CUENTAS CLARAS. Andres Rojo

La renuncia de la intendenta del Bío-Bío Jacqueline Van Rysselberghe es un hecho político que, curiosamente, se parece a la estadística en el sentido de que cada intérprete puede sacar cuentas alegres para sus propios intereses, apoyándose en uno u otro elemento. Para la oposición es un triunfo porque ha inflingido una derrota política al Gobierno, para el Gobierno es la posibilidad de recuperar la armonía entre las fuerzas que le apoyan.   Para la UDI, es una chance de preservar a una de sus principales figuras de un castigo que la hubiera dejado fuera de la competencia electoral y para RN es la recuperación de su capacidad de influencia ante el Gobierno.

            Para tener claridad entonces frente a este hecho hay que establecer algunas conclusiones relativamente objetivas, y la primera que, por obvia no se ha enunciado explícitamente, es que la salida de Van Rysselberghe no fue voluntaria.  No fue renuncia, sino un despido y se llegó a esa instancia porque La Moneda se formó la certeza de que la acusación constitucional sería apoyada por un número necesario de diputados del propio oficialismo como para su aprobación y eso hubiera implicado una auténtica guerrilla en las filas de la Alianza por Chile.

            Evitar ese enfrentamiento no significa, sin embargo, que eliminada la razón de la contienda se garantice la recuperación de la armonía en el pacto gubernamental.  Quedan heridas y suspicacias que no serán sanadas con facilidad porque haber evitado que la sangre llegara al río no implica que se elimine el ánimo beligerante.

            Por otra parte, si no se pidió la renuncia con la debida oportunidad, el momento en que se realiza finalmente deja abierta la posibilidad de que la UDI insista con promover la figura de la ahora ex-intendenta en la próxima elección senatorial, moviendo todos sus hilos para convertirla en una mártir en vez de ser una paria, como hubiera ocurrido de haberse llegado a su destitución por la vía de la acusación constitucional.  Se podrá apostar a la fragilidad de la memoria de las personas y a todos los votantes que en el pasado la han apoyado a pesar de todas las deficiencia de su carácter.

            Sin duda, cuando se renuncia en lugar de insistir en permanecer en el puesto arriesgando el juicio político, la acusada puede victimarse y alegar todo tipo de argumentos que nunca podrán ser demostrados porque no se llegó a su evaluación por parte del Congreso.   Hay que agregar además que su perfil de mártir se reforzará con la más que segura intención de sus acusadores de continuar investigándola por la vía administrativa y judicial por cualquiera de las irregularidades ya conocidas y las que queden por conocerse de su gestión.

            Lo claro, entonces, es que este asunto no ha terminado con la salida de la autoridad regional, ni desde el punto de vista de su futuro político personal ni desde el de las relaciones al interior de las fuerzas oficialistas.

            Lo más grave es que tampoco se resuelve quién manda en el Gobierno.  Hasta la renuncia de la intendenta parecía que la UDI era la voz cantante, pero con su salida no queda claro que el bastón de mando haya pasado a RN.