La disciplina de la libertad. Rodolfo Fortunatti.

¿Qué se juega en la negativa del senador Adolfo Zaldívar? ¿Es lo mismo que se arriesga en el caso del senador Flores? ¿Se les puede exigir lo mismo a ambos? ¿Se le puede pedir lo mismo a Flores, que ya no es miembro de la Concertación, y a Zaldívar que, por ser militante de la Democracia Cristiana, le debe adhesión al gobierno y a la coalición? ¿Es un puro asunto de disciplina partidaria el de Zaldívar, o su conducta podría comprometer otros valores?
Lo que está en juego no es la disciplina de los parlamentarios del PDC, sino algo más que eso; es la libertad de cada uno de sus militantes. Es la garantía que asiste a cada democratacristiano —especialmente a los que disponen de menor poder e influencia— de que su voz y su voto todavía tienen algún valor, y de que tiene sentido para ellos seguir sirviendo en el partido. Pero Adolfo Zaldívar presiona la crisis del gabinete. Condiciona su voto a las renuncias de los ministros de Hacienda y Obras Públicas, exigencias que sólo pueden ser satisfechas con lo que configuran: una derrota de la Presidenta Bachelet. Zaldívar cierra así las salidas. Bloquea el diálogo. Desafía: ¡Que cada cual asuma sus responsabilidades!
La presidenta del partido responde que el compromiso del Consejo Nacional de aprobar los recursos para el Transantiago, es vinculante, es decir, que obliga a los senadores. Al plantearlo recuerda que lo que está en juego son las instituciones partidarias, sus normas, sus cánones de convivencia. En suma, su responsabilidad política ante el país, ante la coalición y ante el gobierno que contribuyó a elegir. En el fondo, lo suyo es una invocación al orden y al principio de mayoría que por cerca de medio siglo han perfilado la identidad de este partido. Una apelación a todo eso que hace del PDC una organización política confiable. Pero el senador persiste: «Nadie puede forzar a un parlamentario a actuar como un autómata o a actuar sin personalidad y sin discernimiento», dice. Él cree que «ésta es una mal entendida lealtad y una falsa solidaridad entre nosotros». Pero si todos los democratacristianos pensaran así, probablemente no existiría partido.
Los más poderosos, son también los más responsables. Las intervenciones de Eduardo Frei no son irrelevantes. Se trata de la voz de un ex Presidente de la República, y actual presidente del Senado. Las declaraciones de Belisario Velasco no son intrascendentes. Provienen del ministro del Interior, o sea, del Vicepresidente de la República. No carecen de importancia las opiniones de Adolfo Zaldívar, uno de los seis senadores democratacristianos y, durante cuatro años, la máxima autoridad falangista. Ni son insignificantes las expresiones de Soledad Alvear, ex candidata presidencial democratacristiana, y actual presidenta de la tienda. ¿Podría ser desdeñada la palabra de Patricio Walker, presidente de la Cámara de Diputados? ¿O la de René Cortázar, ministro de Transportes? ¿O la de Patricia Poblete, ministra de Vivienda? ¿No son la cara visible del partido? ¿No son ellos los democratacristianos?
La mayor paradoja de todo esto es que la mesa nacional de la Democracia Cristiana dispone de las herramientas necesarias para dar gobierno y mostrar caminos. El problema es que si no lo hace; sobre todo, si no lo hace ahora, pecará por omisión abandonando a la colectividad a su inminente degradación y, a poco andar, a su eventual desplome.
Entre las facultades de la mesa directiva del PDC se cuenta la de convocar a la Junta Nacional. Incluso bastaría la mitad más uno de los votos del Consejo Nacional para hacer efectiva dicha convocatoria, o la firma de 170 delegados. La Junta Nacional es el máximo órgano resolutivo de la colectividad. La Junta es una asamblea deliberante de alrededor de quinientas personas. Son miembros de ella los consejeros nacionales, los ex Presidentes Aylwin y Frei, los senadores y diputados, los delegados de los frentes sociales, los presidentes provinciales, los delegados de libre elección, la mesa y los consejeros de la JDC, los presidentes comunales, los ministros y subsecretarios, y los integrantes del Tribunal Supremo. Es la instancia más amplia y legitimada del partido.
No se resuelve el problema con la aprobación del proyecto en el Senado, ni judicializando el comportamiento político del senador Zaldívar. Los partidos deben saber procesar sus diferencias, especialmente cuando éstas los superan y acaban dañando bienes superiores. Si la ejecutiva DC llamara a una junta nacional extraordinaria cuyo único propósito fuera sancionar el plan de transporte urbano, daría una clara señal de conducción y de cohesión políticas. Quizá amplificaría el impacto público de los conflictos internos, pero lograría decantar las posiciones y fijar «un antes y un después» en el desaprensivo clima partidario.