Relaciones peligrosas. Jorge Navarrete

Aunque Sebastián Piñera no es el único político que enfrenta conflictos de interés motivados por el ejercicio de la actividad empresarial, la forma en que éste eventualmente los resuelva marcará un camino para los otros.
Después de haber revisado varias encuestas de opinión, no es posible aventurar una conclusión definitiva en torno al impacto político que la condición de empresario tiene en las aspiraciones presidenciales de Sebastián Piñera. Para muchos, y habida cuenta los evidentes problemas de gestión que arrastra el Estado, la posibilidad de incorporar más y mejor management es una de las grandes promesas detrás de la candidatura de la oposición. Para otros, sin embargo, se abre un severo riesgo en torno a los conflictos de interés, el que se acrecienta en la medida de que no se han zanjado algunos temas pendientes.
Partamos por lo obvio: no es un pecado tener mucho dinero ni menos, por cierto, ser un destacado empresario. Muy por el contrario, son especialmente admirables las cualidades requeridas para desempeñarse con éxito en el ámbito de los negocios. En efecto, tener una visión, perseguirla con constancia, rigor y audacia, desarrollar cierta tolerancia a la frustración –amén, qué duda cabe, de algo de suerte– son requisitos indispensables para triunfar en un mercado cada vez más competitivo.

Aunque similares características también se requieren en el ámbito de la política, existe cada vez mayor consenso en lo inadecuado que resulta desempeñar ambas actividades en forma simultánea. Como es obvio, no se puede pretender influir o decidir sobre cuáles son las reglas por las que se regirán ciertas actividades y, al mismo tiempo, servirse de ellas en beneficio propio. Para decirlo de otra manera, es ilegítimo, en forma simultánea, arbitrar y jugar el mismo partido. En definitiva, parafraseando al propio Andrés Allamand en relación a Piñera, “no se puede querer tener protagonismo político, si al mismo tiempo se continúa siendo un activista de los negocios”.

Dicho todo lo anterior, el problema no estriba en el patrimonio financiero que pueda tener un candidato. Lo relevante es cómo se resuelve el evidente conflicto de interés que se deviene de la administración del mismo, cuando su dueño podría acceder a un importante cargo político. Más allá de comentar aquí cuán efectiva, o no, fue la fórmula de fideicomiso voluntario a la cual se sometió el propio Piñera, creo más interesante interrogarse por la situación de aquellas empresas que deliberadamente excluyó.

En el caso de Lan, el candidato afirmó que venderá su participación accionaria sólo en el evento que resulte elegido presidente de la República. Se trata de una decisión compleja, pues –de verificarse dicha condición– tendría un plazo inferior a dos meses para llevar adelante una difícil negociación y materializar una operación que involucra varios millones de dólares. Salvo que dicha gestión ya esté en marcha, podría llegar a suceder que la primera magistratura quedara en manos del socio mayoritario de una empresa estratégica, la que adicionalmente ocupa una posición dominante en el mercado.

Tratándose de Chilevisión, en cambio, Piñera ha dado señales contradictorias. En un principio manifestó que, aunque desligándose de la administración, mantendría la propiedad de la empresa. Con posterioridad, él y sus asesores más cercanos han manifestado que se están explorando otras fórmulas. Se trata una cuestión importante de dilucidar, ya que actualmente se está discutiendo el proyecto de ley sobre la televisión, cuya tramitación se prolongará para el próximo período. Tal como lo reseña un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP), elaborado por el abogado Lucas Sierra –Reforma Legislativa de la Televisión ante el Futuro Digital: Un paso adelante, uno atrás–, son evidentes los conflictos de interés derivados de la aprobación de dicha iniciativa legal, sin todavía mencionar lo que atañe a la regulación o a la forma de otorgar y caducar las concesiones y permisos.

Por último, en lo que respecta a Blanco y Negro S.A. –más conocida como Colo Colo–, el candidato ha manifestado su intención de mantener el porcentaje de su propiedad en la empresa, cualquiera sea su condición política a partir de marzo próximo. Aunque para muchos se trata de una cuestión anecdótica o marginal, también esto podría traer problemas a futuro. Piense, por ejemplo, en la decisión que debe adoptar el intendente de Santiago –representante directo del presidente en la región– frente a la posibilidad de clausurar o inhabilitar temporalmente el estadio del club, con motivo de algún problema específico.

Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley sobre fideicomiso ciego, cuya tramitación ha sido deliberadamente ralentizada por el gobierno y cuya aprobación antes de diciembre se avizora como improbable. Aunque Sebastián Piñera no es el único político que enfrenta conflictos de interés motivados por el ejercicio de la actividad empresarial, la forma en que éste eventualmente los resuelva marcará un camino para los otros. [+/-] Seguir Leyendo...