UNA AGENDA DE PROBIDAD: ¿A QUIÉN REALMENTE BENEFICIA?. David Herrera.

Acaba de ser promulgada la Nueva ley de Transparencia que en líneas gruesas pondrá en evidencia toda la información necesaria para transparentar los actos de la Administración pública.
Esta ley se enmarca en una Agenda de Probidad que los gobiernos de Lagos y Bachelet han ido impulsando a partir del escándalo Mop-Gates y con el entusiasta respaldo de entidades como el CEP, Libertad y Desarrollo, Expansiva y Chile Transparente.
Claramente esta agenda esta vinculada a una parte del espectro ideológico chileno, aquel que ve al Estado con horror, que le molesta su existencia, que estima que es solo una fuente de derroche de las platas que los impuestos les quitan de sus legitimas ganancias como emprendedores.
Ellos sospechan, y con razón, de que un estado fuerte es un dique para sus legítimos derechos de lucrar con todo y de todo, siendo el más sacrosanto, el Derecho de propiedad sin hipoteca social alguna, como es el caso de los tributos o las regulaciones del derecho del Trabajo y de Seguridad Social.
Cuando ellos hablan de probidad, solo ven el concepto circunscrito a lo público-estatal.
Nada dicen del escándalo de Falabella-D&S de uso de información privilegiada, o de la estafa de Inverlink a Corfo con la complicidad de dos bancos de la Plaza, o de las subvenciones escolares que son declaradas fraudulentamente por particulares, o de la tremenda evasión tributaria que diariamente se produce con la complicidad de Estudios legales y tributarios expertos en la técnica de la elusión tributaria, es decir, del resquicio legal para no pagar impuestos.
Otra clara muestra de este doble estándar son los cientos de Ruts creados por diversos grupos económicos para eludir obligaciones laborales y previsionales.
Si cuantificamos el costo de estos delitos de cuello blanco, hablamos de miles de millones de dólares. Al denunciarlos se nos responde con el argumento de que queremos el empate entre sus delitos y la corrupción gubernamental. Pero no es así.
Lo que queremos afirmar es que modernizar el Estado, fomentar la transparencia, mejorar la gestión pública es una tarea nacional a la cual todos estamos comprometidos, pero que ello no implica que seamos ingenuos y que algunos intenten pasarse de listos en el proceso.
Esta nueva ley de transparencia es correcta pero ingenua. Será usada por un limitado grupo de ONG´s, institutos de investigación neoliberales, y cadenas de medios de comunicación ligados a adivinen quién. Al ciudadano de a pie difícilmente le servirá y al Estado le costará una fortuna mantener estructuras de soporte informático, funcionarios y procesos administrativos costosos, distrayendo el tiempo y recursos gubernamentales, para atender las demandas de investigación de quienes van a ser sus principales usuarios: los grupos de interés y las cadenas monopólicas de comunicación social.
No es casualidad que los postulados al Consejo de Transparencia sean personas ligadas a estos grupos de interés, y cuyas dietas por reunión serán pagadas por todos los chilenos.
No nos oponemos a la transparencia pública pero que pasa con ella hoy en el mundo empresarial y privado.
Hoy ninguno de los directorios de las empresas del IPSA están sin integración de directores representantes de las AFP.
Pues bien, ellas compran acciones con nuestros fondos previsionales y no con su patrimonio societario. Cualquiera irregularidad nos afecta en nuestras cuentas previsionales. Y sin embargo, cuando ello ocurre la transparencia no existe, y si un grupo de privilegiados juega en la bolsa con lo nuestro, nada les pasa.
Y cuando se les llama la atención, aparecen un ejercito de abogados, expertos, periodistas y editorialistas económicos y de un cuanto hay, defendiéndolos y poniéndolos como víctimas de estado regulador y abusador.
No seamos ingenuos. No existe ninguna neutralidad técnica posible hoy en el mundo.
Y el legítimo afán de luchar contra la mala gestión y la corrupción no debe hacernos caer en la trampita ideológica que difunde la sospecha de que una visión en la cual el Estado es protagonista directo o subsidiario del bien común, es sinónimo de corrupción o mala gestión, valga la redundancia.
Queremos un Estado eficiente no porque creamos en un estado monstruoso y hiper regulador que el modelo neoliberal de mercado nos denuncia majaderamente, sino porque creemos que es la garantía de mayor equidad social y económica.
Bienvenida la nueva ley de Transparencia, esperando que ella realmente sirva la ciudadano de a pie y no a grupos ideológicos liberales que con su promulgación ven como se cumple con su agenda oculta. Sigamos profundizando la agenda de probidad, pero con los ojos abiertos, cuidándonos de que quienes hoy son poderosísimos lo sean aún más.