EN TORNO AL PROBLEMA MAPUCHE.Gonzalo A. Figueroa Hernández Militante DC

En días pasados hemos presenciado que varios comuneros mapuches han decidido iniciar una huelga de hambre indefinida, tras encontrarse procesados por infracción a la ley Antiterrorista. ¿Qué hicieron y de qué se les acusa? Muchos de los huelguistas han participado en delitos contra la propiedad pública y privada de las regiones del Bío-Bío y de la Araucanía y podrían purgar condenas de más de ochenta años. Son jóvenes, algunos estudiantes universitarios, y todos ellos con un objetivo común: reivindicar a su pueblo para lograr el reconocimiento oficial que el Estado chileno les negó desde su fundación como república independiente.

¿Qué deberían celebrar al cumplirse el bicentenario de la patria?

Históricamente con la Corona española el pueblo mapuche había logrado un modus vivendi que les permitió estabilizar una línea de divisoria con sus dominios, afincada en el río Bío-Bío, con esporádicas incursiones de uno u otro bando. Pero, al producirse la emancipación de Chile, los sucesivos gobiernos conservadores, primero, y luego, liberales, iniciaron un proceso de asimilación cultural y expansión territorial con persistentes campañas militares de exterminio y pillaje del pueblo mapuche, como consignan los manuales de historia de la época. El estado no respetó los antiguos límites y, al contrario, tomó posesión de las tierras mapuches, aniquilando a su población. Estos vastos terrenos fueron otorgados a  familias de colonos, a miembros del ejército y de la administración pública.

Existe, por tanto, una deuda histórica, que no es posible saldar a través de una denominación genérica de que “todos somos chilenos”, la que no distingue razas ni pasados históricos, y que han querido homogenizar las sucesivas constituciones desde los orígenes de la época republicana nacional.

Cabe, entonces, la pregunta: ¿Con quienes tenemos la deuda histórica, quienes son y como debemos resarcirlos?

En el terreno de las definiciones, resulta difícil hasta para un antropólogo o sociólogo distinguir claramente quienes son miembros de la etnia mapuche y genéricamente, de las etnias originarias de Chile. Porque, de abrirse la discusión sobre la viabilidad de otorgarle al Estado de Chile un carácter pluricultural, dicho reconocimiento tendría que ser extendido a todos las etnias. Para reconocer ese status habría que establecer puentes con las organizaciones representativas a fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. Vasta experiencia en la materia tienen algunos países vecinos, que ya asumieron ese status constitucional, tal como Bolivia, que lo adquirió tras la revolución indígena encabezada por su presidente Evo Morales, y que ha dado pie a una nueva etapa de su historia con pueblos ancestrales sujetos de derechos y creadores de su propia destino.

A nivel coyuntural, el Gobierno de Piñera envió un proyecto de ley al Parlamento con carácter de urgente para intentar abrogar la Ley Antiterrorista, luego que la opinión pública nacional e internacional presionara al constatar que ésta es abiertamente discriminatoria y lesiva de los derechos de los mapuches. De hecho, sólo se aplica a esa etnia, aún cuando hechos recientes de gran violencia, - como el acontecido con los trabajadores de Codelco, quienes quemaron más de diez camiones y se enfrentaron a las fuerzas policiales,-  pasaron desapercibidos pese a su gravedad.

En los últimos cuarenta años el pueblo mapuche no ha encontrado eco a sus demandas a nivel del Estado y de los sucesivos Gobiernos, los cuales, en lo modular, no han cambiado su postura de reprimirlos como delincuentes habituales o terroristas, abogando por su mandato constitucional de hacer respetar el Estado de derecho.

Las iglesias han jugado distintos roles: durante el Te Deum de los evangélicos de hace algunos días, de los 12 reverendos al menos 9 llamaron a apoyar la causa mapuche, lo que “impulsó” a la iglesia católica a sacar a su carta más democrática para Cardenal,  Monseñor Ezattiy, como posible mediador entre el Gobierno y los comuneros.

Los partidos políticos han sido reticentes con estos movimientos. La democracia cristiana, que al principio guardó silencio por no contar con una postura única, llegó a la conclusión,- a través de su presidente, el Senador Ignacio Walker.- que se debía convocar a una mesa de diálogo, tal como ha ocurrido en el pasado reciente.

El Partido Socialista y el Comunista apoyan a los huelguistas, algunos de cuyos parlamentarios se han plegado a la misma.

Por otra parte, la presidenta del Partido Por la Democracia, Carolina Tohá, ha hecho un mea culpa porque su partido impulsó, en su época, la aprobación de la ley Antiterrorista, legado de la Constitución pinochetista cuyo artículo 8° fue aplicado en los años ochenta, entre otros, contra dirigentes estudiantiles como ella. Estos tardíos arrepentimientos han sido utilizados por el Gobierno para lavarse las manos sobre el problema en cuestión, culpando a las anteriores administraciones. Mientras, la derecha mira con escepticismo todas estas manifestaciones, buscando que los huelguistas depongan el movimiento de manera unilateral, poniéndose detrás de Piñera, quien ha llamado a “la unidad nacional en la época del bicentenario”.

En tanto, los huelguistas se encuentran en un preocupante estado de salud y las mesas de diálogo a las que han llamado las iglesias y los partidos de oposición aún no cuajan en el Gobierno.

Si la oposición quiere jugar un papel central en este nuevo período de reinstalación de las derechas, - esta vez populista, demagógica y siempre autoritaria, - como intérprete del sentir de la nación, deberá responder al desafío de defender la causa mapuche, fijando posiciones claras y unitarias que den cuenta de ello.

Gonzalo A. Figueroa Hernández

Militante DC