa solo en Geografía, sino que también en Administración Pública, que es carrera de ocho a seis, porque después de las seis de la tarde no hay Universidad para ellos, una carrera que debiese ser fundamental para fortalecer el sistema público.

Y también ocurre en Educación y de pronto, nos damos cuenta que no son solo unas pocas carreras, sino que es toda una rama del saber, es toda un área del conocimiento la que ha caído en la pobreza universitaria como consecuencia de las lógicas del mercado implementadas ya a lo largo de estos últimos treinta años.

Y de lo pequeño y olvidado de mi lugar de origen, se suma además, mi corto tiempo de vida, con 22 años, vengo a ser la segunda mujer presidenta de la FECH en más de cien años de historia. Y usted rector tendrá el privilegio de ser el segundo en la historia de la Universidad que es acompañado por una mujer en la presidencia de nuestra federación de estudiantes.

Ahora bien, puede que en este momento me toque a mí ejercer el cargo de Presidenta, sin embargo, debo decir que yo sola jamás habría logrado todo esto y que mis manos son tan solo un par más dentro de tantas otras, y en donde todas juntas son las que levantan este proyecto colectivo que se llama Estudiantes de Izquierda, el cual ya se encamina a su tercer período consecutivo al mando de nuestra Federación.

Si me permiten contarles un poco acerca de Estudiantes de Izquierda, debo decirles que como colectivo político estamos presentes en amplios espacios de nuestra Universidad, que en nuestro interior se expresa la máxima diversidad estudiantil, que entendemos que la izquierda debe construirse con participación y democracia y que esta elección en donde hemos aumentado en casi 400 votos respecto de la elección anterior, nos demuestra que como movimiento estamos vinculados orgánicamente con las bases estudiantiles de nuestra Universidad.

Como Estudiantes de Izquierda sentimos la responsabilidad ética de hacer política, porque la

administración del poder por los poderosos de siempre nos obliga a entrometernos en sus asuntos, porque estos asuntos son también nuestros asuntos y porque no podemos dejar que unos pocos privilegiados sean quienes eternamente definan las medidas y contornos que debe tener nuestra patria, ajustándola siempre a sus pequeños intereses.

Creemos que la clave del éxito para el movimiento estudiantil está en volver a situar a la Federación en una posición de vanguardia a nivel nacional, en volver a entretejer redes sociales con los pobladores, los trabajadores, las organizaciones sociales y gremiales, los jóvenes que se quedaron fuera de la Universidad pateando piedras, en otras palabras, hablamosde volver nuestra mirada al conjunto de los problemas sociales que hoy rodean a la Universidad y con los cuales estamos íntimamente vinculados y comprometidos.Debemos romper con aquella burbuja universitaria que instala el individualismo, la competencia y el exitismo personal como patrón de conducta para los estudiantes por sobre ideas y conceptos

fundamentales como lo son la solidaridad, la comunidad y la colaboración entre nosotros.

Somos contrarios a la visión de que la Universidad es solo venir, sacarse buenas notas, y abandonar cuanto antes sus aulas para salir pronto a ganar dinero en el mercado laboral, tenemos los ojos lo suficientemente abiertos como para darnos cuenta que afuera hay un mundo entero por conquistar, que este mundo requiere de nuestra entrega, de nuestro esfuerzo y de nuestro sacrificio y que para quienes ya hemos abierto los ojos a las inequidades sociales que asoman por todos los rincones de nuestra ciudad, se nos vuelve imposible volver a cerrar la puerta y hacer como que nada hemos visto o como que nada ha pasado. Nuestro compromiso por la transformación social es irrenunciable.

Porque necesitamos hoy, más que nunca, una profunda discusión respecto del país que queremos construir y a partir de aquello cuál es el tipo de Universidad que se pondrá al centro de dicha construcción.

Porque no creemos en la Universidad como un espacio neutro dentro de la sociedad, la universidad es un agente vivo en su construcción y en el desarrollo del proyecto país que como ciudadanos levantamos día a día. Nuestra responsabilidad está en generar organización al interior de aquella, lo cual nos permita transformar la universidad, para así poder transformar la sociedad.Nuestro concepto de Universidad nos habla de un espacio abierto, participativo y democrático, con una comunidad universitaria activa, dialogante, una comunidad que se involucra en el diseño y conducción de su casa de estudios.

Nuestra visión es la de una Universidad que se ubique ya no en los primeros rankings de la competencia o el marketing universitario, de los cuales hoy en día mucho se habla, sino que se ubique en el primer lugar de aporte al desarrollo social del país, el primer lugar en el fomento de la equidad en cuanto a la composición social de sus estudiantes, que ocupe el primer lugar en el desarrollo de la ciencia y tecnología al servicio de los intereses de Chile y su pueblo.

Creemos en una Universidad permanentemente vinculada con los problemas que nuestro pueblo le presenta, activa en la búsqueda de soluciones y en la entrega de aportes por medio del conocimiento.

Sin embargo, nuestra realidad actual dista mucho de estos conceptos brevemente aquí esbozados, hoy la Universidad es cada vez más un proyecto sin otro norte que no sea el que le señala el mercado, a la educación superior se le ha puesto precio y nuestras Universidades son medidas por criterios industriales de producción como si fueran una empresa más dentro del esquema productivo de la nación, una empresa especial con muchas comodidades en su proceso productivo, pero empresa al fin y al cabo.

En este esquema, un rol fundamental lo jugó el desfinanciamiento sistemático que vivió la Universidad Pública al momento de implementarse las políticas neoliberales. El autofinanciamiento, establecido como doctrina, fue un golpe seco que dio en la esencia misma de lo que constituía el quehacer universitario hasta ese momento, condicionando y sometiendo a la Universidad a lógicas y esquemas mercantiles que le eran desconocidos. La Universidad Pública tuvo que verse obligada a competir en situaciones desfavorables en lo que se llamó “el nuevo mercado de la educación superior”, se le puso precio, tuvo que venderse a sí misma para poder captar mayores recursos y continuar así con su proyecto educativo, perdió su brillo y su color, perdió su esencia transformadora y quedó botada en un rincón, ya incapaz de reconocerse a sí misma.

Estamos hablando que se operó un cambio estratégico en el desarrollo de la Universidad, el cual ha sido irremontable hasta este momento. Con ello hubo sectores importantes del quehacer universitario que producto de su no rentabilidad económica fueron cayendo rápidamente en la desgracia y el abandono, lasUniversidades Públicas se volcaron a sí mismas, viviendo casi un chauvinismo institucional, donde cada una se preocupaba de su propia sobrevivencia, perdiéndose la visión de conjunto que poseía nuestro antiguo sistema de educación superior pública.

Este procedimiento operado en plena dictadura, siguió su curso con los gobiernos de la Concertación, la cual no operó mayores cambios, más bien, se dedicó a administrar con comodidad el modelo heredado y en algunas líneas, incluso, lo profundizó. No obstante lo anterior, pasaron los años y el control del gobierno volvió a las manos de quienes tiempo atrás habían gobernado con trajes de civiles detrás de los uniformes de soldado.

Según nuestra mirada, esto representa un peligro fatal para la Universidad Pública hoy día, creemos que el gobierno de los empresarios busca poner el broche de oro a la privatización total de la educación superior, sellando definitivamente la obra que iniciaron desde las sombras en los años ochenta. La designación de Harald Beyer y Álvaro Saieh en nuestro Consejo Universitario, dos grandes defensores del modelo de mercado y el actual presupuesto nacional en el área de la educación superior son dos grandes indicativos de aquello. Son medidas que nos muestran nítidamente que el gobierno se apresta a poner en marcha una agenda privatizadora a gran escala y que, por lo tanto, el año 2011 será estratégico en su implementación.

Esta será una batalla importante que enfrentará nuestro sector el próximo año, para dar respuesta a este desafío debemos desplegar un movimiento que escape a tan solo los estudiantes, necesitaremos de los académicos, los trabajadores, las autoridades universitarias, todos juntos en las calles exigiendo que el Estado cumpla con sus Universidades, que el Estado cumpla con la educación superior pública de nuestro país.

Pero el problema no pasa tan solo por exigirle al Estado lo que a nuestras Universidades le debe, sino que también debemos mirarnos con visión autocritica y preguntarnos qué es lo que como Universidad le estamos entregando a nuestro pueblo. Necesitamos un nuevo trato del Estado para con la educación superior pública de nuestro país y, a la vez, necesitamos un nuevo compromiso de las Universidades Públicas para con el pueblo de Chile y sus intereses, esta Universidad tiene que ser la Universidad de todos los chilenos y no solo la de unos pocos.

A nadie le es indiferente que en nuestra casa de estudios se perpetúen desigualdades fundamentales que determinan, por ejemplo, que el 20% más rico de la población tenga más del 50% de las matrículas, en cualquier sociedad que se precie de ser justa y democrática esta desigualdad fundamental es inaceptable.

¿Seguiremos educando sólo a las élites socioeconómicas?, o, ¿nos aseguraremos de implementar un sistema de acceso que permita que todos los jóvenes con talentos y habilidades, independiente de su origen y capacidad de pago, puedan permanecer en la Universidad?

¿Seguiremos dejando que sólo aquellas disciplinas que son rentables en el mercado alcancen niveles de desarrollo armónicos y de excelencia?, o, ¿aseguraremos de manera efectiva que todas las áreas del conocimiento tengan un trato justo y así puedan contribuir a consolidar la sociedad que anhelamos, ya no solo en términos económicos, sino que en términos culturales, intelectuales, cívicos, valóricos, es decir, con seres humanos íntegros?

Por más que quieran hacernos creer lo contrario, para nosotros la Universidad no puede ser un negocio ni mucho menos la educación puede ser una mercancía.

La pelea será dura, pero está el futuro de la Universidad en juego y en esta batalla nosotros no bajaremos los brazos.

No quiero terminar mis palabras sin antes aludir a un hecho que para mí reviste gran notoriedad, algo señalaba más arriba pero quisiera ahora poder extenderme un poco más en aquello, me refiero a mi condición de mujer.

Como mujer puedo ver y vivenciar en carne propia las actuales formas de opresión de la que somos víctimas en la actual configuración machista de la sociedad. En Chile nos decimos un país desarrollado y nos llenamos de orgullo por nuestro reciente ingreso a la OCDE, no obstante, detrás de la cortina del progreso económico y del optimismo del jaguar latinoamericano se esconde una historia de opresión y sexismo que aún perdura hasta nuestros días. Las mujeres seguimos sufriendo hoy día todo tipo de discriminaciones, a la hora de buscar trabajo, en los planes de cobertura para nuestra salud, en la escala de sueldos, incluso a la hora de participar en política.

Tan solo ayer leía unas ideas que quisiera poder trasladarles en este momento ya que me parecen esclarecedoras respecto de lo que les quiero decir, abro comillas "respecto de las mujeres, cuando buscan trabajo, además de calificación se le pide presencia y no basta con que sean amables y generosas, sino que deben además ser graciosas, simpáticas y coquetas, pero no mucho. Se les exige estar presentables y cuando juzgan que se ha pasado un milímetro, se les critica por presuntuosas. Se les elogia por ser madres y se les excluye por tener hijos. De la mujer se sospecha cuando es joven porque desestabiliza a la manada y se le rechaza cuando los años pasan porque ha perdido competitividad. Es excomulgada por fea y también cuando es bella. En el primer caso se dice que es repulsiva, en el segundo,provocadora. Cuando no es lo uno ni lo otro la tildan de mediocre", cierre de comillas.

Estas son las condiciones en las cuales las mujeres nos desarrollamos actualmente, estas son las condiciones que desde mi Presidencia también buscaré transformar.

ANEXO II / LAS FECHAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL CONFLICTO ESTUDIANTIL

Santiago de Chile, 9 ago (EFE).- Los estudiantes chilenos han protagonizado hoy una nueva marcha multitudinaria en Santiago, en un pulso con el Gobierno que arrastran desde hace tres meses en demanda de mayor calidad y gratuidad en la enseñanza.

Estas son las fechas más significativas del conflicto:

12 de mayo - Primeras manifestaciones masivas en Santiago y otras ciudades. En la capital se reúnen unos

20.000 estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria.

26 de mayo - Miles de alumnos protestan en Santiago y advierten al Gobierno de que si noresponde a sus peticiones convocarán un paro nacional el 1 de junio que podría convertirse en indefinido.

1 de junio - Unos 15.000 estudiantes marchan en Santiago desde la la Universidad de Santiago hasta el Ministerio de Educación. La protesta se convoca también en otras ciudades chilenas.

11 de junio - Estudiantes de secundaria comienzan a ocupar colegios.

14 de junio - El Ministerio de Educación informa de que 98 centros están ocupados.

16 de junio - Unos 80.000 universitarios y de secundaria, según los organizadores, se manifiestan en Santiago. También hay marchas en otras ciudades de Chile hasta totalizar unas 120.000 personas, según cifras oficiales.

23 de junio - Unos 20.000 estudiantes se manifiestan en la capital.El ministro Joaquín Lavín se reúne con dirigentes de secundaria y les entrega varias propuestas, entre ellas la reestructuración del actual sistema municipal de enseñanza.

26 de junio - Los estudiantes rechazan la propuesta de Lavín y anuncian que seguirán con las movilizaciones.

28 de junio - El Gobierno decide adelantar dos semanas las vacaciones de invierno, y extenderhasta enero el año escolar en centenares de colegios que permanecen ocupados.

30 de junio - Unos 80.000 estudiantes y profesores se manifiestan en Santiago.

5 de julio - El presidente Sebastián Piñera propone un gran acuerdo nacional por la educación, dirigido a la educación superior, con un fondo de 4.000 millones de dólares.

6 de julio - Los estudiantes rechazan el plan de Piñera por considerar que no aborda suprincipal demanda, que es terminar con el lucro en la educación, y piden una reforma total del sistema.

8 de julio - Estudiantes de secundaria ocupan la sede de Unicef.

14 de julio - Los estudiantes desafían a las autoridades de Santiago, que habían prohibido el recorrido solicitado, y volvieron a marchar desde la plaza Italia hasta La Moneda.

18 de julio - Piñera remodela su gabinete con cambios en ocho ministerios, que incluyen la salida de Lavín en Educación, que queda en manos de Felipe Bulnes.

19 de julio - La oposición chilena pide al presidente una reforma tributaria para financiar cambios en el sistema educativo.

Estudiantes de secundaria inician una huelga de hambre en distintos centros. Con el transcurso de los días, llegarán a sumar una treintena.

27 de julio - El ministro de Educación se reúne por primera vez con representantes de estudiantes y profesores. Hasta entonces había exigido que cesaran las movilizaciones como condición para dialogar.

31 de julio - Piñera dice que será necesario acometer cambios constitucionales para mejorar la calidad de la educación.

1 de agosto - El Gobierno propone 21 medidas, en respuesta a las demandas presentadas la semana anterior por los estudiantes. En los días posteriores, varias federaciones universitarias rechazan el plan gubernamental.

4 de agosto - El Gobierno prohíbe dos marchas de estudiantes por la Alameda, la principal arteria de la capital. Sin embargo, los jóvenes desafían la prohibición y se concentran en el centro de la ciudad. La policía reprime a los jóvenes, se suceden escenas de violencia y la jornada termina con 874 detenidos en todo Chile.

7 de agosto - Miles de personas se manifiestan de forma pacífica en Santiago.

ANEXO III / CARTA DE LA CONFECH AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Santiago, 23 de Agosto de 2011

Sr. Sebastián Piñera E.

Presidente de la República de Chile

Presente

Los estudiantes de todo Chile, hemos cuestionado profundamente el actual sistema educativo chileno, haciendo un diagnóstico muy crítico, pero certero. Dentro de las consecuencias que ha desarrollado este sistema desregulado e individualista, denunciamos:

La desigualdad en los mecanismos de acceso a la educación superior, que hoy segregan a la población estudiantil en instituciones de diversa índole, discriminándola por nivel socioeconómico y no por las capacidades ni habilidades de los estudiantes.

Hoy se han levantado instituciones educativas que utilizan los sueños de miles de familias chilenas, como medio para obtener un fin de lucro. Esta concepción de educación vista como un bien de consumo, ha generado falsas expectativas en los estudiantes que, engañados por instituciones que publicitan educación de calidad, ven frustrada la única oportunidad de desarrollar sus capacidades de manera plena.

El autofinanciamiento del sistema educativo ha condicionado profundamente las capacidades de solventar económicamente las instituciones de educación pública, privándolas de cumplir de manera estricta su misión de desarrollo local y nacional, haciéndolas competir de manera injusta con las instituciones privadas.

Además, vemos que muchas familias sienten la incertidumbre de no poder acceder al derecho de la educación de sus hijos por razones económicas en un país donde los aranceles son de los más altos del mundo, ante lo cual deben hipotecar su futuro con créditos en la banca privada, teniendo muchas veces que escoger dentro de su núcleo familiar a que hijos educar y a cual no.

La ciudadanía ha comprendido que este sistema no aguanta más y que es necesario un giro, un cambio de paradigma. Pasando de la educación vista como un bien de consumo y financiada por las familias, a la educación vista como un derecho social, que debe ser garantizado por el Estado.

Se nos ha acusado de intransigencia, de que no hemos querido entrar en diálogo. Sin embargo, y conscientes de que el Gobierno conoce muy bien nuestras demandas, éstos han elegido entregar sus últimos anuncios a través de la prensa, lo que claramente es una manifestación de inseguridad,  intransigencia y nula voluntad política de alcanzar acuerdos.

A través del presente documento, queremos emplazar al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que se refieran con una postura clara con respecto a las siguientes demandas, que representan ejes principales que han sido omitidos o respondidos con ambigüedad o incierto alcance.

1. La Educación garantizada constitucionalmente como Derecho Social, entendiéndola como plataforma de construcción del conocimiento al servicio del desarrollo social, cultural y económico de nuestro país, donde se apunte a una Educación pública gratuita y de calidad al servicio del país. La Educación no debe ser entendida como un bien de consumo, que subsidia a la demanda a través de la banca y donde el Estado ha sido quien ha postergado a las instituciones públicas en pos de las privadas.

2. Garantizar aportes basales de libre disposición a las Universidades del Consejo de Rectores, con énfasis en las universidades estatales regionales, tal que permita a éstas terminar con el autofinanciamiento y les brinde mecanismos para cumplir de manera cabal su desarrollo regional y nacional.

3. Eliminación de la banca privada en el financiamiento de la Educación. Buscamos terminar con el endeudamiento de las familias y también el de las instituciones públicas más precarizadas. Terminar con el Crédito con Aval del Estado que ha significado un desembolso de recursos públicos y familiares desmedidos.

4. Fin efectivo al lucro en todo el sistema de educación chilena, tanto básica, media como educación superior. No puede ser concebida la educación como un medio para un negocio que no garantiza ni calidad, ni equidad.

5. Generar nuevos formas de acceso para la Educación Superior, garantizando el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y en especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Como propedéuticos y pruebas de acuerdo al área de especialización.

6. Garantizar que las Instituciones Educacionales provean de educación de calidad, entendida ésta de manera holística e integral y no como el reduccionismo de los indicadores administrativos, tal como el SIMCE y la PSU. Debe haber un esfuerzo especial en asegurar la calidad en la educación pública, en pos del desarrollo local y nacional.

7. Eliminar todas las trabas legales que prohíben la organización y participación de los distintos estamentos inmersos en el sistema educativo. Garantizando la participación democrática de las comunidades educativas en el desarrollo de las distintas instituciones de educación.

8. Creación de una red técnica estatal en todos sus niveles, con una articulación entre los distintos niveles.

9. Creación de una carrera docente, logrando mayor estabilidad laboral mejorando su situación contractual. También generando un ambiente escolar propicio para las situaciones de aprendizaje y de enseñanza, de formación continua y preparación de la enseñanza.

10. Desmunicipalización efectiva de la Educación Básica y Secundaria, creando un nuevo sistema de Educación Pública que dependa finalmente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este nuevo sistema de Educación Pública.

11. Término del financiamiento compartido, que ha generado una segregación intolerable para una sociedad que aspira a un desarrollo igualitario.

12. Garantizar Derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios presentes en el convenio 169 OIT y en la ley 19.253. Además, el reconocimiento jurídico de los hogares estudiantiles mapuche.

A través de estos planteamientos que consideramos vitales para comenzar un nuevo proyecto educacional y social, es que solicitamos a usted que deje clara su postura respecto a estos puntos. De ésta manera se podrá establecer un debate nacional informado de las diversas posturas y paradigmas, que finalmente reflejan la manera de concebir la sociedad.

CONFEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE CHILE

ANEXO IV / BASES PARA UN ACUERDO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN CHILENA (RESPUESTA AL GANE)

El sistema educacional chileno se debate en una profunda crisis estructural, sus bases programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así como sus alcances y competencias, fueron concebidos para un momento histórico largamente rebasado.

Las movilizaciones de los estudiantes, profesores, rectores y trabajadores de la educación, que han conmovido al país en las últimas semanas, han puesto en el centro del debate, la necesidad de abordar integralmente esta crisis estructural y avanzar hacia la REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION CHILENA.

Hoy queremos emplazar a los actores políticos del país, y en particular a los representantes del Congreso Nacional, que se comprometan explícitamente con la demanda social de impulsar y garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma. Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial para alcanzar un nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto anhela el país y para superar las escandalosas brechas de desigualdad que hoy presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado la necesidad urgente de recuperar la educación como un derecho social y humano universal, que debe ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática y de Calidad organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es decir, desde la cuna en adelante asumiendo un proceso continuo formación.

El nuevo sistema debe ser autónomo y democrático, para preservar de todo interés particular, ya sea de carácter político partidista, religioso y económico, con una organización interna capaz de autodeterminarse en las esferas administrativas, de gobierno, técnico-docente y financiera. Para lo cual requiere de instancias democráticas como forma de garantizar el derecho a la participación, la libertad de asociación, pero también el empoderamiento de la comunidad en la definición de políticas educativas con independencia del gobierno de turno.

La educación debe ser pluralista, para garantizar el libre y público acceso a las fuentes de información y conocimiento, que permita el tratamiento integral y crítico de los temas, con diversidad de opiniones, visiones y disciplinas. La generación y transmisión del conocimiento en las instituciones públicas debe oponerse a cualquier dogmatismo y práctica adoctrinante.

La educación debe ser de calidad, entendida esta como la capacidad de educar en contenidos y en valores como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto por el medio ambiente, la identidad y las raíces culturales e históricas de nuestra sociedad y nuestros pueblos originarios. La educación debe ser capaz de formar sujetos, profesionales, técnicos e intelectuales de excelencia, con capacidad crítica y ética profesional, ciudadanos libres, preparados para el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social.

La educación pública debe ser gratuita, entendiendo que el Estado debe proveer de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún tipo de restricción socioeconómica.

En definitiva, necesitamos un Estado garante del derecho a la educación para que nuestra sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, críticos y comprometidos en el trabajo intelectual, técnico y profesional para el desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y la economía de la sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el alcance de la libertad y la justicia social.

Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente plantear una discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento que contemplen desde una reforma tributaria hasta la recuperación de los recursos naturales de nuestro país.

EJES FUNDAMENTALES

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, proponemos avanzar en los siguientes ejes fundamentales:

I.- La Reforma Constitucional.

La Constitución deberá consagrar la educación como un derecho fundamental y un bien público, donde el Estado se hará responsable de proveerla, asegurando el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en la educación pre-escolar, básica y media.

Asimismo, a nivel de Educación Superior, la Constitución deberá garantizar la existencia de un sistema terciario, sin fines de lucro, donde el acceso, la calidad, y el financiamientonecesario sean garantizados por el Estado para que todo ciudadano pueda alcanzar la un titulo de educación superior.

II.- Educación Escolar

La Educación Escolar contempla tanto la educación pre-básica, básica y media. Y en la educación media, tanto la científico-humanista como la politécnica o técnica profesional.

En este contexto, y sin perjuicio de otras materias, en lo fundamental se impulsara:

A-. La Desmunicipalización de la Educación.

Se creará en su reemplazo un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, de carácter descentralizado, con la forma de Servicios Públicos con patrimonio propio y especializado en la administración de la educación pública escolar. La creación de esta nueva institucionalidad debe ser discutida con todos los actores: profesores, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados. Todos los establecimientos educacionales dependerán administrativa y financieramente de este Nuevo Sistema Nacional de Educación Pública.

B-. Nuevo Sistema de Financiamiento.

El Nuevo sistema de financiamiento asegurará un aporte basal para todos los establecimientos

educacionales vía presupuesto y no según asistencia, para lo cual se implementará un calendario a través del cual se pondrá fin al sistema de financiamiento compartido y de toda forma de lucro en los establecimientos que reciban financiamiento público.

C-. Carrera Docente Fundada en la Dignidad y Calidad

Debe avanzarse en una nueva ley de carrera profesional docente basada en el mérito y la experiencia, que considere etapas de desarrollo profesional, que dignifique a los profesores y profesoras desde el punto de vista de sus remuneraciones, incluidas las de carácter inicial, que incentive los mejores talentos para que estudien pedagogía, que garantice oportunidades de desarrollo profesional, valoración social y formación continua, contando con un fuerte sistema de acreditación, además de una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, todo lo cual permite garantizar una docencia de excelencia en el sistema público de educación. Además, debe crearse una normativa para los asistentes de la educación, fundada en la dignidad y calidad.

Se debe crear una normativa que regule y reconozca las funciones de estos trabajadores.

D.- Regulación y control de la creación de nuevos establecimientos subvencionadas

La suspensión inmediata de la creación de nuevos establecimientos subvencionados hasta que se definan parámetros objetivos que justifiquen la creación de nuevos establecimientos y hasta que se encuentre operando la nueva institucionalidad escolar vinculada a: la superintendencia de educación, la agencia de la calidad de la educación, la nueva estructura publica de administración de la educacional y, se haya implementado las correcciones al sistema de financiamiento de la educación escolar.

E.- Transporte Escolar

Asegurar un servicio eficiente y suficiente de transporte escolar gratuito y seguro para todos los estudiantes-especialmente en regiones, durante los 365 días del año.

F.- Plan Nacional de Reconstrucción y Habilitación de Infraestructura Escolar

Diseñar y ejecutar un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los establecimientos educacionales públicos, de manera de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en condiciones elementales de dignidad y sanidad.

G.- Educación Politécnica o Técnico Profesional

En el país no existe una política de Estado en materia de la educación técnica; ni en su nivel secundario, ni en su nivel de educación superior, ni tampoco respecto a la integración entra ambas La educación técnico –profesional o politécnica a nivel escolar deberá contar con un sistema de financiamiento propio, donde se garantice la infraestructura de acorde con los avances científico-técnicos para hacerla calificada y apropiada a las respectivas especialidades.

Asimismo, a los estudiantes de la educación poli-técnico deberán contar con garantías básicas para el desarrollo integral de sus procesos educativos, incluyendo seguros apropiados y prácticas profesionales pertinentes y fiscalizadas.

H.- Democratización

Democratizar los espacios de participación estudiantil secundaria, reformulando el decreto N° 524 con respecto a los Centros de Estudiantes, fortaleciendo así, el rol de estos y reconociendo legalmente Federaciones Estudiantiles Secundarias.

También, y a través de Consejos Escolares resolutivos, debe garantizarse la participación de todos los estamentos involucrados en la comunidad escolar, dándoles un marco legal donde se especifique su rol obligatorio y periódico.

III.- EDUCACION SUPERIOR

La educación terciaria en Chile ha crecido de manera explosiva y desregulada durante las últimas dos décadas. Su crecimiento no ha sido fruto de una política nacional que persiga objetivos determinados sino al contrario, ella ha sido inorgánica, con calidades heterogéneas y de altísimo costo, respondiendo a lógicas de mercado y no a un plan de desarrollo nacional. 

Hoy se requiere impulsar una reforma al Sistema de Educación Superior que tenga como principios rectores que:

- la Educación Superior, en tanto bien público, debe ser fruto de una Política de Estado, abordado con visión de largo plazo y definida con la participación de todos los actores relevantes, avanzando sobre grandesacuerdos y con sentido de urgencia.

- El sistema de Educación Superior debe ser reconocido por el Estado como un pilar fundamental para el desarrollo social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país.

- El Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto de financiamiento estatal del sistema de educación terciaria de modo de llevarlo, en un período razonable, al menos, al promedio de los países de la OECD y así no seguir gravando a las familias el costo de esta.

A.- Educación Universitaria

1.- Financiamiento Institucional

a) Creación de un Aporte Basal a las Universidades Públicas, que plasme un nuevo trato entre el Estado y las Universidades que le pertenecen, que reconozcan el compromiso educacional y financiero que para ellas tiene el Estado, frenando así la lógica del autofinanciamiento de dichas instituciones.

b) Aumentar de manera sustancial los Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, permanentes y progresivos para el crecimiento, desarrollo local y sustentabilidad de las Universidades del CRUCH, con el objeto de garantice sus proyectos de bien público. Asimismo, se deberá reajustar anualmente según el IRSP, para que las justas remuneraciones de los trabajadores, no dependan del alza de aranceles de los estudiantes.

c) Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposiciónestableciendo que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar orientado con prioridad:

 Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH)

 Condición Regional

 Composición socio-económica de sus estudiantes

 Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto)

2.- Nuevos Sistemas de Accesos: Más Equitativo y que Garantice Igualdad de Oportunidades.

Avanzar decididamente a un sistema más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos y todas, tal que permitan que las universidades del CRUCH cumplan cabalmente el rol social y de vocación pública para la que fueron creadas.

Es fundamental asegurar una participación más representativa de la realidad socioeconómica del país en las matrículas de cada institución, disminuyendo la ponderación de la PSU en el proceso de admisión y evaluarde manera transparente su pertinencia. Avanzar en la creación de mecanismos complementarios de acceso considerando que sean de público conocimiento y debidamente informados que consideren aspectos como el rendimiento académico en establecimiento de origen (ranking), los propedéuticos y los procesos de nivelación.

Además, se deberá garantizar el acceso y las condiciones de estudio para los estudiantes con necesidades educativas especiales en la educación superior.

3.- Nuevos Sistema de Becas y Financiamiento Estudiantil

a) Se promoverá una reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles (en sus montos, cobertura y condiciones de postulación) y créditos poniendo fin a los insostenibles niveles de endeudamiento de las familias. Para este efecto se propone:

Con el fin de avanzar hacia la gratuidad, se debe promover un sistema de becas que cubra a todas los alumnos y alumnas provenientes de familias del 70% de menores ingresos.

De la misma manera, las ayudas estudiantiles complementarias deberán reajustarse y ampliar su cobertura a los estudiantes pertenecientes al 70% de menores ingresos del país.

Finalmente se debe crear un sistema único de Fondo Solidario para todos los y las estudiantes

pertenecientes al 30% de las familias de mayores ingresos que ingresen a instituciones que en la práctica no lucren, eliminando a su vez, el CAE y a la banca en el sistema financiero.

b) El financiamiento estudiantil será de asignación exclusiva de las Universidades estatales y las Universidades que cumplan con una estricta regulación por parte del Estado

c) Las Universidades privadas que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos deberán cumplir los siguientes estándares:

Acreditación Institucional, en todas las categorías.

Garantizar los principios de libertad de asociación y expresión

Asegurar y Promover la existencia de Federaciones Estudiantiles

Transparencia total del uso de sus recursos financieros

Ausencia total de fines de lucro

d) Todas las Universidades se deberán someter a una revisión completa de los montos arancelarios de sus planes de estudio, los aranceles se establecerán en el futuro mediante una formula conocida y validada por la Comisión Nacional de Acreditación. Los aranceles no podrán sufrir alzas de manera unilateral por ninguna entidad de educación superior que sean receptoras directa o indirectamente de fondos públicos.

4.- Nueva Institucionalidad

a) Creación de Superintendencia de Educación Superior

Esta Superintendencia deberá contar con todas las atribuciones necesarias para hacer trasparentes las situaciones financieras y académicas de todas las instituciones de Educación Superior.

Tendrá la facultad de fiscalizar y hacer cumplir la ley que establece la prohibición del lucro en toda institución de educación superior.

Este organismo deberá velar que todas las instituciones de educación superior se sometan a mecanismos de información pública, de fiscalización y control. Será obligatoria la rendición de cuentas públicas de todas las instituciones de educación superior, incluyendo publicación de FECU semestral por cada institución que incluya información detallada de todos sus ingresos gastos y vínculos contractuales

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación

Se establecerá la acreditación obligatoria para todas las instituciones de Educación Superior y sus carreras, a través de agencias públicas, autónomas y transparentes que incorporen criterios de calidad, de adecuación de la misión de la institución a objetivos educativos de país, el desarrollo regional, la existencia de organismos estudiantiles, académica y funcionaria. Este nuevo y riguroso sistema d acreditación debe ser prioritario y previo cualquier expansión de recursos al sector privado.

5.- Democratización

El Sistema de educación superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías

Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución.

Se propondrá a la participación de los distintos estamentos de la comunidades universitarias en los cuerpos colegiados, para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes,

apoyando la derogación de los artículos 56e) 67e) y 75e) del DFL2/2009 MINEDUC, para acabar con las prohibiciones legales que impidan la participación de la comunidad universitaria en este ámbito,garantizando además el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de educación superior.

6.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios

Avanzar en un sistema educacional más inclusivo y plural que incorpore los derechos educativos de los pueblos originarios y la interculturalidad en el sistema educativo. Para esto se propone:

1. Creación de una Universidad Estatal Intercultural

2. Aumento en el monto de la Beca Indígena y en la cantidad de beneficiarios.

3. Creación e Incorporación a los planes y programas, mallas curriculares y proyectos educativos Institucionales, contenidos educativos indígena considerando el espacio en el que se desarrollarán en relación a la lengua, historia y cosmovisión de cada uno de ellos.

B.- Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales

El país está en deuda con la formación técnico profesional de la educación superior. Se debe revisar no sólo la transición y acceso desde la enseñanza media, los mecanismos de acreditación de los establecimientos y las carreras que imparte sino también, poner fin al actual sistema de lucro y negocio que se ha apoderado de los CFT y de los IP. Esta realidad afecta en particular a los estudiantes de los sectores más vulnerables del país.

Se prohibirá que recursos públicos de cualesquier índole sean transferidos directa o indirectamente a los CFT e IP con fines de lucro, estableciendo un plazo razonable pero acotado para cumplirlo.

Asimismo, y en ausencia de establecimientos que cumplan una función pública, el Estado deberá asegurar la presencia de oferta educativa estatal de centros de formación técnica e institutos profesionales en todas las regiones del país, creando una Red Nacional de Educación Técnica gratuita y de calidad.

ANEXO V / AGENDA DE TRABAJO, MESA POLÍTICO–SOCIAL POR LA REFORMA DE LA

EDUCACIÓN EN CHILE. 02/08/2011

El movimiento educacional, representado en sus dirigentes estudiantiles secundarios y universitarios, el Colegio de Profesores y los asistentes de la educación, se ha dirigido al Congreso Nacional, requiriendo a sus representantes dar respuesta frente a la demanda por una reforma integral al sistema de educación en sus distintos niveles.

Para este efecto proponemos la creación de un espacio político social en el Congreso Nacional con participación directa de los representantes del Movimiento Social y sus demandas, y entregamos una Agenda de Trabajo específica en torno al cual realizar la búsqueda de un Acuerdo Político y Social por la Educación. Para ese fin invitamos a constituir una Mesa de Trabajo que incluya a todos los actores sociales, institucionales y legislativos.

Haciéndonos cargo de las demandas que nos han planteado proponemos la siguiente:

AGENDA DE TRABAJO

1. Reforma Constitucional

Elevar a rango constitucional el deber del Estado de asegurar o velar por una educación de calidad, consagrándola como un derecho fundamental en la educación pre-escolar, básica y media, y Asegurar la existencia de un sistema de educación superior, en el cual el financiamiento, el acceso y la calidad necesarios, garantizados por el Estado para que toda persona según sus méritos.

2.- Educación Pre-Escolar:

Compromiso del Estado para incrementar la cobertura, oferta y calidad de este nivel educacional, procurando asegurar el mayor acceso universal posible.

3.- Educación Escolar:

A.- Desmunicipalización de la Educación EscolarReemplazo del actual sistema de administración de la educación a nivel municipal por un sistema público de

carácter descentralizado, autónomo, profesional y especializado en la gestión y administración de la educación pública, que garantice calidad y eficiencia, siendo el Estado el garante de estos principios.

B.- Nuevo sistema de financiamiento de la Educación escolar:

Nueva Unidad de Subvencion Escolar que se haga cargo del costo fijo y el costo variable de los establecimientos Una USE, que garantice, por un lado, un aporte basal por alumno matriculado y capacidad instalada en cada establecimiento y, por otro, una subvención asociada a la asistencia por alumno.

Análisis y revisión del financiamiento compartido:

Transparentar y fiscalizar entrega de recursos públicos a nivel escolar:

C.- Carrera Docente:

Crear una nueva carrera docente que perfeccione el Estatuto vigente, dignificando la función que cumplen los profesores. Que garantice oportunidades para el desarrollo profesional, una adecuada relación de horas lectivas y no lectivas, un sistema de acreditación y evaluación docente obligatorios y vinculantes, así como incentivos a los mejores talentos para que estudien pedagogía, aumento de las remuneraciones iniciales y premios al desempeño.

Crear una política para los asistentes de la educación fundada en la dignidad, desempeño y calidad.

D.- Establecimientos subvencionados, regulación y control.

Crear un mejor sistema de regulación para la creacion de nuevos establecimientos particulares

subvencionados, y perfeccionar la de los establecimientos públicos a través de la Ley que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. La misma que deberádeterminar los parámetros mínimos necesario de tamaño y localización que deben existir para autorizar el funcionamiento de nuevos colegios, especialmente los particulares subvencionados.

E.- Infraestructura

a) Plan Nacional de Reconstrucción:

Un cronograma de reconstrucción de infraestructura de establecimientos escolares, de público

conocimiento.

b) Habilitación de infraestructura sanitario escolar:

La ejecución de los fondos destinados a este ítem

F.- Educación Politécnica o Técnico Profesional:

Política pública de Estado en materia de educación técnica; en su nivel secundario, y en su nivel de educación superior, asi como la integración entre ambas con un sistema de financiamiento específico para la educación técnico–profesional a nivel escolar, de acuerdo a los progresos tecnológicos y científicos y que se ajusten a la calificación de las distintas especialidades.

Seguros adecuados, prácticas profesionales habilitantes y fiscalizadas.

Formación de docentes del ámbito técnico profesional.

G.- Democratización

Derechos de organización de estudiantes secundarios; reemplazo del decreto 524; garantia del derecho a creación de centro de estudiantes en todos los establecimientos y federaciones estudiantiles secundarias.

H.- Transporte Escolar.

Aumento de cobertura del transporte escolar, regional y rural; mejorar el trato a los estudiantes; extensión beneficio a todo el año escolar, incluyendo las actividades escolares de temporada.

Tarjeta Nacional Estudiantil a nivel nacional.

3.- Educación Superior

A.- Financiamiento Institucional

Nuevo trato a las universidades estatales y fin al autofinanciamiento como criterio central en esta materia.

Medidas:

a) Nueva normativa de administración y gestión de las universidades estatales, el endeudamiento a largo plazo, eliminación límite de 6% de crecimiento, rediseño sistema de fiscalización de la Contraloría.

b) Aportes Fiscales Directos (AFD) de libre disposición, para universidades del CRUCH, y reajuste según el IRSP, para remuneraciones de los trabajadores.

c) Aporte basal: eje de un Nuevo Trato entre el Estado y las universidades que le pertenecen.

d) Fondo de desarrollo y revitalización, para las Universidades Tradicionales.

e) Una nueva fórmula al Aporte Fiscal Indirecto (AFI); basado en ponderación que incluya las notas de Enseñanza Media y el Ranking.

B.- Nuevo Sistema de Acceso.

Creación de un sistema mas equitativo, basado en meritos y habilidades, explicitando nuevos parámetros complementarios como origen (ranking) e incentivando creación modalidades de nivelación académica, (propedéuticos y sistemas afines).

C.– Nuevo Sistema de Financiamiento Estudiantil.

a) Ampliar gradualmente cobertura de becas a primeros tres quintiles (60%).

b) Reajustar y ampliar gradualmente la cobertura de las ayudas estudiantiles complementarias (primeros tres quintiles)

c) Creación de un Nuevo Sistema Nacional de Crédito para la Educación Superior; Eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), crear Sistema Único de Fondo Solidario, 2% tasa de interés y mecanismos de retorno.

d) Medidas frente a sobreendeudamiento; renegociación deudas actuales

e) Ley de fijación Arancel de Referencia

D.- Nueva Institucionalidad.

a) Creación de una Superintendencia de Educación Superior, con atribuciones para garantizar el cumplimiento de la ley; fiscalización y trasparentar aranceles, matriculas y uso fondos por Instituciones Educación Superior; ausencia del lucro en universidades que reciban financiamiento estatal mediante becas y créditos.

b) Nuevo Sistema Nacional de Acreditación: que asegure calidad y pertinencia de la formación

impartida.

c) Creación Subsecretaría de Educación Superior: Definición Políticas Nacionales; cobertura y

pertinencia tipos y prioridades en educación superior.

E.- Democratización.

La Organización y Asociación estudiantil sin mas límites que los impuestos por la propia Constitución, derogación del (DFL2) que prohíbe la participación estudiantil en cualquier establecimiento de educación superior.

F.- Derechos Educativos de los Pueblos Originarios.

a) Política educacional inclusiva para pueblos originarios; interculturalidad como política publica.

b) Aumento de Cobertura de beneficios económicos.

c) Programas y planes académicos específicos orientados al rescate identidad de pueblos originarios

G.- El lucro en la Educación:

Cumplimiento de la Ley que prohíbe el lucro en las universidades y mecanismos de fiscalización.

Pertinencia en la entrega de recursos fiscales a estudiantes de exudación superior que estudian en IP y CFT que persigan fines de lucro.

ANEXO VI / COMPROMISO DE LA CONCERTACIÓN CON LA EDUCACIÓN

El país ha sido conmovido por un amplio y contundente movimiento ciudadano, reclamando por cambios de fondo en nuestro sistema educativo. Como oposición hemos escuchado esta demanda y entendemos que su motivación no se limita a la obtención de aportes financieros de corto plazo, ni a la realización de reformas legales que hagan cambios menores en la educación. Lo que ha expresado la movilización ciudadana es la aspiración a un cambio en las bases de la educación chilena y en los valores que la inspiran.

Se pide un ordenamiento coherente con la definición de la educación como derecho y como bien público y, en consecuencia, un fortalecimiento del papel del Estado en su aseguramiento. Se demanda, además, una regulación que contenga la proliferación de la lógica de los negocios y del lucro en la educación y que revitalice el papel de la educación pública tanto a nivel escolar como superior. La fragilidad de la educación pública se ha transformado en el síntoma más visible de la débil presencia del Estado en la educación y revertirla es uno de los objetivos más anhelados por este movimiento ciudadano. Las fuerzas políticas de oposición respaldamos estas demandas y declaramos nuestra voluntad de actuar decididamente para avanzar en su concreción. La falta de acuerdos en el mundo político para emprender reformas estructurales a nuestro sistema educacional ha permitido que el sistema actual se perpetúe. Es

necesario ser autocríticos respecto de esto y asumir que faltaron definiciones y políticas que hubiesen permitido que la expansión del sistema educacional se hiciera sobre nuevas bases. Asumimos las carencias y vacíos que hemos mencionado y nos sumamos con otros para comprometernos, tanto con la generación de espacios de participación ciudadana como haciendo nuestras las principales demandas para la reforma al sistema de educación planteadas por el movimiento ciudadano.

Estamos convencidos de la necesidad de construir una propuesta que represente a esa enorme mayoría que quiere avanzar en nuevas bases para nuestro sistema educacional. Como fuerzas políticas de la Concertación avanzaremos en esa dirección y lo haremos dialogando con el mundo social. Con esa fuerza y esa legitimidad estableceremos metas ambiciosas para los próximos años y trabajaremos en su concreción en todos los frentes, partiendo por demandar al actual gobierno que oriente sus políticas y proyectos de acuerdo con estas definiciones. Queremos ir más allá. Esta agenda nos comprometerá por un periodo superior del actual mandato presidencial y será la carta de navegación que orientará las propuestas y compromisos de nuestros candidatos y autoridades de elección popular en todos los niveles de aquí al 2020.

Nuestras definiciones son las siguientes:

- La educación es un derecho humano esencial. Al Estado le corresponde asegurarlo para todos los ciudadanos y en ese objetivo se debe involucrar el conjunto de la sociedad y las familias.

- La educación en todos sus niveles, parvularia, básica, media y superior, es la base del desarrollo integral de la sociedad y debe considerarse como un bien público.

- La educación pública es un deber preferente del estado.

- La educación debe sustentarse sobre un consenso deocrático que dé cuenta de los valores

fundamentales que inspiran a nuestra nación; su carácter democrático, universal, de acceso garantizado a todos, cuya administración y gestión sea inclusiva e incluyente. Sus definiciones estratégicas no pueden ser producto de la imposición de unos sobre otros sino que deben adoptarse democráticamente con la participación de toda la sociedad y, particularmente, de los actores del mundo educacional: estudiantes, profesores, padres de familia y trabajadores.

- Nuestro actual sistema educativo no cumple con los requisitos mencionados en los dos puntos anteriores.

- La responsabilidad del Estado, en lo que se refiere a la educación pública, está reducida al mínimo y la educación es tratada más como un bien privado que como un bien público que debe ser garantizado. A su vez, las bases del sistema educacional se adoptaron en un período dictatorial sin consulta a la ciudadanía y en democracia no ha habido la capacidad de redefinirlas y ponerlas en línea con las aspiraciones de los chilenos.

- La aspiración democrática de los chilenos de una mejor educación debe reflejarse en un conjunto integral de reformas, que incluya todo el sistema educativo.

- Con ese objetivo, convocamos a todos los sectores del país a lograr un Pacto Social y Político por la Educación Chilena. Proponemos para la discusión ciudadana que este Pacto se proponga el logro de los siguientes objetivos de aquí al 2020:

Primero: Reformar la Constitución para establecer el carácter de bien público de la educación, su importancia estratégica para el país y la obligación del Estado de garantizarla para todos los ciudadanos. Se debe fortalecer el derecho a la educación no sólo como una oportunidad de acceso sino también como una garantía de calidad que debe ser salvaguardada por el Estado. Debe reconocerse el carácter mixto del sistema educacional, de provisión y financiamiento público y privado, y el deber del Estado de apoyar sus distintas modalidades, garantizando que los recursos públicos no se desvíen a fines distintos de la educación. Es deber del estado garantizar el desarrollo de la educación pública, asegurando su financiamiento, su presencia en el territorio, su excelencia y su aporte a la superación de las desigualdades. Asimismo, debe entregarse garantía estatal a los derechos educativos de los pueblos indígenas, incorporando interculturalidad en el sistema educativo.

Segundo: Desarrollar un sistema nacional, autónomo y descentralizado, dependiente del estado, que reemplace el modelo de educación municipalizada. Esta nueva institucionalidad no puede consistir en un conjunto de modalidades dispersas sino en un sistema nacional y articulado, con gestión descentralizada y participación de las comunidades. Debe hacerse efectiva la responsabilidad del Estado en su desarrollo, a la vez que asegurar un estándar nacional de calidad, así como un aporte adicional de recursos que reconozca las mayores exigencias y deberes que se establecen para con los estudiantes,. Esto vale para todos los establecimientos públicos del país, independiente de la comuna en que se encuentren.

Tercero: Aplicar un nuevo régimen de trato para las universidades del Estado que garantice su

financiamiento basal de forma sustentable para ponerlas en un estándar de excelencia y liderazgo. Ello debiera significar aumentar el financiamiento basal de las universidades estatales a un porcentaje que garantice su funcionamiento y desarrollo, lo que significa al menos duplicar el aporte actual, lo que debe ir acompañado de incentivos, compromisos de gestión con metas claras y de interés nacional y regional, asícomo de mecanismos de control que aseguren el mejoramiento de la calidad de estos planteles. Este esfuerzo debe realizarse sin debilitar el apoyo que el Estado le entrega a las universidades no estatales que reciben aportes fiscales directos,

Cuarto: Hacer cumplir la ley que prohíbe la realización de actividades lucrativas en el ámbito universitario. Ello requiere de una acción enérgica por parte de los poderes públicos fiscalizando la realización de negocios en las universidades y sancionando su existencia. Si se legisla en este ámbito, debe ser para fortalecer la legislación existente y no para debilitarla. En ningún caso debe permitirse que se sigan generando mecanismos que den acceso a fondos públicos a planteles que persiguen fines de lucro.

Sexto : Reformar el sistema de acceso a la educación superior estableciendo una selección equitativa que dé mayor preponderancia al rendimiento escolar en base al ranking o posición relativa de los estudiantes en su respectivo curso.. El 10% de los estudiantes de mejor logro escolar debe tener acceso a la universidad sin necesidad de rendir la PSU. Esto debe ser reforzado por un cambio, perfeccionamiento, y ampliación en la modalidad del Aporte Fiscal Indirecto, el que debe incluir a las instituciones que dan cabida a estudiantes destacados de liceos vulnerables y financiar de este modo procesos de nivelación y retención de dichos estudiantes.

Séptimo: Nivelar y reformar el sistema de subvenciones escolares. Debe asegurarse un financiamiento basal para los establecimientos del estado que sea un piso para una educación de calidad, asignado según la matrícula. En el caso de la educación pública, los entes administradores tendrán un financiamiento propio que asegure la conformación de equipos profesionales de excelencia en todos los territorios. Asimismo, la subvención escolar debe ser calculada en base al costo real de funcionamiento de un establecimiento de calidad, considerando el nivel deseado de remuneraciones de los profesores. Además, habrá que

considerar que, bajo la nueva institucionalidad pública que postulamos como necesaria y deseable, deberámodificarse el actual sistema de financiamiento proveniente de las municipalidades.

Octavo: Alcanzar una nueva carrera docente. Esta deberá enfatizar las posibilidades de desarrollo profesional de los profesores que trabajan en el aula, fortalecer la profesionalización y remuneración de los directivos, mejorar el sistema de perfeccionamiento e instaurar una prueba de habilitación para el ejercicio de la profesión la cual deberá ser aprobada por todos los egresados antes de iniciar su labor como docentes. Los planteles formadores de los profesores asumirán la responsabilidad de preparar y nivelar a sus egresados cuando la preparación que les han entregado no les permita superar los exámenes de habilitación. El sistema deberá alcanzar niveles de remuneración de los profesores equivalentes a las de las profesiones mejor remuneradas del sector público,

Noveno: Establecer un nuevo sistema de ayudas estudiantiles de educación superior que genere derechos garantizados para los jóvenes, equivalente a un AUGE de la educación superior. Se deberá avanzar hacia el establecimiento de un sistema único de becas y crédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria. Nos proponemos establecer un sistema que garantice gratuidad, a través de becas, al 60% de los sectores de menores ingresos que estudien en carreras universitarias, profesionales o técnicas, las que deberán estar debidamente acreditadas. En el caso del crédito solidario, se mantendrá la actual cobertura y condiciones. Respecto del Crédito con Aval del Estado, debiera ser rediseñado para alcanzar condiciones equivalentes a las del crédito solidario. Al mismo tiempo y para asegurar el incremento sostenido de la cobertura y la sustentabilidad financiera de este sistema, se debieran prever mecanismos eficaces para regular los valores de los aranceles de las carreras y/o programas que financiará el estado, de modo de evitar el endeudamiento adicional de los estudiantes y sus familias la ampliación de las oportunidades a todos los jóvenes de sectores de mayor vulnerabilidad y de clase media que posean mérito para acceder a este nivel educativo, asegurando no sólo su acceso a esas oportunidades educativas, sino también su permanencia y un egreso con las competencias indispensables para su buen desempeño profesional y/o académico

Décimo: Derogación de los artículos 56, 67 y 75 en sus letras e del DFL 2 del 2010, en el que se impide la participación de estudiantes y funcionarios en los espacios de tomas de decisiones dentro de las universidades, centros de formación e institutos técnicos.

Undécimo: Creación de una Superintendencia de Educación Superior que actúe como agente de control y regulación de las distintas instituciones del sistema, asegurando transparencia en el uso de los recursos y fiscalizando que las universidades no se presten para actividades lucrativas.

Duodécimo: Refundar la Comisión de Acreditación mediante la creación de una agencia aseguradora de calidad de la educación superior, que establezca criterios más exigentes y menos burocráticos para la entrada de nuevas instituciones y que controle y asegure la oferta educativa y la calidad de las existentes. Se debe avanzar hacia la creación de nuevos indicadores de la calidad, que ahora no solo consideren las características de esta oferta educativa, sino también los resultados, entre los cuales son relevantes: las tasas de acceso de jóvenes meritorios pertenecientes a sectores vulnerables; las tasas de retención; las tasas de éxito oportuno, y; las competencias logradas por los jóvenes al egreso de esas instituciones, tal como ya se plantea en el caso de las carreras de pedagogía y medicina.

Décimotercero: Se debe crear una red de de centros de formación técnica e institutos profesionales de carácter público, especialmente en aquellas regiones donde no exista una oferta de privada de calidad, bajo la supervisión de la Superintendencia y la Agencia de Calidad de Educación Superior.

Décimocuarto: Retomar la prioridad e impulso de la educación parvularia y de la primera infancia. El freno que ha tenido la política en este sector es inexcusable. El logro de la plena cobertura de acuerdo a las metas de la Ley Chile Crece Contigo es la base de un sistema educativo y de atención a la infancia equitativo e integral.Los firmantes de este Pacto Social y Político por la Educación Chilena entendemos que estas metas representan un salto cualitativo y cuantitativo en el esfuerzo que el país hace por la educación y estamos conscientes de los importantes recursos financieros que ello requiere. Por esa razón estamos dispuestos a avanzar en un nuevo pacto fiscal que dé lugar a una reforma tributaria. Con ello se debiera lograr unaestructura impositiva más equitativa, con mayor aporte de los sectores más pudientes y que se traduzca en una mayor recaudación fiscal.

Llamamos a todos los sectores del país a participar debatiendo y enriqueciendo estas ideas para avanzar sin más postergación a la gran reforma educacional que el país está reclamando.

Carolina Tohá                  Osvaldo Andrade

Presidenta del PPD        Presidente del PS

José Antonio Gómez     Ignacio Walker

Presidente del PRSD    Presidente del PDC

ANEXO VII / MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEBASTIÁN PIÑERA, GRAN ACUERDO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN (GANE)

Santiago, 5 de Julio de 2011

Queridos compatriotas:

Esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes.En la sociedad del conocimiento y la información, el acceso y calidad de la educación, hacen muchas veces ladiferencia entre un mundo de oportunidades y una vida de frustraciones.

La educación de calidad es la cuna de la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Es el más poderosomotor de realización de las personas y progreso de los países. Y es también, una condición esencial para hacerde Chile un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos sus hijos.

A pesar de lo mucho que hemos avanzado, incluyendo los gobiernos anteriores, Chile sigue en deuda con laeducación de nuestros niños y jóvenes. Tenemos 3 grandes desafíos pendientes: mejorar el acceso, la calidad yel financiamiento de la educación. Estos desafíos están en el corazón de nuestro Gobierno y de nuestra sociedad.Como Presidente debo abordar los problemas y carencias de nuestro sistema educacional, que se arrastran pordécadas, con un sentido de urgencia, realismo y visión de futuro. Esta misión requerirá mucho liderazgo, tiempo, esfuerzo, compromiso y recursos. Pero también exige acuerdos y buena voluntad de todos, como lologramos, el año pasado, en la Reforma a la Educación Escolar.

Sin duda, juntos estamos avanzando en muchos frentes: completar la reconstrucción de los 4.557 establecimientos dañados o destruidos por el terremoto. Aumentar la cobertura y calidad de la educaciónpreescolar, para empezar a igualar oportunidades lo más cerca posible de la cuna. Implementar la Agencia deCalidad y Superintendencia de Educación. Avanzar hacia la duplicación de la subvención escolar, privilegiandoa los sectores más vulnerables y de clase media, a través de la subvención escolar preferencial.También estamos atrayendo a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía, a través de la beca Vocación de Profesor. En modernizar el Estatuto Docente, para reconocer, capacitar e incentivar mejor anuestros profesores. En fortalecer el liderazgo y excelencia de los directores de escuelas y liceos. Encomprometer más a los padres y apoderados, entregándoles mejor información de los resultados de la educación de sus hijos. También en motivar y exigir más a los alumnos. En crear 30 nuevos liceos de excelencia, que se sumarán a los 30 ya existentes, y un liceo de excelencia virtual en la WEB, que servirá de apoyo a alumnos, padres y profesores, a lo largo y ancho de Chile.

Adicionalmente, he dispuesto que el ministro de Educación, dialogando con todos los actores,fortalezca losliceos técnicos profesionales y la educación pública escolar, para que todos nos sintamos orgullosos de ella, através de nuevas opciones de administración de los colegios municipales.

Tal como lo señalé el 21 de mayo, llegó el momento de avanzar también, y a paso firme, en la reforma a laEducación Superior.

En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejoreducación. Los hemos escuchado con mucha atención. Y tienen razón. El Gobierno de Chile y este Presidente comparten en un cien por ciento este objetivo. Pero junto a sus derechos, los estudiantes también tienen deberes: asistir a clases, estudiar, y cuando se manifiesten, hacerlo en forma pacífica, sin violencia ni vandalismo, y respetando los derechos de los demás. Porque por muy masivas que sean las manifestaciones, estoy seguro que la mayoría de los estudiantes quiere estudiar, los adultos trabajar y los chilenos, vivir y progresar en paz.

Ya es tiempo de terminar con las tomas y protestas y recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos. Por estarazón, propongo a todas las chilenas y chilenos un Gran Acuerdo Nacional por la Educación: el AcuerdoGANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la Educación Superior,para avanzar hacia una Sociedad de Oportunidades y contribuir al sueño de todo padre y madre, cualquiera sea su condición socio-económica, de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales,sin tener que arruinarse o sobre endeudarse para pagar los aranceles o créditos, o tener que elegir cuál hijo podrá acceder a la Educación Superior y cuál no. No queremos que el sueño de un hijo profesional sea una pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos profesionales.

Para lograr estos objetivos, el Gobierno estima indispensable que el Acuerdo GANE contemple la aplicación delas siguientes medidas:

En primer lugar, esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero.Por esta razón planteamos la creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones dedólares, que represente un verdadero pulmón para la educación, complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de losexcedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del Gran Acuerdo Nacional por la Educación.

En segundo lugar, mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes. En palabras simples, másbecas y créditos más económicos. Para estos efectos el Gobierno plantea: Primero, aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incremente en un 20% su monto. Segundo, garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de Educación Superior acreditada que ellos elijan. Tercero, reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago, y una suspensión de éstas en casos de desempleo.

Adicionalmente, convocaremos a un grupo de trabajo, para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual Crédito con Aval del Estado, por uno más justo y eficaz. Cuarto, rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom.

En tercer lugar, mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistemauniversitario. Para esto postulamos: Primero, considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU, en los sistemas de admisión. Segundo, fortalecer la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia. Tercero, establecer un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de Educación Superior a sus alumnos y postulantes, para que éstos tomendecisiones informadas, incluyendo antecedentes académicos y financieros de la institución, y laborales de susegresados, como empleabilidad y remuneraciones. Cuarto, crear una nueva institucionalidad, a través de laSubsecretaría y Superintendencia de Educación Superior. Quinto, establecer un nuevo trato con lasuniversidades del Estado, mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización, y refleje de esta forma el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad.

En cuarto lugar, definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Adicionalmente, aseguraremos la transparencias total del sistema y abriremos un debate amplio, para analizar la posibilidad de distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables.

El financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones. El financiamiento estatal a los alumnos deberá ser en función de su mérito y situación socioeconómica, permitiéndoles elegir libremente la entidad en que deseen estudiar, y avanzando hacia un sistema sin estudiantes de primera y de segunda clase.

El Gobierno creará 3 fondos concursables, al cual podrán postular las universidades, orientados a mejorar lacalidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología y a potenciar el aporte de las universidades regionales al desarrollo de sus respectivas regiones.

Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creemos que ello constituye ungrave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Nuestro Gobierno apoya elconcepto de una Sociedad Docente, donde tanto el Estado como la Sociedad Civil puedan participar y aportar en la noble y valiosa misión de educar a nuestros niños y jóvenes, protegiendo el derecho de ellos y sus familias, a elegir libremente la institución en que quieren estudiar.

He solicitado al ministro de Educación, con la activa participación y colaboración de todos los sectores, sacar adelante este Acuerdo GANE, el que requerirá un amplio y sólido compromiso de los alumnos en las salas de clases, los profesores en las aulas, los rectores y directores en sus instituciones, los padres y apoderados en sus hogares, los alcaldes en sus comunas, los parlamentarios en el Congreso y, por cierto, del Gobierno y este Presidente en La Moneda.

Este Gran Acuerdo Nacional por la Educación, hará de ella una verdadera fuente generadora de igualdades y oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes, que favorezca el desarrollo de los talentos que Dios les dio y les permita una vida más plena y feliz.

Lo dije al comienzo, la batalla por una educación de calidad es la madre de todas las batallas. Es en este campo donde debemos ganar la batalla de las oportunidades, la batalla por la equidad y la batalla del futuro.

Porque no podemos fallarle a nuestros niños y jóvenes, como Presidente de Chile, tomaré todas las medidas y enviaré todos los Proyectos de Ley que sean necesarios para implementar el Acuerdo GANE. Convoco encarecidamente a todos mis compatriotas a sumarse, con entusiasmo y compromiso, a esta noble, urgente y necesaria misión de darles a nuestros niños y jóvenes la educación de calidad que merecen y necesitan.

Muy buenas noches y muchas gracias.