DEMOCRACIA PROTEGIDA. Andres Rojo.

Diversos sucesos en los últimos días demuestran que el propósito de Pinochet de establecer una democracia protegida en Chile sí tuvo éxito, y que gracias a la Concertación esa situación no ha tenido mayores cambios, aunque en forma simbólica el ex-Presidente Ricardo Lagos haya sacado la firma de Pinochet para poner la suya, como si con las últimas modificaciones a la Carta Fundamental esta hubiera pasado a ser plenamente democrática, en lugar de servir de camisa de fuerza para que la institucionalidad pinochetista prevaleciera en el tiempo.
Al margen de que las leyes siguen exigiendo quórum especiales para su modificación, la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la distribución de la píldora del día después confirma que este organismo vale más que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aunque ninguno de sus integrantes sea electo por la soberanía popular.
Por otra parte, el Ejecutivo ha rasgado vestiduras por la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la acusación constitucional de la Ministra de Educación, y ello no ha sido así porque este paso esté contemplado en la Constitución, que sea parte de los deberes parlamentarios evaluar la labor de las autoridades -desde un punto de vista político y no judicial, hay que insistir-, sino porque no se le ha dado en el gusto y porque ello ha sido posible gracias a los votos de parte de los diputados independientes.
Si la ministra Provoste conoció de las irregularidades y no hizo esfuerzos serios por resolverlas, es responsable políticamente de no haber actuado con el celo que exige su cargo. Que la responsabilidad administrativa sea de la Subsecretaría, que los seremis no sean designados por la Ministra, que los papeles de respaldo estén, pero no en el formato que requiere la Contraloría, son simples argumentos para soslayar lo central. En cada Ministerio el que manda es el Ministro, y si no existen las normas legales y reglamentarias que los faculten para hacerlo, tienen la potestad legislativa para solucionar un evidente vacío institucional. Por uno o por otro lado, la Ministra es responsable políticamente, y esa responsabilidad se establece en el Parlamento y no en los tribunales.
Pero también se cuestiona, de manera oblicua y no literal, la forma en que el Contralor está cumpliendo con sus responsabilidades legales e institucionales, simplemente porque ha trabajado con celo y sin aceptar excepciones en nombre de la amistad o de la militancia política de las autoridades investigadas.
En todas estas cuestiones, el problema de fondo es que no se asume que en Chile existe un presidencialismo exacerbado que incomoda a todos menos a la Presidencia, como es lógico, pero proponer cambios institucionales para eliminar las normas que molestan al Ejecutivo significa abrir la puerta a que los parlamentarios intenten limitar o compensar las atribuciones de la Presidencia, y eso significaría dejar en la desprotección a la Constitución.