La profunda desigualdad. Andrés Sanfuentes

Los gobiernos de la Concertación han tenido éxito en reducir la pobreza, hasta el extremo que los llamados indigentes prácticamente han desaparecido y se discute la conveniencia de crear nuevas categorías para calificar a los “pobres”, con el fin de poder focalizar adecuadamente las políticas públicas.
No ha ocurrido lo mismo con la desigualdad, terreno en el cual los resultados son magros. Hoy, Chile es un país profundamente desigual según todos los indicadores estadísticos, lo que también se expresa en las vivencias al interior de la sociedad: se “siente” en las más variadas manifestaciones de la existencia. No cabe
duda que es la principal deuda social de los cuatro gobiernos.
Las expresiones de la desigualdad en la sociedad chilena son diversas:
a) La distribución del ingreso se ha mantenido sin grandes variaciones desde 1990, a pesar de leves avances en los últimos años, según las cifras de la CASEN. Sin embargo, ya era mala a fines del régimen militar y, a grandes líneas, los progresos no son evidentes.
b) La desigualdad de oportunidades es ostensible, pese a los esfuerzos realizados. Un niño nacido en un hogar pobre no tendrá las mismas oportunidades que otro que crecerá en una familia rica. Las posibilidades de nutrición, jardín infantil, educación preuniversitaria, salud, vivienda y acceso al trabajo son muy
diferentes. La pertenencia a redes familiares y sociales es muy distinta a partir del lugar de nacimiento.
c) La escasa movilidad social existente también atenta contra una mayor igualdad.
d) La integración territorial es muy limitada, tanto al interior de las ciudades como en el país. El caso más extremo es la ciudad de Santiago, que se ha ido transformando en un lugar donde las clases sociales se correlacionan estrechamente con los domicilios de sus habitantes. El "ghetto" es una señal nítida de la convivencia urbana. Hay lugares en la metrópoli donde un "ABC1" no debería
vivir, "no es bien visto".
e) La falta de integración entre las regiones es ostensible.
Santiago concentra el poder político, social, económico, científico y cultural. En el resto del territorio "no pasa nada". Los esfuerzos de regionalización se han limitado a medidas de tipo administrativo sin mayor trascendencia efectiva, aunque la estrategia de desarrollo orientada a las exportaciones ha permitido el surgimiento de polos productivos en diferentes lugares, con el consiguiente progreso
de algunas ciudades y su contorno, como Puerto Montt, Antofagasta, Los Ángeles, Rancagua, Temuco y otras.
f) Las diferencias culturales en la sociedad chilena son notorias, a pesar de la masividad que está teniendo la educación media y la universitaria, la ventaja que presenta la unidad de lenguaje de los habitantes y la incorporación mayoritaria de los segmentos de origen indígena a la vida urbana y a la modernidad.
g) La sociedad chilena sigue siendo profundamente discriminatoria y xenófoba, y el progreso de los últimos dos decenios la ha atenuado escasamente.
h) Como consecuencia de los factores anteriores, se observa una pérdida de la identidad nacional, tal como ha sido descrita por varios autores.
Una economía de mercado, como la que hay en Chile, no corrige automáticamente la falta de equidad.
Es necesaria la existencia de políticas públicas, mediante las cuales el Estado debe efectuar las correcciones que muevan a la sociedad en la dirección de un mayor bienestar social.
Los objetivos
La descripción anterior lleva a plantear como objetivo central hacia el futuro, no solo el crecimiento económico, sino también dar un paso significativo en el logro de una mayor igualdad entre los habitantes.
Aún más, en la meta de obtener el desarrollo económico sostenido y sustentable empieza a pesar la traba que representan los serios indicadores de falta de justicia social. Sin ella es muy difícil obtener progresos en el campo económico, pues introduce un elemento de incertidumbre e inseguridad que pasa a constituir un peso creciente en los afanes de mejorar el bienestar de la sociedad.
Por lo tanto, hay tres aspectos que deben estar presentes en cualquier programa de avances en el futuro:
- Una mayor equidad social.
- La inclusión de todos los segmentos de la población en la tarea futura.
- Reducir la vulnerabilidad en que viven extensos sectores de la comunidad nacional.
Los campos de acción que se abren son numerosos. En lo que sigue se pondrá énfasis en algunos aspectos.
La Educación como origen de desigualdad Durante los últimos meses el tema ha estado presente en forma permanente en la opinión pública, pero aún es difícil llegar a consenso sobre las razones que explican el juicio unánime acerca de la mala calidad
de la educación chilena, en todos sus niveles. Por lo tanto, las soluciones también serían múltiples y pareciera que cada chileno tiene una opinión propia para resolver este déficit. En todo caso, lo que resulta evidente es que el problema es complejo, en sus diversos componentes y es relativamente integral.
Además, para hacer más difíciles los eventuales avances, los resultados favorables serán a largo plazo, especialmente para que aquellos que logren una educación de mayor calidad disfruten de una mejoría en el mundo laboral.
En los diferentes niveles de la educación preuniversitaria los múltiples problemas de falta de equidad parten de una evidencia: la gran diferencia de recursos que reciben los escolares de la educación particular
pagada en relación a los que acuden a escuelas subvencionadas, sean públicas o privadas. Acortar significativamente esta diferencia es una tarea mayor, pues implica traspasar enormes recursos fiscales hacia ese objetivo, lo cual requiere una suerte de pacto social por la magnitud del esfuerzo a realizar y porque con la actual estructura del financiamiento público demoraría varios decenios obtener un acercamiento satisfactorio. Solamente continuar con el gran avance logrado en los últimos años en el nivel preescolar, implica un requerimiento que hasta ahora ha sido posible gracias a la satisfactoria situación de las finanzas públicas.
Pero, mejorar la calidad de la educación no se reduce a un problema de carencia de recursos financieros. En la raíz de la situación actual está la insuficiencia de los recursos humanos con que cuentan los planteles gratuitos en relación a los pagados y los graves problemas de gestión que se arrastran en el tiempo.
El sistema educacional enfrenta un problema básico, que hasta ahora no se ha abordado con la determinación que requiere; el manejo de los recursos humanos. No es posible avanzar con el lastre que arrastra, consistente en la falta de un sistema de premios y castigos que actúe como el estímulo que facilite el progreso de la oferta educacional. El Estatuto Docente; la débil implementación de la evaluación de los
profesores, la ausencia de concursos periódicos en la designación de los directores y jefes de la docencia; la antigüedad y no el mérito como antecedente para las remuneraciones; los débiles incentivos a la capacitación; la ausencia de canales que faciliten aún más la salida de los docentes de baja calidad u obsoletos en sus conocimientos; deben ser modificados en pro de un nuevo estatuto que establezca
estímulos enteramente diferentes a los actuales.
Los bajos puntajes de ingreso para estudiar pedagogías, obedecen al escaso atractivo que muestra la carrera docente entre los egresados de la educación media y señalan una preocupación adicional hacia el futuro.
Una pobre institucionalidad
Desde el punto de vista institucional, en el actual bienio se han hecho algunos esfuerzos en varios frentes legislativos, aunque con serias dificultades para llegar a acuerdos, tal como ha ocurrido con el proyecto de ley general de educación, la reciente iniciativa que modifica la educación municipalizada, la creación de una superintendencia del ramo, y de una entidad encargada de las políticas generales del sector. Aparte de este marco general, el Ministerio de Educación requiere de una modernización integral, que permita una reforma de fondo en objetivos, procedimientos, mecanismos de control y personal.
La Educación Superior continúa en su proceso de avance hacia la mediocridad. Funciona sobre la base de una legislación dictada hace 28 años, período en el cual han ocurrido cambios trascendentales no incorporados a una normativa antigua, que solamente tuvo en vista los aspectos de docencia del sistema universitario, sin examinar la tarea de investigación y desarrollo, tan importante en el proceso de crecimiento económico.
Chile cuenta así con un sistema universitario obsoleto en su normativa, con profundas inequidades en los derechos y obligaciones de los diferentes planteles y su alumnado. Sin embargo, la ineficiencia con que opera no está entre las preocupaciones centrales del país y, a pesar de los diagnósticos efectuados,
no es prioritario. La mejor demostración es el desinterés con que fue recibido el informe preparado por la comisión presidencial convocada para el efecto (de ella, como de Fernández ¡nunca más se supo!).
La salud enferma
No es un misterio para nadie que el sistema público de salud está sufriendo problemas crecientes de gestión, entre los cuales el más preocupante es la mala atención en los establecimientos estatales, a pesar que hay una significativa dispersión entre ellos. Este aspecto afecta profundamente a la equidad entre los chilenos, pues hiere uno de los sentimientos básicos de las personas: su dignidad. Definitivamente, el problema central de la salud pública no es la píldora del día después, sino las listas de espera en los centros estatales y la demora en los tratamientos, especialmente aquellos urgentes.
Nuevamente, en este sector el asunto básico no es de recursos financieros sino de gestión, sin perjuicio que en el futuro será necesario efectuar aportes crecientes a la actividad, a causa de las mayores aspiraciones de la población, los avances de la medicina y los crecientes costos de la salud.
Los problemas de gestión se reflejan en indicios como las denuncias de escándalos hospitalarios, las demandas de atención insatisfechas, el fracaso del sistema de hospitales autogestionados (principalmente por desinterés de las propias autoridades), los incumplimientos del AUGE, las dificultades para llenar los
cargos de dirección de los Servicios Provinciales y otras autoridades, así como las crecientes deudas hospitalarias. Todo ello refleja carencias graves, a pesar del fuerte incremento del gasto fiscal de los últimos lustros. Nuevamente, surge que el motivo es la pobre gestión de los recursos y la persistencia de pautas anticuadas de administración, que intentan sobrevivir gracias a las glorias de un pasado ya lejano.
La previsión social
No cabe duda que la gran reforma realizada por el gobierno de Bachelet ocurrió en el sistema previsional.
Se efectuó una completa revisión del funcionamiento del sector, tanto de la esfera pública como de la privada y se logró un acuerdo nacional. Ahora estamos en la etapa de aplicación de las políticas consensuadas. La reforma implica un gran avance hacia la equidad, en el sentido que garantiza a los pensionados actuales y a quienes pasen en el futuro a esa condición un ingreso mínimo satisfactorio; este aspecto, que se irá consiguiendo en etapas, mejorará las condiciones de incertidumbre en la vejez que
sufren amplios sectores de la población.
El otro factor en que se debe avanzar es establecer condiciones más competitivas entre las entidades privadas que manejan los fondos de pensiones, tarea en que solamente se están dando los primeros pasos y que requerirá de una iniciativa gubernamental potente si se desea realizar cambios de consideración.
Por ejemplo, está en discusión la creación de una AFP estatal, con el objeto de introducir mayor competencia y confianza entre los asegurados; sin embargo, en vez de proponer esta entidad como una filial del BancoEstado, que presenta las mayores ventajas para una iniciativa exitosa, se está privilegiado crear una nueva institución a partir de cero, lo cual implica un largo proceso para obtener eficiencia, en una industria que requiere de empresas de un gran tamaño para aprovechar las economías de escala.
La vivienda y el urbanismo
El gobierno de Bachelet ha dado un importante impulso a la vivienda social. Las acciones se han centrado no solamente en el financiamiento de más unidades habitacionales, sino que además se está haciendo un esfuerzo por insertarlas en barrios de mayor calidad y con servicios complementarios. La mejoría en
el contorno habitacional de los habitantes de menores ingresos tiene obvios efectos secundarios, ya que les permite un avance en su calidad de vida, su seguridad personal y en su dignidad familiar. Esta es una contribución decisiva a la mayor equidad y en el futuro deben robustecerse los esfuerzos.
Hacia delante queda una inmensa tarea pendiente, particularmente formular una estrategia de creación de gobiernos metropolitanos; las grandes ciudades chilenas no están preparadas en su institucionalidad ni su normativa para solucionar los asuntos de las metrópolis modernas, con su alto nivel de complejidad, ya que operan con una realidad de varios decenios atrás. Los municipios funcionan sin la coordinación necesaria en difíciles materias de transporte, educación, salud, edificación y vida empresarial. La organización del Estado moderno requiere la existencia de entes
intermedios entre los municipios, con sus visiones locales, y los ministerios centrales, que sean apropiados para la organización territorial. Los ejemplos actuales son numerosos, tales como el Transantiago, la educación municipalizada, las normas de edificación en altura, las patentes comerciales, son algunos de ellos.
El trabajo y la capacitación
Durante los gobiernos de la Concertación la política laboral ha estado sistemáticamente orientada a robustecer a los sindicatos existentes y losderechos de los trabajadores, aspectos en los cuales se han registrado significativos avances. Sin embargo, no se ha dado la debida importancia a la situación de las pequeñas empresas y sus trabajadores, que presentan una realidad diferente.
Una de las causas más nítidas de las desigualdades existentes en Chile está en la dispersión de las remuneraciones que se observan entre los asalariados de las grandes empresas en relación a las pequeñas; ello obedece no solamente a las apreciables diferencias en la productividad de unas y otras, sino también a que las políticas de fomento y la política laboral no han tenido la fuerza necesaria para atenuar este fenómeno.
De lo anterior se deduce que para reducir la desigualdad existente en Chile se requiere dar un giro radical a las políticas laborales, lo cual implica un enfoque diferente al actual, muy centrado en la realidad de las grandes empresas que enfrentan una realidad sindical muy distinta.
Pobreza y distribución
Hasta ahora, las políticas sociales de los Gobiernos de la Concertación han estado centradas en reducir la pobreza, y en esta meta han tenido éxito. Sin embargo, esos avances no necesariamente logran disminuir las brechas existentes en materia de equidad, ya que son diferentes los objetivos e instrumentos para lograr progresos en este aspecto.
Avanzar en la reducción de la pobreza no es fácil, pues implica detectar a quienes cumplen esta condición e implementar políticas eficaces para que salgan de sus carencias. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, un rápido crecimiento económico puede entregar los recursos para lograr éxito. Sin embargo, en el caso de las políticas redistributivas la situación es diferente cuando el reparto del ingreso y de las oportunidades es tan desigual, como ocurre en Chile; no basta con los recursos financieros, porque si se quiere tener efectos realmente significativos, será necesario afectar la distribución del ingreso -no es suficiente un mero "chorreo"- y en ese caso se entra en conflictos, que serán mayores dependiendo de la cuantía y la velocidad con que se desee implementar el objetivo; por ejemplo, hacer una profunda reforma tributaria que naturalmente incidiría en el impuesto a la renta.
Si se desea efectuar un cambio social que sea efectivo, es necesario disponer de la fuerza política, la mayoría ciudadana y parlamentaria para llevarlo a cabo y ahí comienzan los problemas.
Partamos por el cuasi empate político que existe actualmente entre la Concertación y la Alianza y que probablemente se mantendrá en el mediano plazo. Sin embargo, la dificultad más importante surge de la propia coalición gobernante, en que difícilmente habría un apoyo para la magnitud del cambio que se requiere.
Tal como lo señala Antonio Cortés Terzi, "en la elección presidencial que se avecina no estará en juego ningún tipo de cambio social. La derecha no tiene conflictos estructurales con el estatus. Tampoco los tiene, explícita y uniformemente, la Concertación como conjunto. Y los sectores de la izquierda y de la centroizquierda
que dicen tenerlos no han trabajado para desarrollar las condiciones que inexorablemente preceden la posibilidad de cambio social legítimo y democrático"
[1] . El autor concluye que "la opción de cambio sustentable por la Concertación no podría ir más lejos que el compromiso de radicalización del continuismo,
entendiendo por tal la aceleración, profundización complementación de las matrices de progreso y justiciasocial que han instalado y construido los gobiernos concertacionistas"(Asuntos Publicos). [+/-] Seguir Leyendo...