Democracia Cristiana desde Rousseau... Gonzalo Wielandt

La lucha contra la dictadura se transformó desde la década de los 90 en la lucha contra el neoliberalismo. La impotencia social y política de consagrar derechos fundamentales basados en un orden constitucional comunitario tiende a la polarización y fragmentación social y política, dejando latente los focos de explosión social, supeditados a cualquier coyuntura para que actores descontentos se manifiesten de la única manera que es permitido, la revuelta e incluso no en pocas ocasiones la violencia.
La concertación, al administrar el régimen de desamparo social ha perdido la orientación política fundamental a través del abandono de la responsabilidad social y política para con la comunidad organizada. El populismo centrista, que aqueja a la concertación, además de creer que el desarrollo pleno del mercado, incluso a través de la ejecución de las políticas públicas, logrará la armonía y la cohesión social, privilegia mantener a costa de todo, incluso a costa del bienestar del pueblo que dice representar, políticas públicas que han demostrado ser un crimen y una humillación social.
La concertación, al actuar bajo dicho paradigma político ideológico, ignora las crisis sociales de cuño clasista que alimenta este régimen de desamparo social. Esto se grava aún más a través del error político de la concertación de abandonar a los ciudadanos y la civilidad a su propia suerte, ya que éstos pierden el control para determinar sus vidas ante la amenaza del mercado y la ausencia del Estado. La gravedad de esto no es otra cosa que la concertación también ha contribuido, quizás no intencionadamente, pero si de modo real, en un proceso de desdemocratización real de la sociedad chilena. Por consiguiente, siempre entiéndase que la pérdida de la comunidad es la pérdida de la democracia.
¿Dónde yace el problema? El problema yace, bajo la perspectiva de Rousseau, en que los gobiernos de la concertación producto de una supuesta razón de Estado o de un determinado Estado de Derecho, o bien del Estado democrático de transición se ha dispuesto siempre a sacrificar al pueblo y no al gobierno en vez de sacrificar al gobierno y no al pueblo. Este peligroso problema ya no sólo se funda en que el cuerpo artificial por el cual los gobiernos de la concertación han actuado pertenece a la obra de la dictadura militar, por lo tanto, los gobiernos de la concertación han tenido una vida prestada y subordinada a la matriz constitucional e institucional heredada y que se expresa en garantizar el Estado neoliberal como modelo socioeconómico y político, sino que también en el desquiciamiento político-ideológico de asumir lealtades mal entendidas y responsabilidades corporativas en la defensa de intereses particulares bajo el camuflaje de la responsabilidad política de Estado. En otras palabras, el confundir política e ideológicamente lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno es lo que lleva a la concertación y a sus partidos miembros a percibir realidades artificiales sumamente alejadas de la verdad y la razón.
Es verdad, el estar insertos en un cuerpo artificial no impide obrar con más convicción, voluntad política y vigor a favor de una mejor salud social, es decir, si bien los gobiernos de la concertación no pueden independizarse absolutamente del cuerpo artificial que heredaron, podrían perfectamente separarse según el modo de organización establecido. De este modo, la concertación y sus partidos miembros debemos entender que el “mejor gobierno convirtiese en el más vicioso si sus relaciones no se modifican de acuerdo con los defectos del cuerpo político al cual pertenece.” Ello corresponde entender que en una legislación perfecta, la voluntad individual debe ser nula, la voluntad del propio gobierno subordinada y por consiguiente, la voluntad general o soberana, siempre dominante y norma única de todas las demás.
¿Cuál persona moral es la válida? El gobierno o el pueblo. ¿Cuál voluntad general es la verdadera? La que está en relación a los miembros de la administración o la que está en relación a todos los ciudadanos. Si una política pública ejecutada por los miembros de una administración resulta un daño para la voluntad general, esa política pública no merece ser mantenida por el gobierno. De no ser así, en una democracia real, el gobierno debe pagar con su cargo, la decisión de mantener dicha política pública por cuanto deja de ser válida cualquier ley, política o gobierno que hiera la voluntad general. El intentar sacrificar al pueblo para proteger irresponsabilidad de la administración, le cuesta a la administración su permanencia por no sacrificarse en pos del pueblo.