El misterio de las pantallas de computador del Presidente y el fideicomiso tuerto. CIPER

¿Tiene el Presidente un terminal en su escritorio en La Moneda que le permite estar informado permanentemente del pulso de la Bolsa pudiendo incluso efectuar transacciones? La pregunta, explosiva por sus implicancias, la generó un conceptuoso artículo sobre Piñera publicado en el periódico inglés Financial Times el miércoles 21 de julio, donde se afirma que el Presidente tiene en su escritorio un terminal de Bloomberg. Esta empresa lo desmintió. Jude Webber, periodista que escribió la nota, me aseguró que fue el propio Presidente quien le dio la información publicada.

 La controversia pone en el tapete la urgencia de que el Ejecutivo y el Parlamento solucionen la ausencia de una institucionalidad, como el fideicomiso ciego, que garantice que un Presidente, acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones, cumplirá con su deber y pondrá una muro entre él y sus negocios.

Gracias a El Mercurio nos enteramos el domingo 18 de julio de que el Presidente Sebastián Piñera tiene tres pantallas de computador en su despacho en La Moneda “por las que se desplaza libremente el mouse saltando de una a otra”. La foto que ilustra la entrevista al mandatario muestra que en dos de ellas tiene abierta la página web de El Mercurio, mientras que en la tercera se ve la foto de un niño –probablemente uno de sus nietos– como salvapantallas.

Publicaciones anteriores ya habían mostrado el despliegue de las pantallas del Presidente y en Twitter varios noa habíamos preguntado para qué usaba tantas y si una de ellas no sería un terminal de la Bolsa. Hace algunas semanas me contaron de un invitado a palacio que salió algo escandalizado luego de sacar la misma conclusión. El miércoles 21, un artículo del Financial Times le puso nombre y apellido a la pantalla: un terminal de Bloomberg.

“Si Chile fuese una empresa como aquellas donde el señor Piñera hizo sus billones, sería una historia de éxito: el crecimiento está alto, a pesar del duro panorama para muchos. El país tiene US$ 11 mil millones en reservas del cobre, su exportación bandera, y un envidiable récord de prudencia financiera. Pero casi cada pulgada del escritorio del señor Piñera en La Moneda está abarrotado de reportes sobre como el país podría mejorar. Tiene una calculadora a mano, un bloc de notas garabateado con números frente a él y un terminal Bloomberg”, afirma el artículo de Jude Webber en el Financial Times.

Según una nota de El Mostrador, en La Moneda negaron que existiera cualquier contrato con Bloomberg y luego dicha empresa se vio obligada a enviar una carta dirigida a la Secretaría de Comunicaciones confirmando que no hay terminales activos en el palacio de gobierno. Sin embargo, Jude Webber, periodista que entrevistó a Piñera y escribió la nota del Financial Times, me confirmó que fue el propio Presidente quien en el mismo despacho le dio la información publicada: cuando le preguntó si una de las pantallas era de Reuters, Piñera le respondió que no, que era Bloomberg.

El detalle es importante porque la suscripción de pago de Bloomberg no sólo provee de información premium sobre los mercados, sino que por ser bidireccionnal permite también hacer transacciones. La pregunta era obvia: ¿estaba el Presidente usando ese servicio?

Un amigo que conoce por dentro el mundo financiero me acusó de ser malpensada. Él también tiene tres pantallas sobre su escritorio que le permiten revisar múltiples informaciones simultáneamente, pero ninguno de ellos es Bloomberg, cuyo terminal que antes tuvo, hoy añora. Insiste en que se trata de una gran herramienta de análisis y que su presencia sólo daría cuenta de que Piñera es una persona bien informada. Quizás tiene razón.

No pretendo acusar al Presidente Piñera de estar haciendo transacciones financieras pese a haberse comprometido a desligarse del manejo de sus inversiones. Lo que preocupa es que no exista una institucionalidad que resguarde que así sea y todo se base en la confianza de que el Presidente –y uno que estaba acostumbrado a manejar personalmente un patrimonio avaluado por Forbes en US$ 2.200 millones– cumplirá su promesa.

Durante la campaña presidencial, Piñera transfirió sus principales activos a cuatro instituciones financieras: Celfin, Larraín Vial, Moneda y Bice. Lo hizo sin tener obligación, configurando lo que llamó “fideicomiso voluntario”. Excluyó del paquete su participación en LAN (que terminó de vender poco después de iniciado su gobierno), Chilevisión (aún bajo su control después de una reciente venta fallida) y Blanco y Negro, lo que a su juicio da cuenta de su “compromiso con el deporte”.

Se trata de un “fideicomiso tuerto”, pues dejó fuera parte importante del patrimonio de Piñera y porque nada impediría que, de quererlo, el Presidente supiera cómo se están invirtiendo los activos que sí ha delegado. Se trata de un simple contrato entre privados.

El gobierno ha argumentado que la administración anterior no tuvo voluntad política para legislar sobre la figura del fideicomiso ciego y que ahora sí se impulsará su tramitación. Cuando en 2008 se envió el proyecto de ley, la oposición de entonces acusó de que se estaba legislando “con nombre y apellido” del candidato Piñera. Probablemente algo de eso hubo, pero el lento avance de la iniciativa demostró que la clase política no fue capaz de ponerse de acuerdo en un tema esencial para la sana democracia: legislar para resguardar la correcta separación de los intereses públicos y privados de las autoridades.

Es probable que la moción haya tenido defectos, pero éstos debieron subsanarse a tiempo y no ahora, cuando será el principal afectado por la ley el que marcará los tiempos y énfasis que lo regularán.

La falta de un marco jurídico específico fue relevada la semana pasada por la Contraloría en el dictamen que estableció que el Presidente tenía el mandato constitucional y legal no delegable de nombrar a autoridades ligadas al mercado televisivo, pese a tener intereses en el sector a través de Chilevisión. El documento señala que si bien a comienzos de enero una reforma constitucional estableció que una ley podría disponer de medidas para resolver conflictos de interés de las autoridades o incluso obligarlas a enajenar sus bienes, dicho cuerpo legal aún no ha sido dictado. En dichas condiciones, ni la Contraloría ni otro organismo tiene atribuciones para regular su patrimonio.

La promulgación de la reforma constitucional a la que aludió la Contraloría fue la condición puesta por la Alianza para seguir avanzando en el proyecto. Ya han pasado seis meses de aquello y el texto aún no pasa la barrera del primer trámite legislativo. En junio el gobierno presentó una indicación sustitutiva que no dejó conforme a nadie -”eso sí era un fideicomiso tuerto”, dicen en la oposición- y se está a la espera que envíe nuevas indicaciones antes del 4 de agosto.

El proyecto de ley original al menos establecía algunos puntos importantes. La redacción inicial disponía que las autoridades con patrimonios superiores a los US$ 20 millones debieran encomendar su manejo a terceros a través de un fideicomiso ciego. Los activos debían estar diversificados y debía garantizarse la independencia respecto del fideicomisario. Las comunicaciones entre ambas partes deberían ser por escrito y visadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se prohibía expresamente el conocimiento del destino de las inversiones y las comunicaciones directas entre ambos. La violación de esa cláusula de reserva implicaba costos graves. De partida una multa de 5.000 UTM (unos $180 millones), monto que se duplicaba si la autoridad reincidía. Lo mismo corría para el mandatario del fideicomiso, que además perdía su licencia para operarlo durante un año. Pero lo más grave es que, en caso de reincidencia, se le impediría operar en todo el sistema financiero durante el mismo periodo.

Es probable que el proyecto fuera perfectible –de hecho ha mutado hasta ser casi irreconocible–, pero resulta injustificable que aún no haya acuerdo. El episodio del terminal Bloomberg demostró que detalles insignificantes pueden exponer al Presidente a cuestionamientos innecesarios y poco sanos para la democracia. Pone a prueba de paso a los parlamentarios, varios de los cuales se ven afectados por la nueva redacción del proyecto y deberán legislar sobre sus propios intereses.

Hoy estamos frente al peor escenario y el gobierno debe dar señales claras de que tiene la voluntad de restringir al máximo la capacidad del Presidente de influir sobre el manejo de sus inversiones, así como a obligarlo a desprenderse de aquellos activos que lo ponen ante un claro conflicto de interés