La puerta giratoria. Editorial. El Mostrador

El debate sobre la responsabilidad en la existencia de una puerta giratoria en materia judicial constituye una simplificación vulgar acerca del papel de los tribunales en un Estado de Derecho.
Principalmente porque remite la acción de la justicia exclusivamente a sus aspectos punitivos y penales en el ámbito de los delitos contra las personas, omitiendo otros aspectos más complejos de la acción de los tribunales y poniendo al sistema carcelario como el centro de toda política de seguridad pública.
El concepto surgió con fuerza en el país a mediados de la década de los 90, como parte del bagaje doctrinario de las políticas de tolerancia cero que en materia criminal impulsaron los sectores más conservadores de la sociedad.
Pese a carecer de una mayor precisión conceptual, la puerta giratoria se convirtió rápidamente en una idea fuerza indispensable para evidenciar los fracasos políticos en materia seguridad ciudadana, y para generar en la ciudadanía la percepción de un sistema sobrepasado por la delincuencia, en el cual los tribunales son incapaces de contener y punir a los infractores.

En el caso de Chile, los promotores del concepto omiten mencionar que nuestro país comparativamente es uno de los que tiene el mayor número de personas encarceladas en el mundo, en relación a su población total. Situación que lleva su gasto público en materia penitenciaria a un nivel verdaderamente exorbitante.

Entre condenados y procesados los reclusos se elevan por sobre los 90 mil. Si se considera un gasto promedio de mantención de 15 mil pesos diarios por cada uno de ellos, lo que incluye solo alimentación, vestuario y servicios de salud y no los gastos se seguridad como gendarmes y otros, el gasto total asciende a 40 mil millones mensuales, o 480 mil millones anuales. Cálculo que todavía resulta conservador en relación a los costos de los sistemas de cárceles concesionadas que se han implementado en Chile.

Resulta francamente alarmante que un país enfrente de manera casi pasiva esta industria negativa que sigue creciendo a tasas aceleradas, y que además de los costos anteriormente señalados, tiene otros ocultos en materia de desarrollo productivo y social.

De ahí que llame la atención la baja calidad de las referencias programáticas que los candidatos presidenciales hacen sobre el tema. Particularmente con una sobreoferta de más policías y nuevas cárceles en un país saturado de gente presa, y que de concretarse solo aumentarían el enorme gasto que ya existe, sin actuar sobre ninguna de las causas reales que están provocando la emergencia delictual y penitenciaria.

Sebastián Piñera, cuyo sector político importó y ha usado a diestra y siniestra el concepto puerta giratoria, ha propuesto 10 mil carabineros más y 16 nuevas cárceles. Marco Enríquez-Ominami ha declarado que "llenará las cárceles de reincidentes" y prometido tres mil carabineros más y dos escuelas de suboficiales para su preparación más acelerada. Eduardo Frei ha propuesto 6 mil carabineros más pero ha dicho que este es un problema del Poder Judicial. Jorge Arrate es quien ha mantenido una posición más distante en materia policial pero tampoco se le han escuchado planteamientos novedosos.

Es evidente que el problema trasciende lo puramente policial o jurisdiccional. Este tiene un cariz más sistémico, que involucra la responsabilidad de todos los poderes del Estado, y la manera sincronizada o convergente en que debieran mirar el problema. Desde el Parlamento encargado de hacer leyes de calidad, hasta el Jurisdiccional encargado de aplicarlas, pasando por las políticas públicas gubernamentales de prevención, control y represión de los delitos. Todo ello sin perjuicio de las prerrogativas y responsabilidades individuales que corresponden a cada uno de ellos.

Por ello no parece conveniente el camino de la simplificación y la agitación política y mediática a través del uso de slogans como la puerta giratoria. Y tampoco parece adecuada la defensa agresiva de los fueros corporativos que corresponden al Poder Jurisdiccional, a través de vocerías que lo alejan del proverbial equilibrio de la magistratura.

En especial porque la acción de los tribunales es esencial en la generación de certidumbre jurídica en la sociedad, lo que a su vez es vital para la vigencia plena de las libertades públicas. Y porque la regla de la transparencia alcanza no solo las decisiones de sus tribunales, las que deben fundarse en sólidos argumentos jurídicos, sino también a su forma de relacionarse con el resto de los poderes, las que deben ser ponderadas y estar lejos de toda inclinación arbitraria que pudiera poner dudas al trato igual frente a la ley.
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