Parlamentarios de la Concertación califican de “inusitada” y “oblicua” propuesta de El Mercurio de crear una comisión “transversal en lo político” ...

Con sorpresa y molestia reaccionaron en la Concertación luego de la columna editorial que publicó el diario El Mercurio este martes, donde se plantea que el fallo del ministro en visita Alejandro Madrid que investiga la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982, cuyo dictamen concluye que ese proceso debe caratularse como homicidio y ordena encausar a médicos, a su chofer y a un ex agente de la CNI “está cargado de significación política”.
No sólo eso, se señala que “lo que importa es que esta investigación, de tanto alcance para la historia nacional, a su término efectivamente persuada a todo Chile de que hubo un homicidio por razones políticas”.
Y para rematar, asegura que Chile “necesita mirar al precedente que se sentó en EE.UU. tras el asesinato del Presidente Kennedy”, donde “la cúpula de ese país interpretó el sentir nacional al constituir -apenas siete días después de la muerte de aquél- la Comisión Warren, transversal en lo político y lo institucional, para que diera cuenta a todos los estadounidenses de lo ocurrido, sin menoscabo de lo que los tribunales, soberanamente, en su hora establecieran como verdad judicial”.

Emplazamiento a Jovino Novoa

El timonel de la Democracia Cristiana, diputado Juan Carlos Latorre, afirmó a Cambio21 que la propuesta que aparece en el periódico es “inusitada, porque busca de una forma escandalosa debilitar el proceso judicial que está llevando a cabo el juez Madrid”.
“Además, me parece que son posiciones que pertenecen a personas ligadas a medios de comunicación que se comportan con un doble estándar que impacta. Por un lado, predican por la independencia del Poder Judicial, pero por el otro cada vez que un fallo no les agrada políticamente no dudan en interferir y ponerlo en tela de juicio”, añadió.
Para Latorre, “insinuar que no habían móviles políticos en el asesinato de Frei Montalva, coincide con las opiniones de algunos personeros de la UDI, entre ellos el flamante ex funcionario del régimen militar y actual presidente del Senado, Jovino Novoa”.

“Es más, yo lo he emplazado a él a que explique un poco más lo que declaró el otro día, cuando aseguró que la cúpula de la dictadura no estuvo involucrado en el crimen de Frei. Ahora, si tiene antecedentes, lo ideal es que los muestre a la opinión pública”, enfatizó el parlamentario.

“No se puede hablar de instancias paralelas”

Por su parte, el senador socialista Jaime Gazmuri manifestó a este portal que tiene “una opinión distinta a El Mercurio, en el sentido que creo que la justicia ha ido resolviendo bien el tema de los derechos humanos en Chile, y en este caso particular se ha tratado de investigar un magnicidio con los elementos que corresponden, por lo que acá se trata de menoscabar de forma indebida la labor del Poder Judicial, institución que lo único que está haciendo es buscar la verdad y castigar a los culpables”.

Según el legislador, “no es homologable el asesinato de Kennedy y la Comisión Warren con el caso Frei. Esa una visión oblicua y no corresponde, porque atenta contra los fundamentos de una democracia republicana. O se confía en las instituciones o no se confía, pero no se puede hablar de instancias paralelas, lo que se debe hacer es reafirmar la institucionalidad, no debilitarla”.

Sobre mismo tema, el jefe máximo del PS, senador Camilo Escalona, se refirió hoy a las responsabilidades civiles que hay en el asesinato de Frei Montalva.

“Hay algo que la derecha todavía no hace. Cuando Frei fue asesinado, Sergio Fernández -que fue presidente, senador de la UDI y destacada figura política de la derecha- era el ministro de Interior y Jovino Novoa era el subsecretario de Gobierno”, expresó el dirigente.

Lea la columna completa publicada por El Mercurio

“El país ha conocido ayer el fallo del ministro en visita que investigó la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982. Su dictamen concluye que ese proceso debe caratularse como homicidio y ordena encausar a médicos, a su chofer y a un ex agente de la CNI. Todo esto está cargado de significación política.

Desde el asesinato del ministro Portales, en 1837 -hecho público y con autor conocido desde el primer momento-, Chile no ha conocido siquiera denuncia de muerte de un gobernante o ex gobernante por sus opositores. Ante este hecho excepcionalmente grave y conmocionante, El Mercurio publica hoy la resolución del magistrado en su totalidad, pues es evidente que ella debe ser directamente conocida por los ciudadanos y será profusamente debatida, descontando el hecho de que algunos suspicaces verán en su fecha de entrega alguna connotación electoral, que para este diario no es lo medular.

Lo que importa es que esta investigación, de tanto alcance para la historia nacional, a su término efectivamente persuada a todo Chile de que hubo un homicidio por razones políticas. El país necesita que las presunciones -un medio jurídico de prueba cuando son graves, precisas y concordantes, y permiten llegar a convicción- que invoca el juez Madrid sean exhaustivamente ponderadas e irrefutablemente demostradas en las instancias superiores.

Además, este fallo involucra a numerosas personas e instituciones nacionales, incluso a la Facultad de Medicina de la U. Católica y su hospital clínico, médicos de la misma, los mejores asesores en esa área que rodeaban al ex Presidente y otras personas de la completa confianza del mismo. Quien aparece hoy como el principal implicado, llamado por la familia del paciente a practicar una segunda operación tras los pésimos resultados de la primera, fue nada menos que subsecretario de Salud del ex Presidente, nombrado por éste en ese cargo de su exclusiva confianza.

Sin perjuicio del fallo comentado, todo esto deja grandes interrogantes abiertos. Ellos deberían ser respondidos en términos totales por las instancias judiciales superiores, pero la realidad es que nuestra jurisprudencia tiende más bien a dar por acreditados los hechos que la primera instancia tiene por tales, y se concentra, por lo general, en otros aspectos jurídicos.

Chile necesita más que eso en este caso inédito. Es tanto lo que está envuelto, que convendría mirar al precedente que se sentó en EE.UU. tras el asesinato del Presidente Kennedy: la justicia condujo el proceso respectivo hasta su conclusión, como era indispensable. Pero, además, la cúpula de ese país interpretó el sentir nacional al constituir -apenas siete días después de la muerte de aquél- la Comisión Warren, transversal en lo político y lo institucional, para que diera cuenta a todos los estadounidenses de lo ocurrido, sin menoscabo de lo que los tribunales, soberanamente, en su hora establecieran como verdad judicial.

Ese modelo parece necesario en este caso para determinar si los elementos jurídicos considerados por el juez Madrid son también sólidos en medicina, en lógica y demás aristas de las que dicho fallo no da razón suficiente, o bien podrían cobrar otro cariz a la luz de evaluaciones que vayan más allá de los peritajes que habitualmente pide practicar un tribunal.

Ante una situación como la que postula este fallo, sería esclarecedor y saneador que el juicio histórico a que arribe Chile en definitiva no dependa sólo de la visión de un solo juez, por muy respetable que él ciertamente sea”.Cambio 21

[+/-] Seguir Leyendo...