Fiscalizar, no politiquear . Jorge Navarrete P.

La experiencia de los últimos años ha demostrado la enorme importancia de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Tratándose de las empresas del Estado, y muy especialmente en el caso de Codelco, dicha necesidad es particularmente relevante de cara a la importancia estratégica de dichas instituciones; cuyo éxito presente y futuro, medido por su rentabilidad, permite financiar buena parte de las políticas públicas.
Durante los últimos años han existido fuertes reparos a la forma de administrar la empresa más importante de Chile. Desde cuestiones que atañen a su política de recursos humanos, pasando por su menor eficiencia o al aumento en sus costos de producción, hoy se vuelve a instalar una duda respecto de la naturaleza y utilidad de las asesorías externas que financia Codelco.
Para algunos existe la convicción de que dicha práctica no tiene otro propósito que el de financiar a instituciones o personajes vinculados a la Concertación. Para otros, en cambio, se trata de una práctica comercial habitual, propia de cualquier empresa que no siempre puede proveer en forma satisfactoria, con el personal del que dispone, de los insumos multidisciplinarios propios de un mercado competitivo y globalizado. Aunque sospecho puede haber una combinación de ambas, es prioritario que Codelco genere un sistema abierto y público donde, por una parte, se justifique la necesidad de externalizar ciertos servicios y, por la otra, se expliciten las razones para elegir a una institución en desmedro de otra.
Con todo, también debemos reconocer que se ha instalado una dinámica algo perversa en la opinión pública, que tiende a criminalizar a toda persona o empresa que preste asesorías al sector público. Mediado a veces por informaciones de prensa confusas, incompletas o derechamente tendenciosas, solemos hacer un festín con la honra personal y profesional de muchos, sin ni siquiera reparar en las obvias distinciones que evitarían hacer pagar a justos por pecadores.
Peor todavía, también a ratos uno tiene la sensación de que las generalizaciones sólo afectan a ciertas empresas y personas, que en una suerte de “selección de los culpables”, terminan siempre siendo aquellos que comulgan políticamente con el actual gobierno. ¿Por qué nadie trae a colación aquellos millonarios contratos que –seguramente en forma muy justificada— tiene Codelco con empresas cuyos dueños abiertamente se muestran como adversarios a la Concertación?, ¿basta con declararse opositor para que este hecho otorgue una suerte de garantía o prueba de la blancura?, ¿no es extraño, por ejemplo, que en la vasta y larga investigación efectuada sobre EFE, jamás hayan sido nombrados prestigiosos estudios jurídicos de la plaza que colaboraron con dicha empresa en el marco de su plan trienal?
Conozco hace años el trabajo que realiza el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). No sólo se trata de una institución seria, de larga data y con una enorme experiencia en diversos temas de política pública, sino también es dirigida por un elenco de profesionales –tanto a nivel directivo como ejecutivo— de la mayor calidad profesional y académica. Hacer a priori un juicio despectivo sobre ésta u otras instituciones, cuyo nicho natural es la prestación de servicios a las agencias estatales, es tan absurdo como injusto.
Nuestro foco debe estar dirigido a interrogarnos por la utilidad de dichas asesorías, por la calidad de los servicios que se prestan y por la experiencia profesional de quienes los realizan; sin importar, sea para exculpar o condenar, las ideas políticas de sus dueños, fundadores o representantes.