Mesa de diálogo y cambios legislativos. Víctor Maldonado

Un conflicto fuera de lo corriente

El gobierno ha enfrentando mal el conflicto mapuche. Estuvo tratando de ganar tiempo, cuando es tiempo con lo menos que cuenta. Ahora instaló un “facilitador”, lo que representa un procedimiento largo cuando lo que urge es la rapidez y prepara una mesa de diálogo sobre el Plan Araucanía, algo que puede ser importante, pero que tiene otro propósito y otra agenda.

Esta puede ser una línea de conducta correcta o incorrecta, dependiendo de si se tiene un buen diagnóstico inicial sobre las motivaciones y capacidades de quienes protagonizan la huelga de hambre mapuche.

Si lo que predomina es la manera de ver de quienes miran a este como un conflicto ordinario, centrado en intereses bien acotados, entonces la premura no será tanta, puesto que el Ejecutivo estará seguro que la amenaza de llegar hasta las últimas consecuencias no existe. Al final –pensarán los responsables de gobierno- lo que predominará será el interés por preservar la propia vida.

En este caso el fin superior a preservar desde el oficialismo es el de no perder la imagen de fuerza que se ha venido cultivando, la impronta de una administración dura que no sabe de claudicaciones y que no cede ante las presiones.

En otras palabras, el gobierno estará enfrentando esta crisis como una competencia en la que el que pierde es el que se deja amedrentar ante las amenazas de su antagonista. Se trata de una medición de fuerzas, en que gana el más duro.

Pero hay otra forma de diagnosticar lo que está pasando. Y esta forma no parte de una especie de subestimación de la contraparte. Si se considera que la contraparte se mueve por convicciones profundas, entonces se sabrá desde un principio que lo que se tiene entre manos no es un conflicto rutinario sino uno excepcional.

Lo que el otro está buscando no es un beneficio más o menos sino el reconocimiento nacional de la demanda de un colectivo. Ocurre que mientras más tiempo pasa, más tienen los actores involucrados la sensación de haber llegado más allá de lo que nadie ha alcanzado en varias décadas. Y esa es una motivación adicional para continuar.

Por lo mismo, lo que se puede esperar desde esta perspectiva es que el paso del tiempo no facilite la salida sino que la vaya haciendo más difícil.

Más aún, un participante motivado por convicciones verá en el trato displicente del Ejecutivo, la confirmación más obvia de que está siendo discriminado, y no tomado plenamente en serio. Y eso aumentará su capacidad de resistencia.

Quienes tienen a su cargo el manejo de un conflicto extraordinario deben hacer un buen empleo del tiempo disponible, el recurso principal. No se especula. No se duda. No se juega a la indiferencia. Se compromete a todos los actores disponibles en la búsqueda de la solución.

Pero en ningún caso se dan largos rodeos deslindando responsabilidades, porque el gobierno es el único que no deja nunca de estar a cargo del bien común. Mucho menos en casos como estos.

Jugando al límite

Da la sensación de que, hasta ahora, el gobierno ha estado más dedicado a calcular el costo que tendría en su prestigio e imagen pública el abrir negociaciones, que abocado a la búsqueda de la solución misma del conflicto.

Desde el inicio ha estado asociando la negociación con una demostración de debilidad.

Se entiende por qué ocurre algo así. La conducción política de derecha ha querido mostrar su desempeño en seguridad ciudadana como una diferencia comparativa a su favor frente a la Concertación.

Desde la perspectiva del actual oficialismo, la centroizquierda actuó con debilidad o negligencia contra la delincuencia y contra quienes empleaban la violencia como arma de acción política.

Por eso ahora está demostrando una confianza ilimitada en el uso de la represión inmediata y fuerte contra las manifestaciones públicas de la más diversa índole.

El resultado no se ha hecho esperar. Al correr el cerco de las acciones policiales permitidas, algunos ha sentido que es posible actuar más allá de lo que la ley permite. Hemos visto cómo se han dado de baja a efectivos de carabineros por extralimitarse en sus actuaciones, cuando ha quedado testimonio gráfico de los hechos cuestionados.

Pero estos hechos no son simplemente demostraciones de actuaciones personales que llegan al exceso. Es lo que suele ocurrir cuando la policía es requerida para todo y desde ya. Personal cansado y sobreexigido es casi garantía segura de problemas.

Las instrucciones de gobierno en materia de represión implican estar jugando permanentemente en el límite. Tarde o temprano esto tendrá malas consecuencias.

Se entenderá, entonces, que un gobierno que basa su buen concepto de sí mismo en la dureza de sus acciones, no esté dispuesto en principio a dar un tratamiento adecuado y flexible a una huelga de hambre motivada por causas que sobrepasan las motivaciones ordinarias, tal cual ha ocurrido en el caso de los comuneros mapuches.

En este caso, lo que primero ha visto el Ejecutivo es el uso de un procedimiento de presión, que fue calificado de “ilegítimo”. Desde allí lo que se esperó, por un lapso demasiado prolongado, fue que se desistieran de la huelga para de allí –sin ningún compromiso previo- se empezara a conversar. En las circunstancias en que nos encontramos esto es lo mismo que no solucionar nada, y por eso llegamos al punto actual.

En el fondo, quedar atrapado en la protección de una cultivada imagen de fortaleza es una gran debilidad. Y un grave error.

El segundo problema

Negociar no es lo mismo que claudicar. Tal como ha dicho la ex presidenta Michelle Bachelet, gobernar consiste en “generar los espacios de encontrarse, de escucharse y de buscar soluciones. Legitimar no es lo mismo que “hacerse cargo”.

La solución a la huelga de hambre de los comuneros mapuches implica combinar diálogo con cambios legales efectivos y concordados. Esto es: se requiere instalar una mesa de negociación y, en paralelo, proceder al cambio de leyes que permitan que a los comuneros se les aplique las ya fuertes sanciones de la ley común, pero no la deficiente legislación antiterrorista. En ambos aspectos hemos tenido dificultades, y en ambos casos tendremos que enmendarlos.

Ya hemos mencionado los problemas que el gobierno ha tenido para iniciar las negociaciones, aun a sabiendas de que tendrá que emplear este mecanismo de mantenerse la presión de los huelguistas. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en las dificultades que la oposición ha encontrado para enmendar la ley antiterrorista y eliminar el segundo obstáculo importante para llegar a un acuerdo aceptable.

El oficialismo mandó al parlamento un proyecto de ley que dejaba inalterados los puntos de conflicto con los comuneros. Era, pues, imprescindible que la Concertación produjera las mejoras legislativas, aunando toda la presencia de la oposición tras un mismo propósito.

Pero, como se sabe, la centroizquierda perdió su importante –y mínima- ventaja en el senado al votar Hosaín Sabaj (DC) por la posición de gobierno en el importante punto de la inclusión de los incendios como conducta terrorista.

El tema reviste importancia porque el alineamiento concertacionista fue un trabajo serio y sistemático que alineó a directivas de partido, bancadas y equipos técnicos. Las propuestas fueron aquilatadas y consensuadas. De allí que el resultado de la votación tuviera un fuerte impacto político. El gobierno lo celebró como una gran victoria y agradeció el “aporte” del senador DC.

La situación es lamentable mirado desde la perspectiva del objetivo principal opositor: colaborar a salvar las vidas en riesgo de los comuneros. Se ha perdido tiempo justo cuando una falla puede tener costos irreparables.

Pero de lo que podemos estar seguros es que el dialogo volverá a traer los temas que se han negado a ser reformulados, porque la Concertación no los presentó por capricho, sino por el pleno convencimiento de que se trata de aspectos fundamentales a resolver.

Por eso, donde hay que poner el énfasis ahora es en asegurar la coherencia y la credibilidad de la Concertación y del PDC en el parlamento. Si la centroizquierda ha de existir como alternativa de gobierno, entonces ha de expresarlo donde es más fuerte, es decir, en el Senado.

Se trata de avanzar, no de retroceder. No hay que regalarle disidentes circunstanciales a la derecha, sino acotar los márgenes en que las diferencias se pueden expresar sin daño a un bien superior. Esto significa explicitar los acuerdos fundamentales, darlos a conocer antes de las votaciones y pedir disciplina sobre la base de consensos en lo esencial. Los partidos pueden colaborar mucho en adquirir prácticas que involucren a la opinión pública antes de las votaciones en el Senado.

La unidad requiere de coherencia en la acción, y la coherencia necesita del respeto de los consensos básicos. Los acuerdos sustantivos pueden hacerse exigibles en base a definirlos a tiempo, darlos a conocer a muchos y comprometer a los que votan. Es mucho trabajo, pero buena política. Vale la pena intentarlo.