Jorge Pizarro acusa "congelamiento" de red de protección social

Recorriendo las calles de Coquimbo o de cualquier ciudad de mi región, frecuentemente me reúno con jóvenes o visito establecimientos educacionales de la zona. Sin ir más lejos, esta semana estuve en Paihuano y en una actividad en la escuela básica, tuve una distendida conversación con estudiantes de 8vo año que me explicaron el significado de la frase "pasar piola". Se aplica cuando se quiere pasar inadvertido o derechamente que algo no sea notado ni observado.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora con el congelamiento de dos importantes beneficios sociales del gobierno que la actual administración ha resuelto realizar y no reajustar sin comunicarlo a la ciudadanía. Se trata del Subsidio Único Familiar, SUF, y de la Asignación Familiar y Maternal; ambas potentes herramientas de apoyo a las familias de menores ingresos del país que durante los gobiernos de la Concertación fueron de gran ayuda para los chilenos.

El Subsidio Único Familiar consiste en una ayuda económica por parte del Estado a las madres, padres o tutores carentes de recursos y que tengan a su cargo a menores de hasta 18 años de edad que no estén cubiertos por ningún régimen normal de previsión social. Hoy se pagan a alrededor de 825 mil familias con un promedio de 2,5 SUF por familia.

En el caso de la Asignación Familiar, las familias beneficiarias son las de aquellos trabajadores con ingresos que no superen los $293 mil pesos. Le sirve a casi un millón 200 mil chilenos y chilenas.

Este año, el gobierno ha resuelto "congelar" estos beneficios sociales, que en suma se entregan a cerca de 2 millones de familias, no reajustando los valores que la propia ley establece se haga los 1º de julio de cada año.

En el último proyecto de ley que fijó el ingreso mínimo (Ley 20.239) aprobado durante el mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet, las Asignaciones Familiares y los Subsidios Unicos Familiares tuvieron un reajuste superior al ingreso mínimo, generando con ello una señal de fortalecimiento de estos instrumentos del sistema de protección social. No obstante, en el proyecto de ley ingresado al Congreso por la actual administración, este reajuste está ausente y se quiere "pasar piola" con ello.

Como legisladores tenemos la obligación moral de informar a la ciudadanía sobre qué y cómo estamos haciendo las leyes. Y también de dar a conocer los detalles o la letra chica que venga en cada uno de los proyectos de ley que se ingresen al Parlamento. Esto ha venido ocurriendo desde marzo pasado.

Es legítimo que el gobierno aplique políticas públicas según su ideología, pero lo que no nos parece es que se quiera "pasar piola" o que no se le cuente a la gente lo que se está haciendo y los motivos para no profundizar o discontinuar la red de protección social que tanto ayuda a tener un Chile más solidario. Estaremos atentos para informar y no nos quedaremos callados ante lo que consideramos son derechos adquiridos por la población, incluyendo también lo que se haga con las pensiones que concedió la Reforma Previsional o con otros programas sociales que pareciera ser quieren terminarlos y no corregirlos.

Ante todo nos debemos a quienes nos eligieron como sus representantes. El mandato popular nos obliga a ser responsables y actuar en consecuencia, y por ello defenderemos las iniciativas y programas sociales que mejoren la calidad de vida de la gente más vulnerable del país.