La legitimidad electoral en cuestión .Joignant Alfredo

Desde hace tiempo se viene señalando la creciente desafección de los chilenos con la actividad política, así como con algunas de las principales instituciones de la democracia representativa, especialmente el Congreso, el Gobierno y los partidos. Prueba de ello es la enorme cantidad de datos subjetivos obtenidos a través de encuestas de opinión que corroboran el fenónemo.

Aun más elocuentes son los datos objetivos de comportamiento político y electoral, los que expresan una peligrosa evolución hacia formas masivas de desafección. Para convencerse, conviene detenerse en la enorme brecha observada entre la Población en Edad de Votar (PEV) y los electores inscritos en los registros electorales. Mientras en 1990 la PEV ascendía a 8.499.972 personas y los electores inscritos a alrededor de 7,5 millones, la brecha entre ambas poblaciones comienza a ampliarse a partir de 1993, para alcanzar en 2005 a 11.322.769 votantes potenciales cuya magnitud contrasta negativamente con los 8.220.897 de electores habilitados para ejercer su derecho a sufragar. Dicho de otro modo, si entre 1990 y el 2005 el electorado inscrito aumentó en un 8,06%, la PEV lo hizo en el mismo período en casi 25%. Por si fuera poco, si se acepta considerar a los no inscritos, a los votos nulos y blancos y a los abstencionistas como expresiones gruesas de desafección, entonces estos comportamientos constituyen al año 2005 el 57,42% de los electores inscritos en los registros electorales, cifra alarmante a la hora de tomar seriamente en consideración la legitimidad de los eventos eleccionarios.

En efecto, si uno compara la votación en segunda vuelta de los dos candidatos presidenciales en enero del 2006 con la PEV, Bachelet obtuvo tan sólo la adhesión del 32,88% de los electores potenciales, frente al 28,58% de S. Piñera. Cabría agregar que la votación de ambos correspondía al 61,46% de la PEV, esto es, a menos de dos tercios del electorado potencial. No se requiere ser pitoniso, ni menos cientista político, para interrogar seriamente la débil legitimidad de las autoridades electas: sobre todo si uno ensaya este mismo ejercicio a escala de diputados y senadores elegidos, varios de los cuales pueden esgrimir caudales de votación francamente marginales, a menudo inferiores al 15% de los sufragios potenciales, los que no se condicen con la estridencia de su actuación política y mediática. A buen entendedor, pocas palabras.

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