Proyecto de Ley de Televisión Digital: Otro caso de “la letra chica” y link a negocios futuros de Piñera. Empieza a emerger un movimiento ciudadano que le pide a los senadores: TV digital gratuita y de calidad. Alfredo Peña R.

El Presidente Piñera en círculos privados ha dicho "que volverá a la televisión" ¿será por eso que está promoviendo un proyecto de TV digital en que la industria televisiva obtiene con claras ventajas ?. Hay que recordar que Piñera fue propietario único de Chilevisión hasta mediados del año pasado, luego de vender sus acciones por distintas presiones políticas.

Empieza a emerger un movimiento ciudadano que le pide a los senadores: TV digital gratuita y de calidad y que se legisle a favor del 65% de las familias chilenas que sólo accede a la televisión abierta y no a favor de la industria televisiva.

 Imagine por un instante que la selección chilena de fútbol está por disputar un trascendental partido en el futuro mundial de Rusia 2018, y que al llegar del trabajo y encender su televisor se encuentra con que ese imperdible duelo deportivo no podrá verlo. No porque su aparato esté defectuoso ni porque los canales nacionales de señal abierta no estén transmitiendo en directo desde Moscú, sino porque con la llegada de la televisión digital a los hogares chilenos, es probable que el canal que compre los derechos de transmisión decida emitir el mundial en su nueva señal de pago o "premium", obligando a miles de hogares a tener que pagar por un contenido que históricamente ha sido de libre disposición.

 Esto podría ocurrir si el Senado aprueba esta norma propuesta por el Gobierno en la Cámara de Diputados en el Proyecto de Ley sobre Televisión Digital Terrestre es decir, la facultad que entregaría la Ley para que los canales tengan una oferta diferenciada en calidad y contenidos, además de habilitar el cobro por aquellos contenidos "premium" que sean vía suscripción.

 El proyecto original enviado al Congreso por la Presidenta Bachelet buscaba generar una televisión de mejor calidad y cobertura. Pero este proyecto sufrió cambios e indicaciones introducidas por el actual gobierno de Piñera. Las principales modificaciones que introdujo el Ejecutivo son la entrega casi a perpetuidad de la concesión del espectro televisivo a los actuales canales y altas barreras de entrada a potenciales nuevos canales locales, comunitarios o pequeños.

El otro gran cambio -promovido por Presidente Piñera- fue facultar a los canales a cobrar por el 50% de sus transmisiones; los que obviamente cobrarán por los contenidos más vistos y que generan mayor interés en la comunidad, relegando a quienes no paguen a ver televisión de menor calidad y bajo el criterio de lo que los canales crean que la gente debe ver.

Lo anterior se traduce simplemente en que existirán dos tipos de personas: los que paguen para acceder al contenido "de calidad" y los de segunda clase que no pagan. Esta posibilidad de pago es el mecanismo que acordó la ANATEL con el Gobierno para financiar la industria.

Dichas indicaciones ya han sido rechazadas por varias agrupaciones como el Instituto Chileno de Derechos y Tecnologías (ICDT), cuyo consejero, Raúl Arrieta, es enfático en afirmar que el actual proyecto privilegiará sólo a quienes puedan pagar por una suscripción, en desmedro de la inmensa mayoría de los hogares chilenos que no tiene acceso a televisión de pago.

 "La migración hacia la Televisión Digital, contemplando televisión de pago, se va a traducir en que no voy a poder seguir viendo la programación que hoy estoy acostumbrado a ver, ya que parte de esos contenidos van a pasar a pago", agregó.

Similar opinión manifiesta el abogado Cristian Elgueta, secretario de la Mesa Ciudadana y TV Digital, organización que agrupa a 22 entidades provenientes del mundo de las comunicaciones, la cultura y diversas ONG`s. señaló que "es fundamental que se mantenga la televisión gratuita y de libre recepción para todos los hogares, ya que al instaurar una televisión de pago ello provocará una migración de los mejores contenidos a ese tipo de televisión, en perjuicio de aquellos que no puedan pagar una suscripción, que hoy son el 65% de las familias".

 En la misma dirección crítica se pronunciaron las senadoras Soledad Alvear y Ximena Rincón quienes señalaron que "la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados no garantiza más y mejor televisión para los chilenos ni más y mejor producción chilena de contenidos".

Concesiones

 Otro de los aspectos de la tramitación de la ley que también levanta polvo y genera suspicacias es el referido a la entrega de las concesiones del espectro electromagnético, bien que es considerado de carácter público y que en los orígenes de la televisión chilena fueron cedidas a perpetuidad a las universidades para el desarrollo de los primeros canales de televisión; sin embargo, hoy dichas concesiones pertenecen a grandes consorcios como Time Warner, Grupo Luksic, Claro y Televisa, por lo que los críticos del proyecto cuestionan que dichas concesiones sean entregadas casi a perpetuidad a los actuales canales, cediendo así un bien público en inmejorables condiciones para el desarrollo de nuevos negocios de la industria televisiva.

Al respecto Raúl Arrieta sostiene que "no es aceptable es que un bien que es público, como es el espectro, que se entrega a los actuales concesionarios sin concurso, sin licitación, sin nada más que presentar un proyecto técnico, sus concesiones se traspasen en condiciones diferentes a las cuales se tenían". Y agrega que "la televisión de libre recepción, como su nombre lo dice, supone que los usuarios la pueden recibir libremente, por ello es que no se puede aplicar por ella cobros directos ni indirectos, como quiere la Anatel, ya que dicho cobro rompe toda lógica económica de pagar por algo que es gratuito".

 Sobre este punto el presidente de (Conadecus), Hernán Calderón, planteó que "el espacio radioeléctrico es un bien nacional de uso público que pertenece a todos los chilenos y que se está entregando en concesiones para fines de lucro, por lo que no me extrañaría que los elevados precios en las ventas de canales que se han realizado últimamente, tengan vinculación con la posibilidad de que este proyecto está dando ventajas futuras a los canales para hacer televisión de pago".

 En la misma línea Raúl Arrieta señala que "acá hay un tema que hay que sincerar: estamos realmente preocupándonos de generar la aplicación de la TV Digital o estamos preocupándonos de traspasarle recursos a una industria que se ve amenazada por la TV de pago o por otras plataformas como el cable o internet. O sea, si el problema es que a la TV pública hay que inyectarle recursos, discutámoslo en la Ley de Televisión Nacional, pero no acá".

 Hay un ancho consenso social de que el proyecto ha sido adecuado y moldeado según los intereses del Gobierno y de ANATEL, no de los ciudadanos. El real peligro de aprobarse -con las indicaciones introducidas por el Gobierno- se traducirían en que tendríamos que pagar por ver la "señal Premium" de los canales abiertos. Lo "Premium" o TV de pago será el producto de calidad para los canales de televisión; y en la señal gratuita y abierta nos taparan con producciones extranjeras, Los Simpsons o realitys.

 Empero lo anterior, los programas de calidad que transmiten los canales abiertos en la actualidad, por ejemplo "Los 80", son financiados por fondos que entrega el Estado y no por los canales. Ellos solamente "prestan" el espectro para la transmisión de las producciones.

 Así las cosas, el proyecto de TV digital asoma como un nuevo intento del Gobierno de favorecer a una industria (los canales de televisión) y genera una nueva discriminación con quienes no tienen para pagar una nueva cuenta, o simplemente se oponen a la idea de pagar por algo que debe ser gratuito. El 65% de las familias sólo accede a la televisión abierta e imponerle un pago sería altamente discriminador; ojala que esta iniciativa no prospere en el Senado y haya una mayoría política para defender a los usuarios de la televisión abierta.