Equilibrio y Responsabilidad Social Álvaro Ramis O. Centro Ecuménico Diego de Medellín

El rechazo de los parlamentarios de la derecha al proyecto de depreciación acelerada, presentado por Hacienda dentro del plan Chile Invierte, ha sido el reflejo de un oportunismo exacerbado. El cinismo de esta maniobra será evidente en fechas próximas, cuando la comisión mixta del Congreso, sin lugar a duda, respalde la medida. ¿Por qué estar tan seguro de este escenario? Porque en realidad, la única motivación de los parlamentarios de la Alianza para votar en contra fue exhibir la profunda división de criterios que separa, de modo transversal, a las dos “almas” de la Concertación. Y de paso blanquear su imagen propia apareciendo como defensores de las pymes, un sector que carece de motivos para sentir gratitud por los partidos opositores.La actitud de los senadores concertacionistas que rechazaron el proyecto debe ser valorada con otro juicio. Su voto puede considerarse un gesto político de enorme franqueza, que sintoniza en profundidad con lo que la ciudadanía demanda cada vez con mayor fuerza: honestidad e independencia por sobre la ciega disciplina partidaria. Al parecer, se requiere hacia el futuro un debate mucho más hondo que el realizado hasta ahora. Desde 1998, Chile dejó de crecer a las tasas a las que nos acostumbramos entre 1987 a 1997. Esta ralentización nos acompañará por un período relativamente largo si no se implementan medidas que la reviertan. En este diagnóstico existe consenso. Pero carecemos de acuerdo sobre cuáles deben ser las soluciones concretas.El plan de Hacienda se basó en generar un incentivo que estimularía a las empresas a adelantar sus compras de maquinarias y equipos. Así se permitiría un crecimiento de la tasa de inversión de unos tres puntos porcentuales y el PIB se incrementaría en casi medio punto. De este modo, la inversión privada se convertiría en el motor del crecimiento perdido. La crítica de los disidentes a este plan apuntaba a que sólo las grandes empresas y los grupos económicos disponen de la liquidez necesaria para adelantar proyectos. Sólo 20 empresas chilenas generan casi 80% de nuestras exportaciones. El costo de la rebaja tributaria implicaría que el Estado dejaría de ganar una cifra estimada en 540 millones de dólares. Cabe preguntarse si existe una alternativa, un plan B del diseño para estimular el crecimiento.
Se necesita un programa que garantice que el crecimiento pueda tener un impacto directo en la vida de la población, lo que contribuiría al objetivo gubernamental de lograr un amplio plan de protección social. Para lograr esta meta, pareciera necesario escuchar con mayor atención otras voces, como las del Consejo Económico y Social de la DC, que viene llamando desde hace largo tiempo a un aumento del gasto fiscal y a una mayor expansión de la inversión pública. Un proyecto que se inspire en estos principios haría innecesaria la implementación de medidas polémicas como las que contiene el Chile Invierte. Si el Estado se convierte en el motor del crecimiento, dadas las extraordinarias condiciones del mercado del cobre, nuestro país podría beneficiarse de un impulso crediticio importante, orientado a los pequeños productores y empresarios que ven amenazada su inserción en los mercados. Un plan con estos atributos podría ayudar a la diversificación de nuestras exportaciones y a garantizar la sustentabilidad ambiental del sistema productivo. Imagino que entre los parlamentarios de la Concertación una iniciativa de estas características concitaría un consenso mucho mayor que el logrado hasta ahora por el proyecto que actualmente tramita el Legislativo.Al mismo tiempo, es hora de sincerar los motivos por los cuales se sostiene la regla del superávit estructural. Mario Marcel, en una entrevista reciente con La Nación, lo afirmó claramente: se trata de una medida que ya no es necesaria y que se puede modificar. ¿Cuál es, entonces, el motivo por lo que se la mantiene? A mi juicio, Chile está exagerando al demostrar a los inversionistas externos que es un país ordenado y racional, porque ese prestigio ya lo adquirió hace mucho. Lo que hoy nos debería preocupar -y de sobremanera- es demostrar nuestra capacidad de generar cohesión social, porque en definitiva un Gobierno no sólo es responsable cuando mantiene los equilibrios fiscales, sino cuando también es responsable socialmente de los efectos de esos equilibrios.