Pacificación de La Araucanía. Patricio Navia

Es demasiado optimista pensar que el conflicto chileno-mapuche se solucionará en un solo gobierno. Más que buscar una solución definitiva, el gobierno debe avanzar hacia la normalización del conflicto y proponer reformas de largo plazo que contribuyan a su solución. Así como la muerte del activista Matías Catrileo en enero de 2008 restó legitimidad a los esfuerzos del gobierno de Bachelet, la muerte de un comunero contaminará de tal forma el ambiente que será muy difícil establecer un mecanismo que permita normalizar las relaciones durante el gobierno de Piñera. 

De ahí que el gobierno esté obsesionado con terminar con la huelga de hambre. Si se depone, la tregua constituirá una inmejorable oportunidad para Piñera. Las políticas de la Concertación tuvieron luces y sombras, pero los errores acumulados -que llevaron a entender el problema como reivindicación de tierras- produjeron un estancamiento que da ahora a la Concertación poco margen para ser actor relevante. 

El gobierno -por las posturas a favor de la ley antiterrorista de los partidos de la Alianza y del  propio Piñera- necesita demostrar voluntad de diálogo y capacidad para redefinir el problema y replantear los términos de su posible solución.  Pero para eso necesita tiempo.  

Aunque la Alianza insista en apuntar a la Concertación, la opinión pública espera que el gobierno de turno solucione los problemas. La opinión pública internacional -esclava de sus propios sesgos- responsabilizará más al gobierno de los que apoyaron la dictadura que a la coalición que simbólicamente lidera Bachelet. 

Por eso, la muerte de un comunero ahora tendrá más repercusión internacional que la que tuvieron las muertes de activistas mapuches bajo la Concertación.

El conflicto mapuche no se solucionará con el fin de la huelga. Pero si la huelga no termina, el gobierno de Piñera ni siquiera tendrá la oportunidad de ofrecer su propia fórmula para avanzar hacia una solución. Por eso, aunque signifiquen lo mismo, más que pedir el fin de la huelga, el gobierno debiera sincerar su posición y, apelando a las razonabilidad, pedir tiempo.