Incompetencia y corrupción .(EM)

El verano terminó abruptamente con los hechos de corrupción denunciados en la Seremi de Educación metropolitana.

Lo sucedido no constituye una sorpresa para nadie. Más bien, es producto de la prescindencia de las autoridades políticas de ese ministerio y un desorden administrativo que era y es muy conocido al interior del Gobierno. Por lo mismo, llama la atención la actitud blanda y evasiva con que el Ejecutivo ha enfrentado el tema, la ambigüedad del Partido Socialista y el silencio del resto de la Concertación.

Cuando los estudiantes secundarios levantaron su movimiento en 2006, se hizo urgente un problema grave de calidad en la educación producida por diferencias económicas y sociales. Pero también quedó en evidencia un sistema de financiamiento que al estar mal concebido y peor administrado, permitía muchas irregularidades y corrupción. El nudo estaba en el sistema de subvenciones y en las competencias discrecionales de los jefes de las Seremi para administrar todo el sistema educativo.

Pero aún iba mucho más allá y tocaba prácticamente a toda la estructura ministerial. Por ejemplo, la administración de los liceos técnico profesionales, la gestión de la implementación de la jornada escolar completa o los desarrollos curriculares, que corresponden al nivel central. El gran debate educacional que se generó y las propuestas a que dio lugar la movilización secundaria terminaron siendo administradas por una estructura burocrática verdaderamente feudal y el mismo puñado de funcionarios que desde hace muchos años se rotan en las altas jefaturas del Mineduc.

De ella formaba parte el renunciado responsable metropolitano de la Seremi. La permanencia de Alejandro Traverso en el cargo durante tantos años, pese a los problemas de gestión y a las incontables denuncias en su contra, Contraloría de por medio, no se explica sin el apoyo del poder político ministerial y de su partido. Como tampoco se entiende el lento avance en los sistemas de calidad y gestión, pese a los recursos inyectados y promesas gubernamentales.
Diversos expertos han sido tajantes para referirse a la calidad burocrática del Mineduc.

Ernesto Schiefelbein, autoridad mundial en materia educacional y ex ministro de Educación por corto tiempo, lo expresó diciendo que había que dinamitarlo completamente y hacer todo de nuevo. Pareciera que no le falta razón, pues no parece explicable que una situación como la que se investiga se mantenga por años, sin que ministros, subsecretarios, jefes jurídicos o administrativos hagan algo al respecto. Y cuando se hace una auditoria despidan al auditor por ineficiente y conflictivo.

El Gobierno tiene el deber político y ético de cambiar las cosas y no ampararse en lo que haga o deje de hacer la Contraloría -como lo ha insinuado el vocero-, la que solo dictaminará ex post y sobre responsabilidades administrativas. El Gobierno debe hacerse caso a sí mismo y tomar el discurso del 21 de mayo del año pasado y la ley de presupuestos 2008: bastaría eso para tener agenda clara y precisa, obviamente alejando a todos y cada uno de los funcionarios comprometidos en el despilfarro y la incompetencia.