La justa indignación de los estudiantes. Rafael Gumucio R.

Asistimos a un despertar de los movimientos sociales, fenómeno mundial y que ha influido notoriamente en Chile, en distintas capas de la sociedad civil. A diferencia del pasado, estas manifestaciones no corresponden a respuestas de clase, sino que se amplían a sectores ecologistas, estudiantiles y mapuches, entre otros. Desde las capas medias hasta las más pobres, es todo un tejido social respondiendo a distintos desafíos, como la defensa de la Patagonia – HidroAysén – la educación pública – los estudiantes – el rechazo a la marginación y el abuso judicial contra el pueblo mapuche.

En cada caso se constata la enorme fosa existente entre la sociedad civil y la clase política, hoy convertida en casta, mafia, o como se quiera llamar. En el caso chileno los políticos, atónitos ante la fuerza de las manifestaciones, sólo atinan a resucitar la torpe democracia de los acuerdos; como bien dice un vocero de los estudiantes secundarios, “el poder reside en la sociedad, en los ciudadanos y no en los representantes, que tendrían que limitarse a cumplir el mandato de quienes los eligieron”. Cuando esto ocurre al revés y los elegidos sólo sirven a sus intereses, la política se transforma en un marasmo.

Estos movimientos sociales, al contrario de lo que superficialmente se puede creer debido a la crítica al poder y a los partidos, son los que colocan a la política en su verdadero papel, relevando los problemas fundamentales de la sociedad, como son una educación pública gratuita y de calidad, una matriz energética limpia y respetuosa del medio ambiente y una participación de los pueblos originarios respetando su identidad histórica y cultural.

Siempre guardo en mi retina esa escena en que Carlos Larraín y Yasna Provoste tomados de la mano celebraban el Acuerdo para Ley General de Educación, que fue una verdadera cachetada de la casta política al rostro de los estudiantes y a la comunidad educativa. Desde la traición a los postulados de la llamada “rebelión de los pingüinos, profesores y estudiantes, tanto de las universidades fiscales, como de los colegios municipales, no le creen nada a los políticos.

En la educación superior muchas universidades privadas, orientadas exclusivamente por el lucro, se compran y se venden, con alumnos incluidos: la educación es un buen negocio que permite enriquecerse a personajes que no tienen nada que ver con los saberes.

Nuestra educación universitaria, si leemos los índices mundiales, es de muy mala calidad: existe una serie una serie de universidades privadas llamadas docentes, es decir, que se limitan solamente a transmitir conocimientos elaborados por otros; es difícil llamar universidad a una institución que no investiga, que carece de democracia, pues los dueños nominan a dedo a las autoridades académicas, y estudiantes y profesores no participan en el gobierno universitario, y que sí reciben el AFI del Estado - sin estar claro en qué invierten ese dinero, que pertenece a todos los chilenos-.

Es cierto que la educación universitaria ha crecido enormemente en cobertura, pero no así en calidad – la universidad es un negocio, cuyo único fin es captar alumnos y cobrarles aranceles cada vez más altos – como todas las actividades lucrativas, el Estado tiene escaso control y las acreditaciones son una verdadera burla.

Chile es uno de los países que gasta menos en la educación terciaria, sea esta universitaria o institutos profesionales. El esquema napoleónico de universidad, como fábrica de licenciados, impide el avance de la investigación científica y la innovación, aspectos en que estamos bastante atrasados.

Me repugna la violencia, venga de donde venga – y en este sentido rechazo cualquier agresión, sea a un ministro de Estado, a los estudiantes o un chileno de a pie – sin embargo, comprendo que los estudiantes están agotados ante tanto volador de luces y nula participación de la llamada pomposamente “revolución educativa”, salido de la mente del ministro Lavín.

Son tantas las ilusiones que han despertado, con proyectos torpes como el famoso semáforo o la fallida limitación de horas para asignaturas de historia y ciencias sociales, como intrascendente creación de “liceos emblemáticos” - que apenas abarcarían a menos del 1% de los estudiantes – el voucher del AFI que va en la línea de la privatización de la educación, que terminan por generar la incredulidad de estudiantes y profesores.

Nada se puede esperar de tanta promesa: las universidades fiscales seguirán recibiendo solamente el 10% del Estado, la educación universitaria gratuita es un sueño en este país de mercachifles. En el caso de la educación básica y media, mientras no haya un cambio radical en la formación de profesores y su status social y profesional, si la subvención a los colegios fiscales no sea igual al costo de la colegiatura por alumno e los colegios fiscales, es decir, llegar al tope de $300.000, al menos, si no se produce el fin de la educación municipal y la instauración de un Estado docente descentralizado, no queda otro recurso que la rebelión

de profesores y estudiantes.