Mirando debajo del agua. Jorge Navarrete P.

El día miércoles recién pasado, la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto de ley que perfecciona las actuales normas sobre control del gasto e intervención electoral. Se trata de una buena noticia, por cuanto viene a subsanar un conjunto de deficiencias y vacíos normativos, de cara al ideal de promover una mayor competencia y transparencia en nuestras elecciones.
Del mismo modo, es importante reconocer la voluntad política del gobierno para avanzar en esta materia, el que a través del proyecto de ley, y sus sucesivas indicaciones, incorporó un catálogo de restricciones al comportamiento del Estado y sus funcionarios. Entre las más importantes, destaca la obligación de las instituciones públicas de informar al Servicio Electoral (y publicar en sus respectivas páginas web) todas las inauguraciones o entrega de beneficios financiados con recursos públicos; la prohibición de instalar publicidad o hacer propaganda al interior de las agencias estatales; la imposibilidad de los funcionarios públicos de participar en actividades políticas en horarios de trabajo, lo que incluye la prohibición de colectas internas para recaudar fondos con fines electorales.
A su turno, las agencias estatales deberán también informar al Servicio Electoral de todas las contrataciones directas realizadas 90 días antes de la elección, período en el cual tampoco podrán incurrir en gastos de publicidad y difusión de sus actividades. A lo anterior se suma la ya aprobada iniciativa que impide la presentación de cualquier proyecto de reforma constitucional durante los 30 días previos a una elección, limitación que se hace extensiva a la posibilidad introducir la suma urgencia o la discusión inmediata para cualquier proyecto de ley.
Más allá de felicitarse por este logro, al mirar con más cuidado la tramitación de este proyecto, se observan señales preocupantes. En efecto, en la discusión previa de comisiones, los parlamentarios de oposición objetaron un conjunto de iniciativas que hacen más severo el control del gasto electoral. Así por ejemplo, no cayó bien en la derecha el que se pretendiera elevar las penas para aquellos administradores de campaña que incumplen las disposiciones sobre financiamiento; y menos todavía que éstas se hicieran extensivas a los candidatos.
En efecto, cuando se rinden facturas falsas que importan menoscabo al patrimonio público, o cuando se ocultan fondos para el financiamiento de las campañas, el proyecto consagra una posible pena aflictiva para el infractor, lo que en los hechos podría significar la pérdida del cargo para cualquier parlamentario electo que haya incurrido o conocido tales prácticas. Se trata de una norma fundamental, pues sólo en la medida que exista una sanción semejante, los candidatos estarán especialmente preocupados y vigilantes de que se cumpla la ley.
Tampoco gustó en la oposición el que se excluya a las empresas del financiamiento a las campañas políticas. Aunque se trata de un tema más complejo, creo que es importante volver a reflexionar en torno a cómo hacer más transparentes dichos aportes, especialmente de cara a no vulnerar los derechos de los pequeños accionistas.
El proyecto ha vuelto a la discusión de comisiones. Será una instancia donde se reeditarán estos y otros debates. Por tanto, es importante volver a discutir en serio sobre la intervención electoral, la que no sólo tiene su origen en el comportamiento abusivo de algunas instituciones públicas, sino también en la indiscriminada influencia que todavía tiene el dinero en la decisión de los electores.